José Luis Ábalos ha reclamado una indemnización que podría alcanzar los 80.000 euros tras su cese como diputado, aunque fuentes parlamentarias calculan que la cantidad real podría ser menor, rondando los 52.000 euros.
La resolución sobre si Ábalos percibirá dicha indemnización depende de la Mesa del Congreso y de los informes legales, dado que no hay precedentes en una situación similar.
Ábalos renunció a su escaño, beneficiando así al PSOE en la aritmética del Parlamento, lo que facilitó que Sánchez obtuviera la mayoría con la abstención de Junts.
Con más de 40 años de cotización, Ábalos tiene derecho a la pensión máxima y ha expresado su inquietud por su estado económico tras la pérdida de sus ingresos y derechos como diputado.
En su última publicación en Twitter, José Luis Ábalos afirmó que, ante la falta de ingresos y protección social, se ha visto obligado a «optar por la jubilación», aunque esto aún no está confirmado.
Quien fue diputado por Valencia durante 16 años (del 2009 al 2025) pretende recibir por cada año trabajado 5.000 euros, cantidad que recibía mensualmente cuando presidía una comisión parlamentaria. Según personas cercanas, esto supondría casi 80.000 euros.
No obstante, fuentes parlamentarias reducen la posible compensación a una mensualidad del sueldo base (3.236,32 euros) por cada año en el Congreso, sumando aproximadamente 52.000 euros.
La Mesa decidirá este asunto basándose en los dictámenes jurídicos de los letrados.
A finales de noviembre, antes de su ingreso en prisión, la Presidencia del Congreso advirtió que, de no renunciar a su escaño, Ábalos tendría dificultades para reclamar la llamada «indemnización por cese», ya que perdería sus derechos como diputado al estar encarcelado.
Se amparaban en el artículo 21.2 del Reglamento, que establece que «la suspensión implica la pérdida de prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo».
Efectivamente, en parte, Ábalos no ha cobrado su salario como diputado del Grupo Mixto ni ha tenido derecho a votar, por ejemplo, en la sesión del decreto ómnibus celebrada este martes.
Durante casi dos meses, con poca actividad parlamentaria, el PSOE ha contado con un voto menos, lo que impidió avanzar cualquier iniciativa sin el respaldo de Junts.
Con su renuncia ahora, la situación beneficia a los socialistas, quienes solo necesitan el apoyo de sus socios habituales y la abstención de los siete diputados de Carles Puigdemont.
Cambio tras el acercamiento
Esta modificación en la postura de Ábalos también ha alterado la percepción en el entorno de Francina Armengol, donde ya no descartan que pueda recibir la indemnización por cese.
Fuentes parlamentarias indican que el exdiputado ha planteado esta solicitud, aunque la decisión queda a criterio de los letrados, dado que no existen casos similares y el asunto admite varias interpretaciones.
«Debe analizarse desde el punto de vista jurídico, siendo la primera vez que un diputado suspendido de sus funciones y derechos solicita esta indemnización», señalan desde el entorno de la presidenta de la Cámara Baja.
Coinciden fuentes legales consultadas, afirmando que la «indemnización es por la pérdida de derechos económicos», pero subrayan que «en este caso ya no contaba con esos derechos debido a la suspensión». «Claramente no está contemplado en la normativa», concluyen.
No se prevé una resolución inmediata. Desde la Mesa del Congreso indican que «siempre tarda en responderse al diputado que abandona su cargo» y, en esta ocasión, al depender del informe de los letrados, el proceso probablemente se demorará aún más.
Ábalos, de 66 años, ha cotizado más de 40 años y tiene derecho a la pensión máxima: 2.700 euros netos mensuales en 14 pagas.
Su principal preocupación desde hace meses ha sido la económica, según ha expresado públicamente.
Tras salir del Gobierno, Sánchez lo nombró presidente de la Comisión de Interior. Ejerció el cargo hasta que estalló el caso Koldo, momento en que abandonó el PSOE y se integró en el Grupo Mixto.
Su salida de la presidencia conllevó la pérdida de un complemento anual de 22.000 euros, quedando con el sueldo base de 3.142 euros más una indemnización por desplazamiento de 2.018 euros mensuales por representar una circunscripción distinta a Madrid.
Incluso su entorno reconocía que tenía dificultades para sufragar los gastos de sus abogados, lo que le llevó a renunciar en alguna ocasión a su defensa y a solicitar un letrado de oficio ante el Supremo.