El PP señala al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar alterar el padrón electoral mediante la regularización masiva de inmigrantes y la ley de nietos.
De acuerdo con el PP, la concesión de la nacionalidad a través de la ley de nietos y la regularización podría sumar más de dos millones de nuevos votantes a medio plazo.
La formación popular critica que estas medidas se hayan aprobado por decreto y advierte que los requisitos para la regularización son insuficientes.
Feijóo trasladará la controversia sobre la regularización masiva a Europa, subrayando la preocupación por la ausencia de criterios individualizados conforme a las exigencias de la UE.
El Partido Popular ha intensificado notablemente sus objeciones a la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez. La cúpula del PP ha pasado de cuestionar el procedimiento y los criterios a acusar al PSOE de practicar «clientelismo político».
Según Génova, el líder socialista pretende «modificar el censo electoral a medio plazo» mediante la incorporación de «más de dos millones de nuevos votantes», a través del decreto y las implicaciones de la llamada ley de nietos.
Hasta ahora, el PP había centrado sus críticas en aspectos formales y técnicos.
Alberto Núñez Feijóo acusó el lunes a Sánchez de «premiar la ilegalidad», pero criticó principalmente que la medida se aprobara por real decreto, «sin pasar por el Congreso». Denunció que los criterios fueron «insuficientes», limitándose a exigir «no tener antecedentes penales» cuando el PP también demanda el control de antecedentes policiales.
El líder popular también reprochó que la fecha límite de residencia, 31 de diciembre de 2025, fuese más amplia que la que proponía la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2024, que establecía el límite en diciembre de 2021.
Asimismo, cuestionó el momento político del anuncio, interpretándolo como un intento de «desviar la atención» de la crisis ferroviaria ocasionada por los trágicos accidentes de Adamuz y Gélida.
¿Con intención deliberada?
Fuentes de la dirección popular afirman que «el Gobierno otorgará la nacionalidad española de origen a cerca de 2,5 millones de personas» mediante la llamada ley de nietos, que es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Esta norma concede la nacionalidad española a «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originalmente fueron españoles, y que, a causa de haber sufrido exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación e identidad sexual, perdieron o renunciaron a la nacionalidad española».
La nacionalidad es de origen, no basada en residencia, lo que otorga plenos derechos inmediatos, alterando así el censo de españoles residentes ausentes (CERA).
Adicionalmente, la regularización de «casi 800.000 personas» modificaría el censo municipal. El PP maneja una cifra superior a la estimada por la ministra portavoz, Elma Saiz, que calculó «unas 500.000 personas».
Los dirigentes populares aseguran que estos cambios impactarán inmediatamente en los derechos electorales: quienes obtengan la nacionalidad según la ley de nietos «podrán votar en todas las elecciones, salvo municipales«.
Los regularizados procedentes de los 13 países con convenios de reciprocidad «podrán ejercer su voto en elecciones municipales«. Además, quienes provengan de Iberoamérica, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial o tengan origen sefardí, «tras dos años podrán solicitar la nacionalidad y votar en todo tipo de elecciones«.
La dirección del PP sostiene que «el PSOE realmente pretende alterar el censo electoral a medio plazo y promueve el clientelismo político mediante el BOE». Esta acusación implica una intención deliberada de modificar la composición del electorado a través de procedimientos administrativos.
Cifras y plazos
No obstante, expertos consultados consideran que estas afirmaciones requieren comprobación, especialmente en cuanto a las cifras y los plazos legales.
La Ley de Memoria ha generado 2,3 millones de solicitudes, según datos de la Comisión de Ciudadanía Española en el Exterior. De esas, solo se han concedido 237.145 nacionalidades hasta septiembre de 2025.
El plazo para solicitar terminó el 22 de octubre de 2025 y, al ritmo actual, la resolución administrativa de todas las solicitudes tomaría una década.
En cuanto a la regularización, la cifra de 800.000 beneficiarios atribuido por el PP está basada en estimaciones de Funcas sobre el total de personas en situación irregular en España al 1 de enero de 2025.
Según estas fuentes, no todos los posibles beneficiarios cumplirán los criterios formales. Aunque es cierto que cuando el PP apoyó tramitar la ILP en 2024 ya se estimaban más de 750.000 personas favorecidas.
Respecto al impacto electoral inmediato, las normativas señalan un plazo superior al llamado «medio plazo».
Para votar en elecciones municipales, los extranjeros regularizados necesitarán, después del trámite, acumular cinco años más de residencia legal continua, lo que sitúa su voto municipal a partir de 2031 como mínimo.
Además, para votar en municipales deben pertenecer a los 13 países con convenio de reciprocidad con España. Es decir, países como Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido o Trinidad y Tobago.
No obstante, es cierto que, en apenas dos años, quienes sean naturales de Latinoamérica, Andorra, Portugal, Guinea, Filipinas o tengan origen sefardí podrán obtener la nacionalidad española, disfrutando así de todos los derechos legales, incluyendo sufragio activo y pasivo.
Existe también una contradicción en los argumentos del Ejecutivo.
Cuando los socialistas critican al PP por sus reservas ante la regularización, acusándolos de «racismo», a pesar de que el 90% de los beneficiarios son latinoamericanos y no magrebíes, lo que en realidad indicaría que podrían incorporarse cientos de miles de nuevos votantes al censo para 2028.
Feijóo lleva la controversia a Europa
Este fin de semana, Feijóo se desplazará a Zagreb. El líder del PP presentará la regularización masiva en el encuentro de líderes del Partido Popular Europeo, que tendrá lugar este viernes y sábado en la capital croata.
Fuentes del PP indican que Feijóo hará hincapié en «la preocupación que suscita en Europa la propuesta de regularización masiva». El político gallego destacará la necesidad de que se base en «criterios individualizados y condicionados», conforme a los Pactos de Migración y Asilo de la UE.
El presidente del PPE, Manfred Weber, ya criticó este miércoles en Bruselas que la regularización planteada por Sánchez «se implementa ignorando el debate parlamentario y siguiendo criterios contrarios a los establecidos en la UE«.
De hecho, los eurodiputados del PP han presentado una serie de preguntas por escrito ante la Comisión Europea, a las que ha tenido acceso este diario.
En dichas preguntas, cuestionan si España ha informado debidamente sobre la medida, conforme a obligaciones de cooperación leal en Schengen.
También preguntan si «una regularización general cumple con las conclusiones del Consejo Europeo, que exigen criterios individualizados«. Y si la Comisión mantiene la postura de que «las regularizaciones generalizadas pueden fomentar la migración irregular» y no deberían considerarse «herramientas estructurales para la gestión migratoria».