La Unión Europea ha expresado críticas hacia los planes de Pedro Sánchez para legalizar hasta 800.000 inmigrantes en España, señalando posibles repercusiones en la libertad de movimiento dentro del espacio Schengen.
Desde Bruselas advierten que la iniciativa española para regular internet y monitorizar la «huella de odio» supera las competencias nacionales y entra en conflicto con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales.
El Parlamento Europeo ha programado un debate especial para tratar la inquietud de varios Estados miembros frente a las propuestas unilaterales del Gobierno español.
El Partido Popular Europeo y diversos líderes comunitarios opinan que una regularización masiva de inmigrantes podría generar un efecto llamada y socavar la política migratoria de la UE.
La fragilidad interna del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un desafío abierto a las normativas europeas, buscando atraer la atención mediática. Sus dos propuestas más recientes, en medio de la crisis ferroviaria tras los accidentes en Adamuz y Gélida que causaron 47 víctimas, lo demuestran.
Por un lado, la legalización masiva de entre 500.000 y 800.000 inmigrantes; por otro, la iniciativa para controlar internet, presentada como una ley para prohibir las redes sociales a menores de 16 años.
No obstante, el proyecto gubernamental incluye otras medidas que exceden su ámbito. Los servicios digitales ya están regulados mediante un Reglamento Europeo «de cumplimiento obligatorio» en todos los Estados miembros.
Además, este miércoles se confirmó que el Parlamento Europeo organizará un debate monográfico en el pleno de la próxima semana, con la finalidad de atender la «preocupación de muchos Estados miembros» frente a la iniciativa unilateral española.
Estos cientos de miles de personas actualmente en situación irregular no solo obtendrán derechos ciudadanos en España, sino también libertad de movimiento en todo el espacio Schengen.
Vigilancia de la «huella de odio»
El portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, remarcó este miércoles que el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) tiene carácter «de cumplimiento obligatorio».
El reglamento especifica que se trata de «un conjunto concreto de normas uniformes, eficaces y proporcionadas en el ámbito de la Unión» que impiden a un Estado miembro incorporar regulaciones adicionales.
Sin embargo, según lo anunciado el pasado martes, Sánchez pretende añadir a esta normativa la creación de un sistema para rastrear, medir y trazar la «huella de odio y polarización» en usuarios de redes sociales.
Esto implicaría implementar rastreadores algorítmicos semejantes a los usados por las propias aplicaciones, pero que podrían estar bajo gestión directa del Gobierno, otorgándole el poder de «convertirse en censor», según expertos.
Por ello, la Comisión ha advertido que no está autorizado para hacerlo. Según fuentes de Bruselas, «la DSA es un Reglamento, no una Directiva, lo que implica que no requiere transposición y se aplica directamente en los Estados miembros».
Además, estas fuentes agregan que «la DSA busca evitar la fragmentación del mercado único, razón por la que los Estados miembros no pueden legislar sobre los asuntos que la DSA armoniza».
En otras palabras: «Perseguir penalmente a los CEO de plataformas que difundan contenidos ilícitos no está contemplado en la DSA, y la Comisión entiende que esto también se encuentra armonizado«.
Esto significa que «aunque pueda existir cierta ambigüedad, dado que el Derecho Penal corresponde a los Estados miembros –excepto para delitos europeos–, el Ejecutivo comunitario argumentará que imponer obligaciones penales vaciaria de sentido a la DSA«.
«Sánchez actuó sin planificación»
Lo mismo aplica para la prohibición de acceso a menores.
«Una prohibición nacional general del acceso a redes sociales para menores podría generar problemas«, añaden estas fuentes. Podría interferir con la libertad de prestación de servicios digitales en toda la UE y «crear regímenes nacionales divergentes que la DSA intenta prevenir».
Según fuentes vinculadas al liderazgo del PP Europeo, «probablemente Sánchez actuó sin preparación el pasado martes».
El PP español comenta con evidente frustración que «unir la norma para proteger a menores en redes sociales», iniciativa popular vía enmienda, con «ese empeño por censurar» o perseguir la ‘huella de odio y polarización’ de los usuarios adultos es incongruente.
Estos dos asuntos diferentes «no encajan en un mismo texto legal y, sobre todo, perseguir contenidos de esa forma no se ajusta a la legislación europea», concluye un miembro del Comité de Dirección de Alberto Núñez Feijóo.
Legalización en la Eurocámara
Respecto a la convocatoria del debate urgente en el pleno de la Eurocámara, la iniciativa formaba parte de las propuestas defendidas por Feijóo en la Declaración de Zagreb de líderes del PPE.
Así lo confirmaron fuentes cercanas al presidente del PP: «La inmigración es uno de los grandes temas, abordado siempre desde el respeto al Pacto Migratorio y sin perder de vista la inquietud que suscita en Europa la propuesta de legalización masiva en España».
Ante «el anuncio irresponsable de Sánchez de legalizar a todos los inmigrantes irregulares en España (aproximadamente 850.000), el Partido Popular Europeo sostiene que esta medida debilita notablemente la política migratoria y aboga por una inmigración legal, ordenada y controlada».
Para los populares europeos, «en todo caso, debe guiarse por criterios individualizados y restrictivos que eviten normalizar la ilegalidad como modo de residencia».
En esta línea, «Feijóo aseguró que la regulación que intenta imponer Sánchez se realiza ignorando el debate parlamentario y siguiendo criterios distintos a los establecidos en la UE».
Durante las jornadas en Zagreb, el presidente del PP sostuvo reuniones bilaterales donde abordó este tema.
Se entrevistó con el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el primer ministro croata, Andrej Plenkovic; y el primer ministro polaco, Donald Tusk.
También se reunió con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides; el vicepresidente italiano, Antonio Tajani; y el viceprimer ministro belga, Vincent Van Peteghem.
«Repercusiones en toda la UE»
Fuentes del PP en el Parlamento Europeo señalan que «nuestros socios comprenden que la regularización masiva afecta directamente al espacio Schengen y a la libertad de movimiento, uno de los valores esenciales de la Unión Europea. Si se regularizan en España, podrán desplazarse libremente por otros Estados miembros».
«Las decisiones unilaterales repercuten en toda la UE», advierten estas fuentes. «Esta regularización podría generar un efecto llamada para quienes consideren a España como la puerta de entrada abierta a la Unión Europea».
De hecho, aunque «no se ha concretado plenamente, ya se observan consecuencias con largas filas de migrantes provenientes incluso de países vecinos, saturando los servicios de extranjería. Esto favorece inevitablemente a las mafias de tráfico humano».
Varios jefes de Estado y de Gobierno expresaron su «preocupación» ante esta regularización masiva durante la cumbre de líderes del PPE, según las mismas fuentes.
«Con este debate promovido por el PP y respaldado por los grupos de derecha en la Eurocámara, se busca evidenciar las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, que contravienen la política migratoria europea«.