La Comunidad de Madrid ha activado una respuesta política y legal contra el reciente modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central.
La consejera Rocío Albert sostiene que la reforma favorece a los independentistas catalanes y representa un daño económico para Madrid y el resto del país.
Madrid denuncia que el nuevo sistema rompe la solidaridad interregional y advierte que recurrirá la reforma antes de tener que aplicarla.
El Ejecutivo regional reafirma su compromiso con nuevas reducciones tributarias, señalando que la última disminución del IRPF beneficiará principalmente a rentas bajas y medias.
La Comunidad de Madrid ha proclamado una ofensiva política y jurídica frente al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, aseguró este martes que la administración regional utilizará «todos los mecanismos legales» para enfrentar una propuesta que califica de «agresión», «ilegítima, injusta e insolidaria», y firmada «con Barcelona y Waterloo», en alusión a Junts.
Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Albert criticó con dureza el acuerdo con el independentismo catalán y denunció que el nuevo esquema provocará un daño para toda España. «Ya es momento de expresarlo con claridad, los independentistas nos están robando, roban a toda España», afirmó.
La consejera rechazó que las comunidades autónomas tengan una verdadera opción de aceptar o rechazar el nuevo modelo. «Es una voluntariedad ficticia. Siempre que ha habido una modificación en la financiación autonómica, aunque no guste, hay que adaptarse, porque de lo contrario se queda con lo peor de ambos sistemas», explicó.
En este sentido, adelantó que Madrid primero impugnará la reforma y después tendría que aplicarla.
Según su perspectiva, el Gobierno pretende «disfrazar una cesión» al independentismo catalán de 5.000 millones de euros adicionales mediante fondos «creados específicamente para beneficiarlos de forma encubierta».
Albert advirtió que permitir que las regiones con mayor capacidad económica dejen de contribuir al fondo común provocaría la ruptura del sistema. Algo que consideró no es «una cuestión de ideología, sino de matemáticas».
Defendiendo el modelo vigente, la consejera destacó el rol de Madrid como «la comunidad más solidaria de España, tanto por convicción como por compromiso», y recordó que la redistribución de recursos asegura la igualdad entre ciudadanos y el acceso a servicios públicos de calidad sin importar el territorio.
Por ello, insistió en que el Ejecutivo regional se opondrá «con toda la firmeza posible» a cualquier intento de «romper la caja única», que considera «una medida dictada nuevamente por los nacionalistas catalanes».
Albert acusó al Gobierno central de ignorar a las comunidades autónomas y de saltarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro legítimo para discutir una reforma de esta magnitud.
Nuevamente, describió la iniciativa como una «pseudo propuesta» sin respaldo territorial. «No cuenta con el apoyo de nadie, ni siquiera de comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias«, destacó, antes de calificarla como una «nueva trampa y cortina de humo» para que Sánchez se mantenga en el poder.
Bajadas de impuestos
En términos económicos, Albert abrió la posibilidad de nuevas reducciones fiscales tras la reciente disminución de medio punto en el tramo autonómico del IRPF.
«Hemos cumplido, pero en nuestro ADN está siempre bajar impuestos. Si es posible, continuaremos haciéndolo»,
señaló.
Explicó que los 500 millones de euros que los madrileños ahorrarán gracias a esta medida incrementarán el consumo y podrían aumentar la recaudación alrededor de 900 millones de euros.
Además, subrayó que la rebaja beneficiará mayoritariamente a las rentas bajas y medias: el 71% de los beneficiarios tendrá ingresos inferiores a 35.000 euros brutos anuales.