Se somete a audiencia pública la propuesta para modificar el Reglamento de Extranjería, aclarando las dudas relativas a los antecedentes y al proceso de tramitación del asilo.
El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo correspondiente a la regularización exprés aprobada este martes en el Consejo de Ministros, después del acuerdo con Podemos, que la normativa no afecta a la competencia, ni incrementa la carga administrativa para las empresas, ni repercute en los presupuestos públicos. Pese a esas tres afirmaciones, el análisis económico prevé un impacto positivo basado en la afiliación a la seguridad social y la incorporación al mercado laboral de personas extranjeras, aunque no se menciona el aumento de competencia en empleos de baja cualificación donde los sueldos medios bajos podrían verse afectados.
El documento, que acompaña la propuesta de modificación del Reglamento de Extranjería y ha sido remitido a audiencia pública, especifica que, debido a su trascendencia económica, el proyecto se someterá a revisión por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El Ejecutivo estima que la regularización alcanzará a más de 500,000 personas, lo que genera una gran demanda de solicitudes. Según la memoria, su tramitación corresponderá a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería. Para evitar la saturación del servicio, la ministra portavoz y encargada del área, Elma Saiz, señaló en la rueda de prensa del martes que el procedimiento podría realizarse tanto de forma telemática como en oficinas de la seguridad social, delegaciones y subdelegaciones.
Por otra parte, la memoria subraya que esta norma «queda integrada dentro del ordenamiento jurídico vigente en materia de extranjería», en consonancia con el derecho comunitario europeo. Sin embargo, la medida entra en conflicto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo en 2024, que entrará en vigor en junio del presente año.
Aclara incertidumbres
La propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones despeja las dudas surgidas tras las declaraciones hechas por la secretaria política y la secretaria general de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, respectivamente, sobre el acuerdo.
En cuanto a los antecedentes penales «relevantes» mencionados por Montero el lunes, el proyecto establece que tanto quienes soliciten asilo como quienes no lo hagan deberán «no poseer antecedentes penales en España ni en los países en los que hayan residido durante los cinco años previos a su entrada en España». Cuando los antecedentes puedan cancelarse, se procederá a dicha cancelación.
Además, deberán demostrar que no constituyen una amenaza para «el orden público, la seguridad o la salud pública», que no tienen prohibida la entrada en territorio español y que «no constan como rechazable en países con convenio firmado con España al respecto». Tampoco serán admitidas las solicitudes si el interesado está dentro del plazo de compromiso de no retorno a España.
Excepcionalmente, si tras un mes el solicitante no obtiene el certificado de antecedentes penales de la autoridad correspondiente, «el Gobierno podrá solicitar la información necesaria» al organismo pertinente. Si no se logra conseguir, se informará al interesado, quien tendrá que presentar una «declaración responsable sobre la inexistencia de antecedentes penales». En este supuesto, se considerará que «el interesado no posee antecedentes».
Asimismo, en el caso particular de los solicitantes de asilo, el texto estipula que «la presentación de la solicitud [de regularización extraordinaria] implicará la parálisis con suspensión de cualquier plazo pendiente ligado a otras solicitudes de protección internacional».