El exjuez Manuel García-Castellón presenta un recurso ante la revocación de su condición de perjudicado en el ‘caso Leire’, argumentando que fue objeto de intentos de vilipendio por parte de Leire Díez.
La defensa de García-Castellón sostiene que él y el teniente coronel Antonio Balas fueron blanco de una maniobra coordinada destinada a deteriorar su imagen pública.
Leire Díez proporcionó al PSOE una grabación de Villarejo que fue utilizada para fortalecer la versión de un complot contra Pedro Sánchez, aunque una parte del contenido fue omitida en las denuncias oficiales.
Durante su carrera judicial, García-Castellón también investigó la financiación de Podemos y vinculó a Puigdemont con actos terroristas, enfrentándose así a intereses tanto del Gobierno como del PSOE.
Manuel García-Castellón, juez ya retirado que dirigió la instrucción del caso Villarejo, insiste en que fue «más que perjudicado» por Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE.
Leire Díez sostuvo múltiples encuentros —con un fiscal, varios empresarios y un comandante— para obtener datos delicados contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Estos dos organismos son, precisamente, los encargados de llevar adelante las investigaciones de diversas causas judiciales que afectan al Partido Socialista y al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Durante una de esas reuniones, grabada de manera oculta, Leire Díez se dirigió con dureza a Antonio Balas, teniente coronel de la UCO.
«Si Balas ya no está, mejor. (…) No deseo que el señor Antonio Balas se convierta en el verdugo de todos», expresó la mujer.
En otro encuentro, criticó a García-Castellón debido a su rol en la instrucción del caso Villarejo, donde el PSOE figura como acusación popular y el magistrado mantuvo varios enfrentamientos con dicha formación.
Recientemente, la abogada del juez jubilado asegura en un escrito que tanto su defendido como el teniente coronel Balas fueron víctimas de las acciones de Leire Díez con un propósito común: “desprestigiarlos”.
De esta manera, la letrada presenta un recurso contra la resolución más reciente de Arturo Zamarriego, el juez encargado de investigar las operaciones de la fontanera del PSOE en el denominado caso Leire.
Inicialmente, García-Castellón fue considerado “víctima” de Leire Díez; sin embargo, a solicitud tanto de esta como de la Fiscalía, Zamarriego revirtió la decisión y le negó la condición de acusador particular.
Por ello, la abogada María Victoria Vega ha interpuesto este último recurso, más extenso y que reemplaza al anterior. Si el juez encargado no lo acepta, la Audiencia Provincial de Madrid será la instancia definitiva para resolver.
La defensa de García-Castellón acusa a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en el caso, de haber orquestado una “estrategia coordinada, premeditada y deliberada” destinada a afectar negativamente su reputación.
Además, destaca que Dolset, durante otra reunión, afirmó sobre el magistrado retirado: “En lo que a mí respecta, García-Castellón no tendrá un retiro tranquilo”.
El recurso enfatiza que esto no se limita a simples comentarios peyorativos, sino que se le imputan hechos muy graves.
En la misma reunión — a la que asistió el fiscal Ignacio Stampa, quien grabó la conversación de forma clandestina —, Dolset aseguró que García-Castellón le había facilitado irregularmente unos audios —lo que el juez rechaza— incorporados en el expediente del caso Villarejo.
Sin embargo, es cierto que en abril de 2024, Leire Díez entregó al PSOE, en la sede nacional del partido, una grabación realizada por José Manuel Villarejo, el comisario ya jubilado investigado en la causa que lleva su nombre.
En este audio, fechado en 2014, Villarejo conversa con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y revela que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, dirigía saunas donde se ejercía prostitución.
Una década después, Leire Díez entregó dicha grabación al PSOE, que usó este material para respaldar la narrativa de que el presidente del Gobierno ha sido víctima durante diez años de un complot originado en las cloacas del Estado y la llamada Policía patriótica.
De hecho, el partido aportó esta grabación a la Audiencia Nacional dentro del caso Villarejo, aún bajo la instrucción de García-Castellón, y difundió públicamente el audio para denunciar un supuesto acoso hacia Sánchez y su familia.
No obstante, EL ESPAÑOL publicó una parte del audio que el PSOE omitió en sus denuncias y discursos: la sección en la que Villarejo comenta a Martínez que el presidente del Gobierno había tomado café con un miembro de la Policía patriótica. Sabiniano Gómez, además, era amigo de varios policías de ese grupo.
Por otro lado, García-Castellón fue quien, en una resolución judicial en respuesta al PSOE, desestimó la teoría del complot. El entonces juez a cargo del caso Villarejo evidenció los «vínculos» entre ese grupo policial y «el suegro del hoy presidente del Gobierno».
En los últimos años de trabajo de García-Castellón como juez, también fue objeto de críticas por parte del Ejecutivo en otros asuntos. Por ejemplo, investigó la presunta financiación ilegal de Podemos, partido que había sido socio de los socialistas.
Asimismo, imputó el delito de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, líder de Junts y figura a la que el PSOE de Sánchez recurrió para impulsar algunas de sus iniciativas parlamentarias.