Moncloa anticipa avances en la relación con Junts tras el acuerdo migratorio con Podemos: «Las piezas del puzzle empiezan a encajar»

Belarra y Montero manifiestan su voluntad de negociar la transferencia de competencias a Cataluña

Los diputados de Junts Miriam Nogueras y Josep Maria Cruset.

Desde casi el momento en que se conocieron los resultados electorales, la legislatura se convirtió para el Gobierno en un cubo de Rubik, un rompecabezas casi irresoluble donde al encajar una pieza, otra se desajustaba. Hasta ahora. Tras más de dos años realizando ajustes para que el trabajo realizado no se desplomara, creen que el rompecabezas comienza a tomar forma. «Las piezas están encajando», señalan fuentes gubernamentales. En el Ejecutivo reina un optimismo motivado por el acuerdo con Podemos para regularizar a medio millón de inmigrantes en situación irregular, lo que abre una puerta para retomar el diálogo con Junts e incluso aprobar el traspaso de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. «Sí, esto lo facilita», afirman con contundencia desde el Gobierno. Además, consideran que puede ser un «paso positivo» hacia la consecución de los Presupuestos. «Nosotros los vamos a presentar», insisten.

«Esto es un rompecabezas y parece que las piezas encajan», es la comparación que utilizan en el Ejecutivo para describir la situación actual. La mayoría que respalda a Sánchez se ha visto debilitada por los escándalos de corrupción y acoso sexual que afectaron al PSOE y al Gobierno a finales del año pasado. Como un jarrón roto, La Moncloa ha recurrido a concesiones para reconstruirlo pieza a pieza. Siempre recurriendo al mismo método: ofrecer una concesión al socio y otorgar protagonismo a los partidos para que sean ellos quienes anuncien el avance y así puedan capitalizarlo.

Tomaron la pieza de EH Bildu y la consolidaron al concederles la prórroga de la prohibición de desahucios para familias vulnerables hasta 2026. A continuación, fue el turno de ERC con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que incluye la ordinalidad exclusiva para Cataluña, entre otras cuestiones. En cuanto al PNV, una pieza siempre reservada con cuidado, se le ha otorgado 12 transferencias durante esta legislatura y Sánchez se comprometió ante el lehendakari Imanol Pradales a alcanzar un «acuerdo político» para el traspaso de competencias de los aeropuertos antes de la Semana Santa. «No es sencillo», reconocen desde el Gobierno.

Podemos, que durante mucho tiempo fue una pieza fuera del ámbito de gobernabilidad, se reincorpora al jarrón con una regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes.

Sin embargo, todavía falta una pieza para completar el rompecabezas y restaurar el jarrón: Junts. Los independentistas catalanes volvieron a marcar distancia ayer al votar junto a PP y Vox para tumbar el decreto social ómnibus del Gobierno que, entre otras medidas, incluía la revalorización de las pensiones. La prórroga de la prohibición de desahucios por impagos del alquiler es la razón principal del voto en contra de Junts, así como del PP y Vox. No obstante, en esa aparente oscuridad que trasladan oficialmente tanto desde Moncloa como desde Junts, emerge un rayo de esperanza: Podemos, por increíble que parezca.

Los morados, distanciados del Ejecutivo desde hace tiempo, retornaron a la mayoría gracias a un pacto que constituye un gesto de La Moncloa. El real decreto para proceder a la regularización exprés no requería el aval del Congreso ni la aprobación de ninguna formación, bastando la decisión unilateral del Ejecutivo. Pero Sánchez optó por contar con Podemos en una cuestión que también es una reivindicación de otras formaciones como Sumar, su socio de coalición. Ese acuerdo supone un pequeño avance para recomponer el rompecabezas, el jarrón.

Dos figuras críticas con el Gobierno como Ione Belarra e Irene Montero han actuado en las últimas horas como portavoces e incluso mediadoras entre el Ejecutivo y Junts, enviando mensajes codificados para ser interpretados por los independentistas catalanes. Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, encendió una luz de optimismo en el Ejecutivo al asegurar que su pacto con los socialistas implicaba «algo a cambio». No aportó más detalles, pero la reflexión ya supone un avance. Los morados fueron quienes provocaron la caída en el Congreso del traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, al calificar el texto acordado entre Sánchez y Puigdemont como «racista».

Sin embargo, las dos dirigentes de Podemos mostraron ayer su disposición a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña si se modifica el texto, especialmente el preámbulo, donde se señalan expresiones que consideran racistas. «Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos para negociar un texto modificado, que no contenga ningún contenido racista»; «Siempre hemos estado abiertas a esa delegación de competencias, pero sin racismo».

La delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno con Puigdemont. Se trata de una de las cuestiones pendientes que los independentistas reprochan a Sánchez para no apoyar sus medidas. «Este Gobierno cumple sus acuerdos», insisten desde La Moncloa.

«Estamos generando espacios de confianza y diálogo para que las diferentes fuerzas políticas puedan alcanzar acuerdos». Ese espacio podría abrirse cediendo ante una formación como Podemos, para que esta a su vez acceda con otra como Junts. Una cadena de concesiones en la que el Gobierno es siempre quien transige, con el objetivo de sostener el Ejecutivo.

Aprovechando esta coyuntura, Pradales, durante su visita a La Moncloa, solicitó al presidente del Gobierno más competencias en materia de inmigración, siguiendo el ejemplo de Cataluña, y la participación de la Ertzaintza en los procesos de expulsión de inmigrantes. «No disponemos de herramientas para gestionar el fenómeno migratorio».

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