En el último instante, el PP decidió respaldar su tramitación para abril de 2024, mientras que Vox permaneció en oposición con un voto en contra.
La reacción de la oposición al pacto firmado entre el Gobierno y Podemos para llevar a cabo una regularización extraordinaria de más de 500,000 inmigrantes no tardó en llegar. Ninguna de las fuerzas políticas de la derecha española acogió favorablemente la propuesta acordada entre La Moncloa y el partido morado.
«En la España socialista, se premia la ilegalidad», expresó en sus redes sociales el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien «la política migratoria de Sánchez resulta tan irracional como la ferroviaria». En esta línea, el líder popular criticó que el gabinete de Pedro Sánchez promueva esta medida apenas una semana después de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que causaron víctimas fatales. «Hasta 46 fallecidos. Cientos de heridos. Ninguna renuncia. Y la primera reacción de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y saturar nuestros servicios públicos», reprochó Feijóo.
El acuerdo entre el Gobierno y Podemos favorecerá a los inmigrantes que puedan demostrar que estuvieron en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que no cuentan con antecedentes penales «relevantes». Sin embargo, según fuentes populares, esta iniciativa es una «cortina de humo para evitar hablar del accidente de Adamuz»: «Sánchez intenta cambiar el foco con urgencia y lo hace abriendo masivamente un real decreto de regularización sin control ni garantías».
Las mismas fuentes del PP critican también la esencia de la medida que aprobará el Consejo de Ministros mañana: la regularización de inmigrantes. «La nacionalidad y residencia españolas se ganan, no se conceden gratuitamente», expresan, acusando al Gobierno de «transmitir un mensaje negativo» y de «consolidar un modelo que ni ordena la inmigración ni protege la convivencia». «Entregar papeles sin asegurar un futuro es una irresponsabilidad», aseveran, «debido a que provoca fractura social, quiebra la convivencia en barrios completos y fomenta comunidades paralelas donde se pierde la referencia común de normas, cultura y sentido de pertenencia».
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó a «tirano Sánchez», afirmando que “odia al pueblo español” y “quiere reemplazarlo”. «Pretende fomentar el efecto llamada vía decreto para acelerar la invasión. Es necesario detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración», explicó Abascal en su publicación.
Esta formación de la derecha más dura quedó en solitario con el voto negativo a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicitaba esta medida y que desde el último debate, el 13 de junio, permanece estancada en el Congreso.
En esa misma línea, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, destacó en una publicación en X que «Vox es el único partido que rechaza estas regularizaciones masivas», en referencia a dicha votación, «mientras todos los demás grupos (desde el PP a Bildu) se pusieron de acuerdo para regularizar inmigrantes ilegales sin criterio como si pudiéramos acoger a medio mundo».
Asimismo, aseguró que el pacto se ha firmado «para comprar votos, porque saben que han perdido la confianza de los españoles debido a sus casos de corrupción y mala gestión, pero las consecuencias son aún más graves y las sufrimos todos».