Lluis Serra, rector de la ULPGC, ha explicado que el procedimiento siguió los cauces habituales y que la propuesta fue presentada ante el claustro sin que se registraran objeciones formales
La decisión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) de otorgar el título de doctora honoris causa a la reina Sofía ha generado un intenso debate dentro de la institución académica. Bajo el título “¿Qué significa honrar a alguien en nombre de la universidad?”, un conjunto de profesores ha difundido un manifiesto en el que cuestionan de manera abierta dicho reconocimiento.
Firmado por una quincena de docentes, el documento invita a una profunda reflexión sobre el significado de los reconocimientos académicos. Según su perspectiva, estas distinciones no deberían tener como fin gestos protocolarios ni institucionales, sino que deben estar vinculadas directamente a la promoción del conocimiento. “El honoris causa no debe emplearse como una cortesía institucional, sino como un reconocimiento al mérito intelectual”, afirman.
Quienes se muestran más críticos sostienen que premiar a una figura “cuyo valor simbólico se basa en el linaje y no en el saber” puede diluir el verdadero sentido de la excelencia universitaria. Consideran que la universidad pública tiene la responsabilidad de reconocer a quienes han contribuido al progreso científico, a la producción cultural o a la transformación social desde un enfoque crítico. Por ello, recalcan que su postura “no es una oposición hacia nadie, sino un apoyo a la universidad y a su razón de ser”.
La polémica pronto trascendió los límites de la universidad. Algunos de los firmantes, como el profesor Germán Santana, doctor en Geografía e Historia, manifestaron en público que la trayectoria institucional de la reina emérita está vinculada al contexto que ha rodeado a la monarquía durante los últimos años.
En declaraciones a la prensa local, señaló que la figura de doña Sofía no es ejemplar “por su asociación a la corrupción, pese a no haber participado directamente”, además de cuestionar sus posturas ideológicas en diversos temas. Desde su perspectiva, la universidad, tras conocerse la concesión, se ha convertido en “el motivo de burla de las universidades públicas del país”.
El descontento se materializó con la convocatoria de una concentración frente al rectorado, prevista para el 15 de enero bajo la consigna ‘No en mi nombre’. La protesta estaba programada para coincidir con la ceremonia de investidura en el paraninfo universitario. Sin embargo, fue suspendida tras la comunicación de Casa Real sobre la cancelación de los eventos en la isla debido al “empeoramiento de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia”. La agenda de la reina Sofía incluía también la recepción del Premio Gorila 2024, otorgado por la Fundación Loro Parque por su compromiso con la conservación de la biodiversidad.
El rector se pronuncia
El equipo rectoral ha tratado de disminuir la tensión. Lluis Serra, rector de la ULPGC, declaró que el proceso siguió las vías habituales y que la propuesta fue sometida al claustro sin que en ese momento se registraran objeciones formales. “Es complicado que un candidato alcance unanimidad, pero como integrantes de la comunidad universitaria estamos sujetos a la democracia: hubo oportunidad para expresarse ante el claustro y no surgió ningún comentario”, comentó en declaraciones a Vanity Fair. Subrayó que “la gran mayoría de la Universidad, incluso la generación más joven, acoge con aceptación esta candidatura”.
El rector defendió que el galardón responde al compromiso social demostrado por la reina Sofía durante décadas, especialmente en áreas como la solidaridad, la justicia social, el desarrollo sostenible, la cultura, la ciencia y la educación. Resaltó que el honoris causa también reconoce trayectorias que han generado impacto social, más allá de la producción académica estricta.
No es la primera vez que doña Sofía recibe un doctorado honorífico, y en ocasiones anteriores su papel se limitó a asistir al acto sin ofrecer discurso. En este caso, su visita a Las Palmas iba a tener un carácter institucional. De hecho, la postergación de la ceremonia —que, según Casa Real, podría celebrarse el 20 de febrero— ha pospuesto igualmente cualquier manifestación.