Finalmente, la compañía ha corregido su postura y sancionará a los empleados
Una visita común a una tienda de teléfonos móviles se volvió viral debido a una combinación desafortunada: un cliente inocente y un vendedor muy persuasivo. La protagonista de esta historia es Elisabeth Lange, una mujer suiza de 92 años que esta semana acudió a una tienda de smartphones en Berna con la intención de solucionar un problema técnico con su teléfono. Sin embargo, terminó saliendo con cinco contratos, cuatro teléfonos inteligentes y cinco altavoces firmados a su nombre.
El coste mensual de los contratos superaba los 200 euros durante dos años, por lo que la familia de Elisabeth intentó cancelar los acuerdos. No obstante, la compañía se mantuvo inflexible, exigiendo una penalización de 4.575 euros para finalizar los contratos.
La situación no es un caso aislado. Otro cliente, de 83 años y con demencia, vivió una experiencia similar en esta misma tienda. Los vendedores también le hicieron firmar cinco contratos y entregarle cinco teléfonos. Oliver Sidler, mediador del Órgano suizo de conciliación en telecomunicaciones, resumió la situación en el medio francés Ouest France, que fue el primero en difundir la noticia: “Se puede afirmar que fueron engañados”. Sidler destacó que, finalmente, la presión pública y mediática logró que la empresa corrigiera su actuación y sancionara a los empleados implicados en el caso de Elisabeth.
Según Sara Stalder, de la agencia suiza de protección al consumidor, la raíz del problema radica en el modelo de remuneración de quienes venden estos servicios. “Esto quiere decir que, además del salario base, reciben una comisión por cada producto vendido. Esto genera una fuerte tentación para los vendedores de maximizar las ventas”.
La lucha contra las estafas telefónicas
Casos como el de Elisabeth son poco frecuentes, dado que la mayoría de las estafas telefónicas no ocurren en tiendas físicas, sino que se desarrollan en el entorno digital. En España, el Gobierno ha prohibido las llamadas comerciales desde teléfonos móviles y ha ordenado bloquear los SMS y llamadas procedentes del extranjero que aparenten usar numeración española. Esta medida busca proteger con mayor eficacia a los usuarios frente a fraudes financieros y comerciales, además de fortalecer la confianza en la red telefónica.
La normativa restringe el uso de teléfonos móviles para comunicaciones comerciales por parte de empresas. Desde la entrada en vigor de la ley, las entidades que quieran contactar telefónicamente a posibles clientes deberán hacerlo exclusivamente a través de números geográficos, vinculados a provincias, o números gratuitos con prefijos 800 o 900.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisa la aplicación de estas nuevas normas. Cualquier llamada comercial que no se origine desde un número autorizado será bloqueada automáticamente, según la directiva regulatoria.
El aumento de las estafas telefónicas ha sido significativo en los últimos años. El Ministerio para la Transformación Digital ha señalado que los intentos de fraude mediante llamadas y SMS han crecido un 500% en la última década, ocasionando pérdidas económicas importantes tanto para usuarios particulares como para empresas del sector.