Junts per Catalunya se posicionará en contra de la ampliación del ‘escudo social’, a pesar del acuerdo entre el Gobierno y el PNV dirigido a proteger a los pequeños propietarios.
El pacto con el PNV excluye de la moratoria antidesahucios a quienes poseen hasta dos viviendas, aunque no consigue respaldo suficiente en el Congreso.
Podemos rechaza esta medida, considerándola una concesión que deja desamparados a los inquilinos en situación vulnerable y califica de injusta la protección brindada a los pequeños propietarios.
Junts sostiene que la solución alcanzada no es suficiente y critica que el coste del ‘escudo social’ recaiga sobre pequeños propietarios y vecinos, generando incertidumbre jurídica.
El Gobierno de Pedro Sánchez fracasa en su segundo intento por aprobar la prórroga del escudo social. Junts per Catalunya ha confirmado a EL ESPAÑOL que votará en contra del nuevo texto, a pesar del pacto sellado con el PNV para proteger a los pequeños propietarios que tengan una sola vivienda en alquiler.
Fuentes cercanas a la dirección del grupo parlamentario de Junts en el Congreso confirman que la formación independentista rechazará el decreto. «Sin haber leído aún la letra pequeña, podemos afirmar que votaremos en contra«, indican estas fuentes.
El Ejecutivo ha intentado reconstruir apoyos tras el fracaso del decreto ómnibus rechazado la semana pasada.
El nuevo acuerdo con el PNV excluye de la moratoria antidesahucios a propietarios con hasta dos viviendas: una de uso habitual y otra destinada al alquiler. Estos pequeños propietarios ya no estarán obligados a ofrecer una alternativa habitacional en caso de impago.
No obstante, la fórmula acordada con los nacionalistas vascos tampoco logra desbloquear la situación. El Gobierno pierde en un aspecto lo que gana en otro. El PNV apoyará el decreto, pero Podemos rechaza contundentemente la medida, por razones diametralmente opuestas a las de Junts.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado su «repudio total» hacia el acuerdo. «El PNV pacta con el PSOE desalojar a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas cuyos propietarios disponen ‘solo’ de una vivienda para alquilar», escribió en su cuenta de X.
«Pobrecitos, sólo forman parte del segmento más acomodado de nuestra sociedad», añadió la líder morada.
Sin respaldo mayoritario
El pacto con el PNV ha acabado por romper la frágil mayoría de investidura. Para Junts, la protección a pequeños propietarios acordada resulta claramente insuficiente y «no afronta el problema de fondo».
Para Podemos, en contraste, proteger a estos «rentistas» —aunque la mayoría son pensionistas— es inaceptable. La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha descrito la medida como «criminal».
El partido morado califica a estos propietarios de «rentistas y explotadores«, sin diferenciar entre lo que consideran «fondos buitre» y los jubilados que complementan su pensión con el alquiler de un piso.
Desde Junts, las críticas al Gobierno permanecen firmes pese al cambio en el decreto. «La semana pasada, el Gobierno de España intentó incluir en el mismo decreto la subida de las pensiones junto con medidas que protegen las ocupaciones ilegales», apuntan fuentes de la dirección parlamentaria.
«Desde Junts, no aceptaremos chantajes ni falacias del Gobierno de Pedro Sánchez», agregan estas fuentes. El partido independentista considera que el problema no se resuelve con el acuerdo de Sánchez con los nacionalistas vascos.
«La medida pactada con el PNV no solo no resolverá el problema, sino que resulta injusta«, aseguran desde Junts.
El partido de Carles Puigdemont argumenta que limitar la protección a propietarios de una sola vivienda es arbitrario. Numerosos pequeños propietarios con dos o tres inmuebles en alquiler quedan sin protección.
La formación independentista insiste en su argumento principal. «Porque el costo de ese mal denominado ‘escudo social’ del que tanto hablan las izquierdas españolas lo asumen los pequeños propietarios y vecinos«, subrayan fuentes del partido.
El relato de Junts atribuye al Gobierno la responsabilidad de poner en riesgo tanto a pensionistas como la seguridad vecinal. Consideran que las medidas para proteger a okupas producen inseguridad jurídica, lo cual perjudica a quienes pierden el derecho a disfrutar de su vivienda.
Del decreto ómnibus a dos normativas
El nuevo decreto antidesahucios pretende prolongar hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desalojos para personas declaradas vulnerables sin alternativa habitacional.
El PNV logró que esta protección no afectara a la propiedad de los pequeños arrendadores con una o dos viviendas, siempre que una sea su residencia habitual.
Según el texto, corresponderá a los servicios sociales competentes gestionar una alternativa habitacional de emergencia para los vulnerables. Además, el Gobierno había asignado 300 millones de euros en avales para respaldar a pequeños arrendadores frente a impagos.
El PNV valoró el acuerdo como «mínimo» y aseguró que permitirá continuar negociando mejoras en materia de vivienda. La formación vasca sostuvo que no se puede equiparar a estos pequeños propietarios con grandes tenedores.
Sin embargo, el pacto no satisface a Junts, que reclama medidas más enérgicas contra la okupación. Los independentistas han presentado, al igual que el Partido Popular, una propuesta legislativa para desalojar okupas en 48 horas.
…pero tampoco convence a Podemos, que considera que cualquier protección a propietarios es una «concesión a la derecha».
El Gobierno ha dividido en dos el antiguo decreto ómnibus. Un texto incluye la revalorización de las pensiones y otras medidas con consenso. El otro recoge la prórroga de la suspensión de desalojos.
Ambos textos deberán pasar por el Congreso en las próximas semanas. Pero, tal como está redactado, el del escudo social volverá a ser rechazado.