Asuntos Internos identificó la desaparición del documento que habilitaba su restitución.
El Ministerio del Interior bloqueó la vuelta del comisario principal sancionado por Fernando Grande-Marlaska debido a su postura respecto a la actuación de la Policía Nacional tras la publicación de la sentencia del procés en Cataluña en octubre de 2019, mediante una presunta acción que ahora investiga una jueza. Según un informe de Asuntos Internos presentado en sede judicial, esto se llevó a cabo eliminando un expediente favorable que autorizaba a Tomás González de la Oliva a continuar su trayectoria profesional acorde con su categoría, la de comisario principal, la más alta del Cuerpo, luego de haber sido degradado a un rango inferior por apoyar las actuaciones en Barcelona.
La juez que dirige la investigación de esta supresión ha iniciado diligencias por delitos como prevaricación, abuso de funciones públicas, acoso, incumplimiento en la custodia de documentos oficiales y atentado contra la libertad sindical, conforme a la documentación que tuvo acceso EL MUNDO. La querella está presentada contra el director general de la Policía, Francisco Pérez Pardo, y el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel Jiménez. Este último es el máximo mando del Cuerpo y un nombramiento de confianza hecho por Fernando Grande-Marlaska.
González de la Oliva fue removido de la jefatura de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) Central —adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial— el 20 de septiembre de 2021, meses después de manifestar su desacuerdo con el criterio del DAO respecto a la intervención policial para controlar los disturbios ocurridos en Barcelona tras el fallo emitido contra los líderes independentistas. Pasó de dirigir una unidad central a ocupar el puesto de coordinador zonal III en la Jefatura Superior de Madrid, posición que mantiene hasta la actualidad.
El comisario principal consideró que su carrera profesional se veía afectada, por lo que, tras un período, pidió la vacante de jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría General de Policía Judicial, dado que no estaba ocupada por un comisario principal, que es el requisito habitual. La Jefatura Superior de Policía de Madrid, a la que pertenecía por su nuevo destino, ordenó elaborar un informe favorable a su solicitud, según consta en la querella. Este informe era requisitado. No obstante, pocos días después se emitió otro dictamen en sentido contrario, seguido de un tercer informe negativo por parte de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Dirección Adjunta Operativa. «Los dos últimos informes no eran obligatorios».
La Jefatura de Madrid redactó su informe favorable el 12 de diciembre de 2022, pero «sorpresivamente, debido a un aparente desacuerdo de la Dirección General», cuatro días más tarde se emitió un informe desfavorable «y no obligatorio». El 20 de diciembre llegó un tercer informe, también en contra de la solicitud de González de la Oliva.
Al revisar su expediente en el Archivo Central de Personal y en el de la Secretaría General de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, constató que «ambos no contenían los mismos documentos, ya que no figuraba el primer informe favorable». Fue en ese momento cuando interpuso la querella, y la titular del juzgado de Madrid que instruye el caso solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía investigar esta desaparición.
La respuesta llegó el 11 de marzo de 2025. Asuntos Internos determinó que la huella digital del primer informe (el favorable a González de la Oliva) mostraba que, desde la Dirección General de la Policía, «se había accedido para borrar el documento». La Policía Nacional usa un sistema de Administración Electrónica, llamado REGPOL, por medio del cual se envían y registran todos los documentos de gestión de Recursos Humanos, incluidos los expedientes personales. Fue allí donde la juez ordenó realizar la búsqueda. «Se investiga qué funcionario o funcionarios de la Policía Nacional y otros organismos de la Administración consultaron el documento registrado en REGPOL» relacionado con el comisario González de la Oliva.
Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó al comisario principal y dictó una sentencia firme que concluye que la Dirección General de la Policía le causó perjuicio. «Le ha restrigido su derecho a la carrera horizontal» y sostiene que González de la Oliva «se ve obligado, de manera injusta e ilegal, a permanecer indefinidamente en un puesto inferior a su cualificación».
La resolución condena a la Dirección General, que «incurre en una clara irregularidad», a reinstalarlo en su categoría profesional de comisario principal. Todas las grandes unidades de investigación de la Comisaría General de Policía Judicial están reservadas para comisarios principales y poseen niveles 29 y 30 asignados. «Se le mantiene contra su voluntad en un puesto nivel 28 en comisión de servicios desde 2021, habiendo superado ampliamente el tiempo máximo permitido para esta modalidad, pese a que podría acceder como titular a cualquiera de las numerosas vacantes de nivel 29 en caso de que se convocaran».