La medida adoptada por el PP implica la declaración de Palma como una “zona única” no apta para la comercialización de estancias turísticas vacacionales
El consejo de la Gerencia de Urbanismo de Palma ha dado luz verde este martes a la prohibición total de nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas en todo el municipio. Así lo ha comunicado Óscar Fidalgo, concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, resaltando que “no existe ningún tipo de excepción” y que la medida cubre la totalidad del término municipal, según explicó en una rueda de prensa celebrada este martes.
Esta decisión conlleva la declaración de Palma como una “zona única” excluida de la comercialización de estancias turísticas vacacionales (ETV), protegiendo completamente el territorio frente a la creación de nuevas plazas. El alquiler turístico en edificios plurifamiliares ya estaba prohibido en la ciudad desde 2018; sin embargo, el nuevo acuerdo refuerza la regulación mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2023.
En concreto, la revisión elimina cualquier previsión de crecimiento que preveía hasta 374 plazas potenciales (231 en Palma ciudad y 143 en suelo rústico), quitándolas de forma definitiva. Asimismo, impide la renovación de las ETV no permanentes y la transferencia de plazas existentes entre municipios diferentes.
Actualmente, Palma cuenta con 4.473 plazas de ETV distribuidas en 632 inmuebles, detallándose así: 381 en núcleo urbano, 76 en la zona de Playa de Palma y Can Pastilla, y otras 175 en suelo rústico. La nueva normativa, según subrayó Fidalgo, asegura que esta cifra no aumentará y “marca el camino hacia una reducción gradual de esta oferta, conforme se produzcan bajas definitivas de plazas”.
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Medidas complementarias para contener el fenómeno turístico
El responsable de Urbanismo ha enmarcado esta restricción dentro de una estrategia municipal más amplia, que ha incluido en los últimos meses decisiones como la suspensión de la apertura de nuevos albergues turísticos, la solicitud formal a la Autoridad Portuaria de Baleares para prohibir los denominados ‘partyboats’ en todo el Paseo Marítimo y un aumento en la vigilancia policial en Playa de Palma.
En cuanto a las viviendas turísticas ilegales que operan en Palma, Fidalgo reconoció la dificultad para precisar su cantidad exacta. Al analizar la evolución reciente en Baleares, destacó que entre 2015 y 2023 las licencias de alquiler turístico han crecido un 165%, según datos oficiales.
Además, aclaró que, aunque este tipo de alquiler representa “un factor estadísticamente menor” en comparación con el aumento de los precios de la vivienda, sí afecta de manera significativa a la convivencia vecinal en los barrios impactados: “Los pisos son para residir y deben compatibilizarse con la convivencia ciudadana”.
MÁS por Palma ve una propuesta tardía e insuficiente
El grupo municipal MÁS por Palma confirmó que apoyará la prohibición, considerando positiva la medida y señalando que responde a una demanda que el partido ha planteado desde hace años. Sin embargo, advirtieron que la iniciativa promovida por el Partido Popular “llega con retraso” y carece de ambición.
Su portavoz, Neus Truyol, recordó que entre 2015 y 2023 el PP “siempre ha votado sistemáticamente en contra de cualquier límite, moratoria o prohibición relativa al alquiler turístico”. Según Truyol, “el PP ha estado del lado de quienes obtienen un negocio millonario a costa de la vivienda. Mientras tanto, numerosos vecinos de Palma son expulsados de la ciudad. La situación es completamente insostenible”.
La portavoz del grupo turístico también afirmó que “con esta prohibición el PP llega dos años tarde”, señalando que no resulta “ambiciosa ni valiente”. Truyol opinó que son necesarias “medidas para reducir el alquiler turístico, no basta con dejar de otorgar nuevas licencias. Con esta propuesta solo desaparecerá el 2% del alquiler turístico en la ciudad, una cifra insignificante”.
Además, la agrupación destacó que el informe oficial que fundamenta la nueva normativa para el gobierno municipal confirma explícitamente los diagnósticos que tanto ellos como los movimientos sociales mantienen desde hace años: el alquiler turístico eleva los precios de la vivienda y genera daños medioambientales. “Es un modelo insostenible. Saludamos la adhesión del PP a nuestras posturas. Ahora se ven obligados a reconocer el desastre que ellos mismos han contribuido a crear”, concluyó Truyol.