Sumar ha presentado la propuesta de una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años, aunque el PSOE ha bloqueado esta iniciativa.
El Ministerio de Derechos Sociales esperaba que la medida fuera aprobada este martes en el Consejo de Ministros, sin embargo, la ejecución ha sido detenida por el sector socialista dentro del Gobierno.
Esta ayuda pretende alcanzAr al 100% de las familias con hijos menores de 18 años y eliminar la pobreza infantil severa antes de 2030.
No es la primera ocasión en la que una ayuda social universal genera controversia sin concretarse, como sucedió con el cheque bebé y el bono social térmico.
Sumar ha retomado la propuesta de la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años, siendo esta una de sus prioridades desde hace tiempo. Sin embargo, el PSOE ha bloqueado la iniciativa, dejando su implementación en el aire una vez más.
El Ministerio de Derechos Sociales, gestionado por Sumar, daba por segura la aprobación y se esperaba que la medida se aprobara este mismo martes en el Consejo de Ministros.
No obstante, la fracción socialista del Ejecutivo ha paralizado la puesta en marcha de esta prestación, que actualmente no tiene fecha definida para su aplicación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el responsable de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, declaró que confía en que esta medida «vea la luz cuanto antes».
El propósito de esta prestación universal por crianza es cubrir al 100% de las familias con hijos menores de 18 años a su cargo y poner fin a la pobreza infantil más severa antes de 2030.
Según Bustinduy, «su efecto será notable y beneficioso para la democracia española» porque facilitará el progreso hacia la «erradicación de la pobreza».
Sumar ya ejerció presión para que el Gobierno adoptara esta medida universal y sin requisitos de renta. Se trata de una asignación de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, equivalentes a aproximadamente 2.400 euros anuales por descendiente.
Ayudas sociales universales
No es la primera vez que el Gobierno anuncia este tipo de ayudas y que estas no se materializan oficialmente.
Un caso destacado fue el cheque bebé de 2.500 euros implementado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2010.
Esta ayuda otorgaba este importe por cada nacimiento o adopción, sin considerar los ingresos familiares. Izquierda Unida criticó la medida calificándola de «oportunista» y señalando que no consideraba las diferencias de renta entre familias.
También surgieron polémicas recientes en torno al bono social térmico para familias numerosas. Esta ayuda anual de casi 200 euros se dirige a quienes previamente solicitaron el bono social eléctrico, un descuento del 65% en la factura de la luz.
La controversia explotó en Madrid cuando se conoció que cargos del PP y la líder de Más Madrid, Mónica García, recibían el bono. García pidió disculpas, atribuyó la situación a un «error» y anunció que devolvería el dinero, aunque mantuvo la crítica principal: las ayudas sociales no deben llegar a quienes no las requieren.
En ese momento, PSOE, Podemos y Más Madrid coincidieron en exigir criterios económicos para la asignación. El Gobierno central asumió el compromiso de reformar el bono térmico para incluir límites de renta y evitar su carácter universal de facto.
La ayuda no fue eliminada y continúa vigente, aunque la reforma se ha demorado, permitiendo que en 2023 y 2024 familias numerosas con ingresos elevados sigan accediendo al beneficio.