La investigación, llevada a cabo por un juzgado de Teruel, señala que en 2018 el gigante de las energías renovables realizó un pago excesivo por una «microempresa» vinculada al ex consejero Alfredo Boné y dos de sus colaboradores. Ellos lo rechazan.
La Guardia Civil ha empezado a destapar un presunto caso de cohecho cercano a los cuatro millones de euros desde Forestalia en beneficio del ex consejero de Medio Ambiente durante los gobiernos del PSOE en Aragón entre 2002 y 2011, Alfredo Boné, junto a dos colaboradores estrechos, según ha confirmado EL MUNDO.
Los cuatro millones representarían, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por este medio, el presunto pago a Boné, al ex viceconsejero Luis Marruedo y a la ex jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile, a cambio de supuestos favores a Forestalia durante su etapa en la Administración regional: aunque Boné dejó de ser consejero en 2011, permaneció como diputado regional hasta 2015, momento en que abandonó la política para comenzar a colaborar con el gigante aragonés de energías renovables, según se ha informado.
Boné, Marruedo y Fraile constituyeron en enero de 2015 la sociedad Viadós, que vendieron a Forestalia en noviembre de 2018 por una suma que oscila entre cuatro y 4,5 millones de euros. La investigación judicial, basada en el informe de la Guardia Civil (llevado a cabo por la rama de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa, UCO), sostiene que en realidad Forestalia adquirió la empresa, una «microempresa» con casi nula actividad comercial, según informan, con un precio notablemente inflado, y que el dinero desembolsado por el gigante de Fernando Samper constituía un pago encubierto a los tres ex políticos por servicios distintos. Ellos lo niegan categóricamente.
Viadós tuvo relación comercial casi exclusiva con Forestalia durante esos casi tres años de existencia, y los tres siguieron ligados a Forestalia tras vender la empresa a Samper, según lo ocurrido -luego Boné se desvinculó poco tiempo después-. Los investigadores incluso sospechan que esta sociedad fue creada en 2015 con la finalidad principal de servir como vehículo para el soborno posterior en 2018.
El entorno de los tres ex funcionarios asegura lo contrario a este medio. Indican que el precio de venta fue completamente acorde con el valor real de la sociedad, que contaba entonces con «28 empleados» y que gestionaba «casi toda la tramitación de Forestalia», obteniendo «un 80%» de su volumen comercial. «Forestalia quería que Viadós trabajara exclusivamente para ellos», afirman estas fuentes.
No obstante, el juzgado de Instrucción 1 de Teruel ordenó en julio pasado que la Guardia Civil analizara la compra, en el marco de una investigación sobre posibles favores a Forestalia relacionados con el mega proyecto eólico del Clúster del Maestrazgo, actualmente el mayor en España en desarrollo y que contempla hasta 200 aerogeneradores en una zona de alto valor ambiental. Las pesquisas judiciales, activas desde 2023, han ido derivando hacia presuntos favores que habría recibido Forestalia desde la Administración regional.
Boné, líder histórico del Partido Aragonés Regionalista (PAR), fue consejero de Medio Ambiente de Aragón entre 2002 y 2011, durante los gobiernos de Marcelino Iglesias (PSOE). Ana Cristina Fraile actuó como su jefa de gabinete durante ese periodo, y Luis Marruedo fue viceconsejero desde 2007 hasta 2011. En Aragón, siempre se cuestionó su salida de la política y su posterior vinculación con Forestalia desde mediados de la década pasada como un caso ejemplar de una presunta puerta giratoria hacia un sector en auge, con alta rentabilidad y expansión constante: las renovables, el llamado oro verde. Esa es ahora la dirección de la investigación del juzgado turolense, respaldada por la acusación de Teruel Existe, a la que posteriormente se unió Vox.
Los agentes han confirmado que «desde la fecha de su constitución» Viadós estableció «un acuerdo con Forestalia Renovables SLU», y han constatado que no se encontraron «otros clientes» de la empresa de Boné, Fraile y Marruedo en esos primeros años. Han solicitado datos a la compañía para comprobar la inexistencia de actividad comercial real en ese periodo, previo al desembolso efectuado por Samper. Ninguno de los tres ex políticos relacionados con Viadós está, por ahora, imputado en el caso.
Informes recientes han revelado supuestas maniobras de Forestalia para obtener favores en las declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos. EL MUNDO publicó en diciembre que funcionarios de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, en la época de Teresa Ribera, denunciaron que su máximo responsable presionaba para aprobar proyectos de la empresa que ellos consideraban inviables según la ley. También describieron cómo este mismo responsable, tras su jubilación, recibió un contrato a dedo en la Secretaría de Estado de Energía, y gestionaba personalmente todos los expedientes aprobándolos con autoridad total.
Este diario también informó que el director de Industria en la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza fue despedido en 2018, año en que se vendió Viadós, por supuestamente negarse a tramitar dos proyectos de esta compañía. La Justicia le dio la razón más tarde, reconociendo que recibió presiones, incluso desde Madrid.
La UCO central registró en diciembre pasado las oficinas de Forestalia en Zaragoza en el marco del Caso Leire, por irregularidades presuntas relacionadas con contratos y adjudicaciones públicas.
La lista de ex políticos vinculados a Forestalia, según ha sido publicado, incluye a José Manuel Soria, ex ministro de Industria con el PP, además de otros antiguos cargos del PAR e incluso de Convergencia i Unió.
En relación con la publicación de esta información, este medio contactó con Forestalia, que optó por no hacer declaraciones.