El organismo recordó al gobierno autonómico que el Reglamento europeo para el alquiler de corta duración prohíbe someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro
La Comisión Europea emitió un pronunciamiento directo respecto a la próxima Ley de Turismo Sostenible en Andalucía. Recordó a la administración autonómica que el Reglamento europeo para el alquiler de corta duración impide que una misma vivienda sea sometida a múltiples procedimientos de registro, sin importar el nivel administrativo involucrado.
Esta resolución afectó significativamente al marco jurídico español sobre el control del alojamiento turístico, estableciendo el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para suprimir cualquier duplicidad incompatible con la normativa comunitaria. Como indicó Silvia Blasco, presidenta de la Organización Patronal de Alquiler de Corta Estancia (Fevitur), “Europa no cuestiona la regulación ni el control del alojamiento de corta estancia, sino que España haya elegido la duplicidad administrativa en lugar de fomentar la coordinación y la interoperabilidad”.
Blasco también destacó que la decisión “desmonta de manera clara el sistema de control español basado en la acumulación de registros, ventanillas y cargas administrativas repetitivas que no garantizan eficiencia real”.
El sistema de vigilancia preventiva de la Unión Europea (TRIS) obliga a los países a notificar a Bruselas cuando pretendan aprobar normas que puedan influir en el mercado interior o en la libre prestación de servicios, especialmente en el ámbito digital. En este contexto, la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) solicitó la intervención de Fevitur para transmitir a la CE la necesidad urgente de pronunciarse acerca de la compatibilidad del modelo español con el reglamento europeo.
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Andalucía defiende su registro, creado antes que el nacional
Frente al anuncio de la Comisión, el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, afirmó que cuando una vivienda figura inscrita en el registro de la Junta de Andalucía, se trata de “un servicio turístico legal y, por ende, no puede ser declarado ilegal por ninguna administración que carezca de competencia”.
Respecto a los inmuebles que el Ministerio de Vivienda ordenó retirar de las plataformas, Bernal manifestó que el Gobierno ha generado una “gran incertidumbre” con el registro único de vivienda, el cual “excede sus competencias” y argumentó que “no delimita exclusivamente el alquiler de larga y corta duración, sino que también intenta atribuirse competencias sobre la vivienda turística”, que “es un servicio turístico”.
Además, el consejero andaluz criticó al Gobierno por instaurar un segundo registro “saltándose la reglamentación europea que estaba por entrar en vigor” y resaltó que el registro válido debe ser “el primero que estaba operativo” y dependiente de la administración competente en materia turística, es decir, la Consejería de Turismo de Andalucía.
Por su parte, Juan Cubo, presidente de Avvapro, señaló que esta resolución “confirma lo que defienden desde hace años: que no es aceptable imponer al sector duplicidades administrativas que solo generan inseguridad jurídica y excluyen del mercado a operadores plenamente legales”. Cubo subrayó que “ahora corresponde al Estado corregir esta duplicidad, y hacerlo mediante un diálogo efectivo con las comunidades autónomas y el sector”.
El plazo oficial marcado por la Comisión Europea fija el 20 de mayo de 2026 como fecha máxima para que España elimine las duplicidades administrativas en los registros de viviendas turísticas.