El Consejo de Obras Públicas ha señalado que habitualmente existen inconsistencias entre los pliegos técnicos y otros documentos en contratos de obra pública, considerándolas un origen recurrente de incidencias.
Estas alertas adquieren especial importancia tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, donde se detectó una incongruencia entre el pliego y la normativa de Adif relativa a la soldadura de vías.
El Consejo critica la carencia de investigaciones exhaustivas sobre la procedencia de materiales y la falta de análisis geotécnicos adecuados, indicando que esto genera fallos técnicos y la necesidad de implementar medidas correctivas durante las obras.
Asimismo, se resalta la insuficiencia en la supervisión y mantenimiento externalizados, junto con la opacidad en la información técnica sobre infraestructuras proporcionada por el Ministerio de Transportes.
El Consejo de Obras Públicas, organismo colegiado adscrito al Ministerio de Transportes, ya había advertido en septiembre de 2025 que las «discrepancias en la documentación contractual» eran una «frecuente causa de incidencias» en el desarrollo de contratos de obra pública.
Las contradicciones a las que se refiere se presentan «entre el pliego de prescripciones técnicas particulares y otros documentos del proyecto».
Así se expone en su memoria anual más reciente, correspondiente al año 2024. En ella, este órgano asesor del Ministerio de Transportes solicita una «exigencia máxima» en la elaboración de proyectos de obra para «eludir problemas técnicos, económicos, de seguridad e incluso jurídicos».
Estas advertencias adquieren un significado particular tras el accidente ferroviario en Adamuz, que causó 46 víctimas fatales, la última registrada este viernes.
Tal como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, existía una clara discrepancia entre el pliego de condiciones y la normativa de Adif sobre la soldadura de vía que provocó el accidente en Adamuz.
Mientras que el pliego establece que la soldadura entre carriles con diferente «rango de dureza» debe realizarse con el material más duro, la normativa general de Adif indica que al «soldar carriles de diferente grado de acero», «se debe utilizar la carga del acero de menor grado».
Fuentes del Ministerio de Transportes confirmaron luego que durante la ejecución se corrigió lo estipulado en el contrato y que la soldadura implicada en el accidente cumplía con la norma, apuntando así a un fallo en el pliego.
Entre otras recomendaciones de la memoria del Consejo de Obras Públicas, destaca que el Ministerio no realizó en numerosos expedientes de contratación una investigación detallada sobre el origen de los materiales empleados en infraestructuras ni un análisis geotécnico suficiente.
El órgano consultivo señala que esta situación es una «frecuente causa de incidencias en la ejecución de contratos de obras».
En concreto, se observa que «con frecuencia se generan incidencias debido a la carencia de definición del anejo geotécnico», documento técnico obligatorio en proyectos de ingeniería que, mediante estudios de laboratorio, examina las características del terreno.
Según el Consejo, esto acostumbra a derivar en la necesidad de adoptar acciones correctivas durante la realización de la obra pública.
El Consejo también opina que los pliegos relacionados con contratos de mantenimiento y conservación de infraestructuras «deben detallar con la mayor precisión posible las obligaciones de vigilancia que corresponden al contratista, según las características funcionales y estructurales previstas en la normativa técnica y de seguridad».
En esta línea, la eficacia de externalizar servicios de vigilancia, mantenimiento u otros a terceros ha sido objeto de cuestionamientos respecto a la gestión del ministro Óscar Puente, responsable de la cartera de Transportes.
La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) manifestó en su último informe que delegar el mantenimiento de las vías mediante contratos externos compromete tanto la seguridad como la eficacia en su supervisión.
El organismo señaló que, con frecuencia, estos contratos no contemplan los aspectos de seguridad necesarios, debilitando así el control de riesgos por parte de las empresas ferroviarias.
En línea con las conclusiones de la AESF, el Consejo de Obras Públicas indica que es habitual que, dentro del proyecto y ejecución de contratos de obra pública, se contrate una dirección facultativa para la supervisión y control de las obras.
No obstante, manifiesta que no se ha evaluado la efectividad de delegar estas tareas a terceros en lugar de realizarlas con recursos propios de la Administración, señalando que «la Administración debería establecer medidas de control que garanticen total fiabilidad».
Respecto al mantenimiento y vigilancia de labores de conservación, el Consejo también emite una valoración negativa en los expedientes de contratos de la red de carreteras, destacando que «con frecuencia se detectan deficiencias, carencias, imprecisiones o, en algunos casos, incluso contradicciones» en estas tareas.
«Estas circunstancias pueden considerarse propias de un mantenimiento ordinario que, por lo general, deberían advertirse durante las inspecciones de vigilancia, y cuyo incumplimiento puede interpretarse como una práctica contraria a los estándares de conservación adecuados», afirma.
Además, el Consejo ha constatado que en algunos informes elaborados por los órganos que intervienen en el expediente «no se justifica con el rigor debido el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos».
Por otra parte, el Consejo advierte al Ministerio de Transportes que parte de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial —es decir, en casos en que la Administración haya incurrido en negligencia— «tienen su origen en proyectos de calidad insuficiente y sin replanteamientos suficientemente rigurosos«.
El 53% de los expedientes evaluados corresponden, efectivamente, a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, evidenciando, según el Consejo, la necesidad de una gestión adecuada en conservación y mantenimiento.
Adicionalmente, el Consejo indica que existe una «descoordinación» con otras administraciones o entidades, como la ausencia de informes o autorizaciones respecto a afecciones, particularmente en materia medioambiental, lo que sucede en plena defensa gubernamental de la Agenda 2030.
Finalmente, reprocha al Ministerio de Transportes la falta de transparencia en la información técnica esencial sobre las infraestructuras, señalando que «no está accesible para la ciudadanía», lo que representa un incumplimiento de sus responsabilidades como departamento ministerial.