La patronal del turismo, Exceltur, exige a las plataformas digitales que eliminen los anuncios de estos pisos que suponen 435.689 plazas del total de 1.927.931 del mercado
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha solicitado a las principales plataformas digitales la eliminación de la oferta ilegal de viviendas turísticas y temporales, que ya suman 86.275 y representan 435.689 plazas, equivalentes al 23% del total de 1.927.931 disponibles.
La patronal del turismo alerta en un comunicado que estos pisos ilegales constituyen una amenaza directa para la sostenibilidad, la competitividad de las empresas legalmente establecidas y la convivencia en los centros urbanos, debido a que se comercializan «sin cumplir con las normativas autonómicas y locales vigentes».
Se señala que la proliferación de viviendas turísticas sin licencia afecta los estándares de calidad y seguridad exigidos en el sector, repercutiendo en la imagen internacional de España como destino turístico destacado. Según la organización, este fenómeno perjudica la reputación del país y disminuye la confianza de los viajeros en la oferta regulada.
Daños colaterales
Desde una óptica macroeconómica, Exceltur advierte sobre las consecuencias disruptivas que genera la oferta irregular en el mercado residencial. Según los datos difundidos, la transformación de viviendas de uso habitual en alquileres temporales dificulta el acceso a la vivienda para la población residente en las zonas con mayor demanda turística. Esta situación, indica la patronal, reduce la vitalidad de los barrios y aumenta la presión sobre los servicios públicos en los distritos más saturados.
La entidad también destaca el perjuicio que esta práctica ocasiona al empleo y al sistema fiscal, señalando que «daña la imagen del conjunto del sector turístico español y, en particular, de la base empresarial que cumple con la amplia legislación vigente para garantizar adecuados estándares de calidad y seguridad para el consumidor».
En este contexto, la patronal reconoce el potencial de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos como una herramienta estratégica para asegurar la transparencia en la comercialización de viviendas turísticas. No obstante, considera que el éxito de esta iniciativa depende de la responsabilidad social de los operadores digitales, a quienes insta a priorizar un modelo de crecimiento que respete la capacidad de acogida de los territorios y la calidad de vida de los ciudadanos residentes.
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Acabar con la ‘piratería’
Exceltur formula esta demanda tras la notificación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) a las principales plataformas online sobre la existencia de 86.275 viviendas turísticas y de temporada ilegales, cuyos anuncios deberán ser retirados obligatoriamente. Se trata de propiedades que solicitaron el número de registro exigido por la normativa pero no lo obtuvieron al no cumplir los requisitos establecidos.
Esta acción del ministerio forma parte del lanzamiento del registro único de alquileres de corta duración, una herramienta clave para controlar el mercado y perseguir prácticas irregulares. España se ha convertido así en el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear este registro, con el fin de aumentar la transparencia, combatir la ilegalidad y proteger el mercado del alquiler residencial.
Desde julio pasado, todos los propietarios que deseen ofrecer una vivienda turística o de temporada deben contar con un código obligatorio otorgado por los Registradores de la Propiedad. Este identificador se comparte luego con las plataformas digitales mediante la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, permitiendo cruzar datos y detectar anuncios que incumplen la ley.
Una vez que el Ministerio comunica la irregularidad, las plataformas que operan en este sector están obligadas a retirar los anuncios relacionados, incluso cuando el inmueble se comercialice simultáneamente en varias páginas web. El objetivo es cerrar el cerco a un fenómeno que, según el Gobierno, ha contribuido significativamente al aumento de precios de la vivienda y a la expulsión de vecinos de los centros urbanos.