Presenta un escrito en el Supremo donde niega que se hayan vulnerado los derechos del ex fiscal general del Estado
La defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes un escrito en contra de la nulidad de actuaciones que promovieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, representando al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.
En el documento enviado al Tribunal Supremo, al que EL MUNDO ha tenido acceso, el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza que la condena por un delito de revelación de datos reservados constituya una vulneración de los derechos de García Ortiz a la libertad de expresión, al principio acusatorio, a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías.
González Amador argumenta que la solicitud de nulidad de la sentencia condenatoria formulada por García Ortiz equivale a reconocer que «el deber de reserva (garantía de la integridad de los derechos fundamentales de los ciudadanos que intervienen en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal) admite modulaciones o interferencias basadas en otro derecho inexistente: la posibilidad de exponer públicamente (libertad de expresión institucional) total o parcialmente aquello que los fiscales conozcan en el ejercicio de sus funciones, afectando derechos fundamentales de quienes están sujetos a su actividad jurisdiccional».
En esta misma línea, la pareja de Ayuso —querellante y acusación particular en el proceso penal— sostiene que sería «inadmisible en un Estado de derecho que el Ministerio Fiscal quedase eximido del deber de reserva y confidencialidad en asuntos donde intervenga, aun cuando se trate de un caso de relevancia pública. También resulta paradójico que, por primera vez en el procedimiento, se invoque el derecho a la libertad de expresión personal del señor Álvaro García Ortiz como causa eximente para protagonizar, sin condena, los hechos probados y, al mismo tiempo, como víctima de la sentencia».
Por otro lado, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han solicitado a la Sala que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta revocar la sentencia que impuso a García Ortiz una multa de 7.200 euros y la inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal general del Estado durante dos años. Asimismo, la Sala ordenó que pagase una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador por daños morales como responsabilidad civil.
Mientras tanto, García Ortiz ya ha abonado los 17.200 euros correspondientes a la sanción económica impuesta por el Alto Tribunal. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), colectivo que presidió y en el que fue portavoz el ex fiscal general, lanzó una campaña para colaborar en «el pago de las responsabilidades económicas derivadas». Hace pocos días, la asociación comunicó que había reunido «completamente el importe necesario» para cubrir dicha sanción.
El incidente de nulidad de actuaciones constituye el paso previo para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
La Sala Penal determinó como probado que fue el entonces fiscal general, o alguien cercano a él y con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo con la confesión del empresario Alberto González Amador. Igualmente, el Supremo sostuvo que la nota informativa que García Ortiz ordenó difundir, donde se recogía la propuesta de conformidad de la pareja de Ayuso sobre dos delitos fiscales, «consolidó» la filtración comenzada con el correo.