El juez Zamarriego está considerando llamar a declarar como testigos a Ion Antolín y Juanfran Serrano en el marco del caso Leire, a raíz de una petición realizada por la acusación popular Hazte Oír.
Las pesquisas se centran en las maniobras llevadas a cabo por Leire Díez, quien proporcionó datos delicados sobre la Fiscalía Anticorrupción y la UCO a integrantes de la dirección del PSOE.
Durante una reunión en la sede de Ferraz en abril de 2024, Díez entregó un audio donde Villarejo relacionaba al suegro de Pedro Sánchez con saunas vinculadas a la prostitución.
El magistrado retiró la condición de víctima al exjuez García-Castellón, aunque la representación legal de éste interpone un recurso sustentando que sufrió perjuicios a causa de las acciones de Leire Díez.
El juez Arturo Zamarriego, encargado de instruir el caso Leire, ha solicitado la opinión de la Fiscalía sobre la conveniencia de llamar a declarar como testigos a Ion Antolín y Juanfran Serrano. El primero se desempeñó como director de Comunicación del PSOE y el segundo ocupaba el cargo de secretario de Organización adjunto dentro del partido.
Zamarriego investiga las acciones de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, quien habría intentado obtener información delicada relacionada con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la supuesta intención de dañar sus investigaciones.
En abril de 2024, Antolín y Serrano mantuvieron un encuentro con Díez en la sede nacional del PSOE, situada en la madrileña calle de Ferraz.
También asistieron a esta reunión el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Durante ese encuentro, la fontanera facilitó varios documentos a distintos miembros de la dirección socialista. Entre estos, se encontraba un audio en el cual el excomisario José Manuel Villarejo afirmaba que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, gestionaba saunas donde se ejercía prostitución.
A partir de ese momento —y coincidiendo con el inicio de una investigación penal contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez—, tanto el PSOE como el Gobierno utilizaron dicho audio para presentarse como víctimas de un supuesto complot perpetrado por la llamada Policía patriótica contra el presidente y su familia.
Este lunes, tanto Cerdán como Hernando testificaron ante el juez Zamarriego. Ambos ratificaron que la reunión tuvo lugar y que Díez entregó al partido el audio mencionado.
Semanas atrás, tras conocerse la lista de asistentes a aquella reunión, la asociación Hazte Oír, que actúa como acusación popular, solicitó al juez que también citase a declarar como testigos a Serrano y a Antolín.
En una resolución fechada este lunes, el magistrado pidió la opinión de la Fiscalía sobre esta petición, concediéndole también la oportunidad de presentar alegaciones. Una vez reciba la postura del Ministerio Público, Zamarriego decidirá si procede interrogarlos.
Por otra parte, Zamarriego admitió como acusación particular en este procedimiento al magistrado jubilado Manuel García-Castellón, a quien Leire Díez mencionó en una de las reuniones que mantuvo en su intento de recopilar información delicada.
El instructor del caso consideró que García-Castellón había sido «perjudicado» por las acciones de la fontanera.
La Fiscalía, al igual que Díez, se opuso a esta decisión. Por ese motivo, el pasado viernes Zamarriego dio marcha atrás y retiró al exjuez la condición de víctima en relación con Leire.
Actualmente, la abogada de García-Castellón ha interpuesto un recurso en el que sostiene que su representado fue «perjudicado» por la investigada.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este documento, que describe «una actuación orientada a desacreditar profesionalmente» a García-Castellón y a posicionarlo como «objetivo principal dentro de un contexto de búsqueda de información negativa».
«Todo ello configura una dinámica que, por su propia finalidad, supera ampliamente un simple ataque abstracto al honor», señala el recurso, dirigido tanto al juez como, subsidiariamente, a la Audiencia Provincial de Madrid, máximo órgano judicial jerárquico en este caso.
Para fundamentar su solicitud, la defensora de García-Castellón se apoya en una reunión entre Leire Díez y el fiscal Ignacio Stampa, quien grabó la conversación sin conocimiento de Díez al sospechar de sus intenciones.
En dicha cita, que tuvo lugar en mayo de 2025, también estuvo presente el otro investigado en el caso Leire, el empresario Javier Pérez Dolset.
Este último expresó: «García-Castellón, en lo que a mí respecta, no tendrá un retiro tranquilo».
«En esa misma línea, no debe olvidarse que, según declaró el señor Stampa, en la mencionada reunión se vertieron acusaciones de gran gravedad contra García-Castellón», apunta el recurso.
«No se trataría simplemente de hablar mal, sino de atribuirle conductas gravísimas relacionadas con su función jurisdiccional y un procedimiento específico, con la finalidad de destruir su credibilidad y modificar escenarios judiciales», añade.
Antes de jubilarse, García-Castellón fue responsable de la instrucción del llamado caso Villarejo, en el que el excomisario Villarejo figura como investigado y el PSOE está personado como parte acusadora popular.
De hecho, el Partido Socialista aportó en ese procedimiento el audio mencionado sobre las saunas vinculadas a Sabiniano Gómez.
Sin embargo, EL ESPAÑOL publicó un fragmento del audio que el PSOE omitió en sus denuncias. ¿Cuál? La parte en la que el excomisario indica que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa misma Policía patriótica, dado que su suegro había almorzado previamente con ellos.
Por otro lado, como informó este diario, García-Castellón desestimó la teoría del complot policial contra el PSOE. En una resolución judicial, confirmó «los vínculos» entre Enrique García Castaño, otro integrante de la denominada Policía patriótica, y el suegro del presidente del Gobierno.
Además, en septiembre pasado, durante una entrevista televisiva, Leire Díez reconoció que, en 2017, Antonio Hernando y el actual ministro Óscar López, quienes entonces formaban parte de una candidatura rival a la de Sánchez, también intentaron obtener información sobre «las saunas del suegro» para usarla contra el presidente.