María Martín González, presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad, señala que es común que las denunciantes abandonen antes de que el caso llegue a juicio
Finalmente, la actriz Elisa Mouilaá ha decidido continuar como acusación particular en el proceso por abuso sexual contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, después de haber anunciado la semana pasada su deseo de retirar la denuncia. “Ahora sí voy a llegar hasta el final”, declaró este martes la intérprete a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla, al tiempo que mostró un fuerte rechazo hacia la Fiscalía, que en su último escrito solicitó la absolución de Errejón al considerar que no existen indicios de delito en los hechos denunciados. Más allá de las implicaciones políticas de la denuncia de Mouilaá o la de acoso presentada por una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, estos casos evidencian las dificultades que afrontan las mujeres al denunciar violencia sexual.
La publicidad pública de estas situaciones suele ir acompañada de cuestionamientos hacia las víctimas, procesos judiciales prolongados y una presión mediática que puede desalentar a otras mujeres a presentar denuncias similares, explica a Infobae la abogada María Martín González, presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad. “Se sabe que muchas mujeres abandonan el proceso por agotamiento emocional, presión social, revictimización, miedo, exposición mediática o falta de confianza en el sistema”, subraya la letrada, quien sostiene que el sistema judicial no solo “continúa siendo duro para las víctimas, sino en ocasiones hostil”, y esto también debe ser considerado en el análisis del caso.
La resolución adoptada por Mouilaá la semana pasada, al decidir apartarse del caso contra Errejón, podría interpretarse como una “mala señal” para otras posibles víctimas, dado que “refuerza el temor a denunciar, no por cuestionar la veracidad, sino por el alto costo emocional, mediático y judicial que el sistema sigue imponiendo a las víctimas de violencia sexual”, afirma Martín González. Según detalla, el mensaje que se transmite es que incluso contando con apoyo público y notoriedad, el proceso judicial puede resultar insostenible, lo que plantea dudas sobre las verdaderas posibilidades de una mujer anónima, sin visibilidad mediática.
El respeto hacia el relato de la víctima
Sin embargo, la abogada advierte que la percepción social sobre el desistimiento o la continuidad de una denuncia nunca debe utilizarse para desacreditar a la denunciante ni su testimonio. “Retirarse no deslegitima el relato ni transforma la denuncia en un error. El feminismo también implica reconocer el derecho de una mujer a protegerse cuando el proceso la revictimiza”. En todo caso, insiste, lo preocupante es que “el sistema continúa sin tener la capacidad de acompañar a las víctimas sin quebrantarlas”.
La presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad también recuerda que en los procedimientos por violencia sexual es habitual que algunas denuncias se retiren antes de alcanzar la fase de juicio. “En la práctica judicial, esto ocurre con mayor frecuencia de la que se admite públicamente”, comenta.
Entre las causas que conducen a muchas mujeres a abandonar el proceso judicial, destaca la duración prolongada e incierta del procedimiento penal, la exigencia de pruebas rigurosas, la exposición constante a evaluaciones sobre su vida privada y el temor a que el caso las marque permanentemente. “La mujer sabe que su vida quedará en pausa durante años, que deberá declarar repetidamente y revivir los hechos una y otra vez, bajo un nivel de exigencia probatoria alto”.
Martín González también señala otros factores que aumentan el desgaste, como la soledad, el agotamiento, la presión social o el miedo a represalias. “Muchas sienten que son ellas las que están siendo juzgadas. El temor a no ser creídas, a ser señaladas, a convertirse en ‘el caso de…’, a que su nombre quede vinculado eternamente a la agresión, son circunstancias determinantes y no todas están dispuestas —ni obligadas— a asumir ese costo». Además, destaca que el apoyo inicial suele disminuir conforme avanza el proceso, mientras que el desgaste emocional, económico y psicológico persiste.
Precisamente estas son las razones, añade, por las que denunciar la violencia sexual resulta tan complicado: “no por falta de verdad, sino porque el sistema continúa demandando una fortaleza excepcional para mantener la acusación abierta”, y mientras denunciar signifique exponerse, justificarse y resistir durante años, habrá mujeres que legítimamente no puedan o no deseen hacerlo.
¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? Desde la prevención y protección a víctimas hasta el abordaje de la masculinidad.
Cambios imprescindibles en el sistema
Acerca de las modificaciones necesarias en el sistema judicial, Martín González reclama una formación obligatoria y evaluable para todos los operadores jurídicos en violencia sexual y trauma. Considera crucial que la aplicación adecuada de las normas para valorar la prueba y controlar los interrogatorios no dependa de la sensibilidad personal del juez o fiscal. “La falta de formación provoca resoluciones y prácticas que generan revictimización y, en consecuencia, desincentivan la continuidad del proceso”, agrega.
La abogada también aboga por un cambio estructural en la cultura judicial, pues, subraya, el sistema debe dejar de situar a la víctima como el centro del juicio y asumir que los delitos sexuales “presentan dificultades probatorias particulares”. “Mientras el proceso sea vivido como un examen constante de la conducta y resistencia de la mujer, el desistimiento resultará una consecuencia previsible y no una excepción. La tutela judicial efectiva exige un enfoque que proteja a la víctima sin disminuir las garantías del acusado”, concluye.