Los reproches mutuos entre el Ministerio de Félix Bolaños y la entidad presidida por Isabel Perelló se intensifican debido a las nuevas plazas judiciales.
Las relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encabezado por Isabel Perelló, y el Ministerio de Justicia dirigido por Félix Bolaños distan mucho de ser óptimas. En los ámbitos judiciales es bien sabido que la sintonía entre Perelló y Bolaños es limitada.
Este desacuerdo tiene sus raíces en el pasado. La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ no fue la aspirante preferida por Bolaños para asumir el cargo y, por ende, no resulta una figura cómoda ni afín para el Gobierno. Entre otros motivos, porque siempre que puede, Perelló defiende públicamente a quienes conforman el tercer poder del Estado y denuncia interferencias del Ejecutivo hacia los jueces de España.
Desde la perspectiva gubernamental, consideran que la presidenta se alinea con el sector conservador del CGPJ —responsable de su nombramiento— y le recriminan que frecuentemente abandone su rol institucional para actuar como «oposición» frente al Ejecutivo.
En medio de esta complicada relación, los últimos días han marcado un punto crítico tras que el ministro Bolaños calificara de «discurso político» la intervención de Perelló durante la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona; un acto presidido por el Rey Felipe VI.
En el Ministerio hubo gran descontento debido a que la presidenta del Poder Judicial expresara ante el Jefe del Estado su preocupación sobre la forma en que se implementarán las 500 plazas judiciales anunciadas por Justicia. Bolaños criticó públicamente que una medida de tal envergadura «no mereciera» para Perelló «ningún comentario positivo». El malestar hacia la magistrada fue notable, tanto por el contenido de su discurso —que representaba una enmienda total a las políticas de Justicia— como por haberlo expresado en presencia del Rey.
El conflicto gira en torno a la cobertura de medio millar de plazas judiciales
Durante su discurso en la entrega de despachos, Isabel Perelló aludió a la escasez de jueces en España, la cual «genera un esfuerzo y carga de trabajo excesiva para los jueces en activo, además de retrasos y demoras en la respuesta judicial que a menudo resultan insufribles para profesionales del derecho y ciudadanos». Indicó que, actualmente, hay «260 plazas judiciales más que jueces» y subrayó que si se crean nuevas plazas sin aumentar la plantilla judicial, «las vacantes seguirán creciendo y las demoras se agrandarán».
La presidenta del Supremo exigió además en Barcelona «una planificación realista, mayor inversión, presupuestos adecuados y cooperación institucional», en un claro reproche a los planes del Ministerio de Bolaños.
En esencia, Perelló transmitió las preocupaciones surgidas dentro de la carrera judicial tras el anuncio gubernamental de un récord histórico en la creación de plazas judiciales en España.
Bolaños acusa a Perelló de hacer política; el CGPJ la respalda
Fuentes del Consejo consultadas por EL MUNDO sostienen que la presidenta actuó «en el marco de sus competencias». Añaden que no existen 500 nuevos jueces para cubrir las plazas anunciadas. «Es necesario ser realistas y responsables», comentan. Desde el Ministerio de Justicia consideran inapropiado que el CGPJ haya reclamado esas plazas y que, cuando el Gobierno está dispuesto a crearlas, sea objeto de críticas.
Desde que se anunció este aumento de plazas judiciales, la tensión entre el Ministerio y el CGPJ ha ido en ascenso. Esta fricción se evidenció, por ejemplo, en la Comisión Mixta del 27 de enero, donde la tensión se palpó entre los vocales presentes y el equipo ministerial de Bolaños en relación con este tema. Tras dicha reunión, el Ministerio de Justicia remitió un oficio al secretario general del CGPJ —documento firmado por la directora general para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia— solicitando conocer «la estimación del número de plazas que prevén convocar para el acceso a la carrera judicial por esta vía, dado que es urgente cubrir las 500 nuevas plazas que se crearán».
El oficio continuaba: «Como señalamos durante la reunión de la comisión mixta, basándonos en el número de plazas convocadas en años anteriores, consideramos que el déficit de plazas del cuarto turno a convocar por el CGPJ es de 781, mientras que su estimación es de 230 plazas de déficit. En cualquier caso, dicha convocatoria, que es competencia exclusiva del CGPJ, puede acordarse de inmediato». Fuentes del órgano de gobierno de los jueces califican este escrito como muestra de la «deslealtad» con la que el Ministerio maneja sus reformas sin informar ni consultar previamente al Consejo.
Además, desde la institución encabezada por Isabel Perelló avanzan que responderán al oficio «con datos» para demostrar que el cálculo del Ministerio, de 781 jueces en el cuarto turno, es erróneo. La posición del CGPJ es que para asignar esas plazas en el cuarto turno, previamente deben haberse convocado plazas en el turno libre, tal como establece la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.