En 2023, Bruselas advirtió que la línea AVE Madrid-Sevilla presentaba deficiencias por antigüedad y destinó 111 millones de euros para su actualización.
El plan financiado preveía reemplazar raíles y traviesas, realizar mejoras estructurales y modernizar las instalaciones, aunque no se completaron todos los trabajos previstos.
Después del accidente en Adamuz, se conoció que no se efectuó el cambio de traviesas en el tramo afectado, incumpliendo un aspecto fundamental del proyecto.
Eurodiputados del PP han solicitado aclaraciones sobre el uso del dinero y advierten sobre posibles irregularidades y desvíos de fondos en las obras.
La Comisión Europea había mantenido más de dos años activas las alertas respecto al AVE Madrid-Sevilla.
En diciembre de 2023, Bruselas dictaminó que la línea estaba «desfasada frente al resto de la red española de alta velocidad».
Este informe oficial señalaba explícitamente la urgencia de modernizarla para adaptarse a «las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria» y a los «criterios de la red transeuropea de transporte».
En términos claros: el AVE Madrid-Sevilla no cumplía con los estándares actuales.
Seis meses más tarde, el 25 de junio de 2024, la Comisión concedió una subvención de 111.646.340 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la modernización de la línea. Formalmente, una medida coherente.
Los fondos fueron validados un mes después de concluir la obra de «renovación integral» de la línea, según Óscar Puente, ministro de Transportes. Sin embargo, la realidad fue distinta.
La actualización no fue completa y se desconoce el destino exacto de los fondos europeos, denuncian ahora tres eurodiputados del PP mediante un escrito dirigido al Ejecutivo europeo, según ha informado EL ESPAÑOL.
El proyecto europeo describía una intervención ambiciosa que incluía «el reemplazo de raíles y traviesas», reformas estructurales en puentes y túneles, estabilización de terraplenes y ajuste del sistema de drenaje.
De acuerdo con el documento oficial de la UE, también se contemplaba la renovación de edificios e instalaciones y la colocación de vallas perimetrales.
No obstante, el Gobierno confirmó el 29 de enero de 2026, apenas 11 días tras el accidente en Adamuz que causó 46 muertes, que durante los trabajos de modernización no se sustituyeron las traviesas en el tramo donde ocurrió el siniestro. Estas traviesas debían cambiarse conforme al proyecto financiado por Europa.
El Partido Popular respondió con una reacción política directa al núcleo de la gestión.
Los eurodiputados Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz presentaron una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea, solicitando aclaraciones sobre la concesión y el empleo de los fondos asignados al AVE Madrid-Sevilla.
La cuestión del dinero
Esta cuestión pone en aprietos a Puente y a Bruselas.
Primero: ¿cómo se usaron efectivamente los 111 millones de euros si no se cumplió un componente clave de los trabajos planificados?
Segundo: ¿consideró la Comisión europea el impacto que la obsolescencia de la infraestructura podría tener sobre la seguridad operativa de la línea antes de otorgar la subvención?
Además, el PP señala otro factor: varias empresas involucradas en el proyecto estarían presuntamente relacionadas con una trama de corrupción.
Esto provoca una tercera pregunta aún más delicada: ¿hubo malversación de fondos comunitarios?
Así lo expresa Zoido en sus declaraciones: «La gestión de los fondos europeos debe regirse por la máxima transparencia y enfocarse en proteger a los ciudadanos. Si una infraestructura financiada por la Unión Europea no se ejecuta según lo aprobado y resulta en una tragedia, es fundamental asumir responsabilidades».
Ahora el Partido Popular exige a la Comisión Europea que active los mecanismos de supervisión y auditoría necesarios.
También reclama garantizar la trazabilidad completa de la inversión de los 111,6 millones en un proyecto que, en la práctica, parece haberse realizado al gusto del financiador y no del pagador.
La línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, fue diseñada para velocidades de hasta 300 km/h. Ha sido durante más de treinta años un eje fundamental del transporte en el suroeste europeo.
Sin embargo, los avances tecnológicos en el sector ferroviario europeo la dejaron desactualizada. Bruselas ya lo detectó, evaluó y financió las reparaciones. Ahora queda por aclarar qué ocurrió con los recursos.