Uno de los guardacostas oceánicos más sofisticados de Estados Unidos fue avistado en aguas del Estrecho en el contexto del fortalecimiento del control marítimo internacional sobre las rutas energéticas sometidas a sanciones.
El USCGC Munro (WMSL-755), un National Security Cutter de la Guardia Costera de Estados Unidos, opera bajo la Flota del Pacífico con base en Alameda (California). Se trata de un buque oceánico con amplia autonomía, diseñado para misiones prolongadas de vigilancia, seguimiento del tráfico y participación en operaciones conjuntas con fuerzas aliadas. Aunque su ámbito habitual es el Pacífico, estas unidades realizan regularmente tránsitos interoceánicos y despliegues fuera de su zona principal de operaciones.
La presencia del Munro en el Estrecho se da semanas después de que el buque participara en el rastreo previo del petrolero ruso Marinera, antiguo Bella1, interceptado y abordado al norte de Escocia el 7 de enero de 2026 por fuerzas de la Guardia Costera de Estados Unidos y unidades especiales del Ejército estadounidense (Delta Force), en una operación relacionada con el control de crudo y derivados transportados por petroleros de la flota fantasma en el Atlántico Norte.
Trasvases de crudo ruso frente a Ceuta
El Estrecho de Gibraltar ha sido escenario de operaciones de trasvase de petróleo ruso entre barcos, realizadas en aguas internacionales frente a la costa de Ceuta por petroleros dentro de la llamada «flota fantasma» rusa. Estas maniobras se intensificaron tras la invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladímir Putin y la posterior imposición de sanciones internacionales al crudo proveniente de los yacimientos del mar Báltico y del mar Negro.
Al efectuarse fuera de aguas territoriales españolas, inicialmente estos trasvases no fueron calificados como ilegales, aunque permanecieron bajo vigilancia de las autoridades marítimas y de seguridad. El destino principal de estas cargas fue China y la India, que se convirtieron en los mayores compradores del crudo ruso desde la implementación de las sanciones occidentales.
Sin embargo, el uso de mezclas, cambios de pabellón y rutas marítimas complejas permitió que parte de ese petróleo, una vez reetiquetado y acompañado de documentos UE, terminara llegando a refinerías europeas. Asimismo, productos refinados, especialmente diésel, derivados de ese crudo ruso, fueron descargados en puertos del norte de África, incluidos puertos marroquíes, después de itinerarios diseñados para ocultar el origen original de la carga.
La Unión Europea respondió con sucesivos paquetes de sanciones, incluyendo petroleros en listas negras, cerrándoles el acceso a los puertos comunitarios y vetando la prestación de servicios relacionados con el transporte marítimo a decenas de buques vinculados a esta flota. En diciembre de 2025, el Consejo Europeo sancionó a 41 navíos adicionales por su participación en el transporte de crudo ruso en contra de las restricciones vigentes. En este marco, la Capitanía Marítima de Ceuta prohibió la prestación de servicios en régimen OPL (offshore port limits) a los buques involucrados en trasvases de petróleo frente a la costa ceutí, afectando la asistencia técnica, el avituallamiento y otros servicios fuera de puerto, reforzando así el control administrativo sobre estas operaciones, a pesar de desarrollarse en aguas internacionales.
Un precedente en el Caribe Desde el inicio de la segunda Administración de Donald Trump, Estados Unidos intensificó la aplicación de sanciones al sector energético venezolano mediante operaciones de control marítimo en el mar Caribe, que incluyeron abordajes e incautaciones de buques tanque asociados al transporte de crudo. Estas acciones fueron llevadas a cabo por la Guardia Costera estadounidense y otras agencias federales bajo el régimen sancionador vigente. En varios casos, petroleros cargados con petróleo venezolano fueron interceptados en alta mar y el propio presidente anunció públicamente la incautación de las cargas, sin especificar oficialmente su destino posterior.
El caso del Chariot Tide
La semana pasada El Mundo informó sobre el caso del petrolero Chariot Tide, un buque con bandera de Mozambique sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido debido a su vinculación con el transporte de crudo ruso. Según informó el Gobierno español, el petrolero sufrió una avería el 22 de enero mientras navegaba por el Estrecho.
El buque, de 195 metros de eslora, había estado anteriormente en una terminal petrolera del noroeste de Rusia y, tras reparar la falla, navegaba a siete nudos con destino declarado Tánger Med. Las condiciones meteorológicas lo desplazaron hacia el este, hasta situarlo a unas 33 millas náuticas de la costa española, lo que provocó la intervención de las autoridades españolas.
España indicó que mantuvo la vigilancia constante de la situación y que el petrolero fue escoltado por el remolcador de altura María Zambrano hasta que abandonó aguas bajo responsabilidad española, una vez garantizada la seguridad de la navegación y descartado el riesgo inmediato. No confirmaron si el buque transportaba en ese momento petróleo ruso sujeto a sanciones.
Desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha ampliado progresivamente la lista de buques sancionados por su participación en el transporte de crudo ruso al margen de las restricciones comunitarias. Según datos oficiales y compilaciones de organismos europeos, cerca de 600 petroleros han sido incluidos en los distintos paquetes de sanciones por su presunta pertenencia a la llamada flota fantasma rusa. La mayoría son buques antiguos, con frecuentes cambios de bandera, propiedad opaca y escasa o nula cobertura de seguros marítimos occidentales, empleados en operaciones de trasvase de barco a barco y en rutas diseñadas para ocultar el origen de la carga. Diversas estimaciones de instituciones europeas y centros de análisis del sector energético sitúan el tamaño total de esta flota entre 1.200 y 1.400 embarcaciones, una cifra que refleja la magnitud del dispositivo logístico desplegado para mantener las exportaciones de crudo ruso a pesar del régimen de sanciones.