El PP solicita al Ministerio de Exteriores todos los documentos vinculados con la aerolínea y sus accionistas
El Partido Popular está comprometido a investigar a fondo las operaciones de Plus Ultra, la aerolínea socorrida por el Gobierno de España con una inyección de 53 millones de euros a pesar de su tamaño reducido, y sus supuestos vínculos con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como su implicación en los emprendimientos opacos del régimen de Nicolás Maduro. En el PP, incluso sospechan que la Embajada española en Venezuela pudo desempeñar un papel de intermediaria, actuando como un núcleo de negocios para la compañía aérea, cuyos principales directivos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid bajo la sospecha de blanqueo de capitales. Los populares, en su esfuerzo por esclarecer los detalles de este asunto, han solicitado desde la comisión del Senado encargada del seguimiento del caso Koldo y sus muchas ramificaciones, una amplia cantidad de información y documentos en poder de la misión diplomática española en Caracas.
Esta solicitud está dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyo máximo responsable, José Manuel Albares, deberá responder hoy a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante la sesión de control al Gobierno. Se espera que aclare y analice la participación de ex altos cargos del Ejecutivo en la política exterior española, en clara referencia al ex presidente Zapatero, quien, según publicó EL MUNDO, recibió durante varios años hasta 450.000 euros por trabajos de consultoría de parte del empresario Julio Martínez Martínez, detenido en la investigación a Plus Ultra.
El Partido Popular exige al Ministerio de Exteriores que facilite a la comisión de investigación la «agenda, el listado de asistentes, las minutas, las notas internas, los correos y cualquier soporte relacionado con reuniones realizadas en la Embajada o en la residencia oficial del embajador» en las que hayan intervenido representantes de Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los populares ponen especial énfasis en Camilo Ibrahim Issa, empresario venezolano de ascendencia libanesa, quien fue inicialmente excluido de la legación diplomática española por presunto «espionaje» y posteriormente readmitido gracias a Zapatero, junto a otros empresarios ligados al capital de Plus Ultra (Rodolfo Reyes, Raif El Arigie; Flavio Bohórquez y Héctor Antonio Tobía).
El principal foco de los populares radica en el contenido de la reunión celebrada en marzo de 2021 en la residencia del jefe de misión-encargado de negocios de la Embajada con Camilo Ibrahim Issa y un grupo de empresarios.
También se solicitan notas verbales, memorandos y comunicaciones intercambiadas con la Cancillería venezolana respecto a contratos y autorizaciones de vuelos de Plus Ultra entre España y Venezuela, además de las peticiones de «equidad» o prioridad para Plus Ultra frente a otras aerolíneas como Iberia o Air Europa.
Del mismo modo, el PP demanda los «informes internos, telegramas y despachos enviados desde la Embajada en Caracas a Madrid» que contengan referencias sobre la situación operativa de Plus Ultra en Venezuela (vuelos, permisos, trato preferencial…) y aquellos que evalúen a Camilo Ibrahim y otros empresarios venezolanos relacionados con la aerolínea.
Asimismo, añaden la solicitud de «cualquier instrucción recibida desde Madrid» —ya sean telegramas, correos o directrices del Ministerio de Exteriores a la Embajada— en relación con el trato institucional a otorgar a Plus Ultra o sus accionistas y la gestión de las relaciones con las autoridades venezolanas en materia de vuelos y permisos vinculados a dicha aerolínea.
El conjunto de peticiones se completa con la demanda de documentación sobre actos económicos organizados en la Embajada, incluidos «programas, listados de invitados y documentos de eventos» llevados a cabo por la representación diplomática tanto en su sede como en la residencia oficial del embajador, en los que hayan participado empresarios venezolanos vinculados a Plus Ultra, con el objetivo de «verificar la interlocución mantenida antes y después del rescate» otorgado por el Gobierno de España a la compañía aérea durante la pandemia de Covid.