Sánchez acuerda una regularización con Podemos que esquiva el respaldo del Congreso. Será necesario acreditar una estancia previa al 31 de diciembre. Funcas estima que para 2025 habrá 840.000 personas en esta situación.
El 60% de los inmigrantes en situación irregular que residen en España podría regularizar su situación administrativa conforme al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. De las 840.000 personas sin documentación que habitaban en España al 1 de enero de 2025, según un informe de Funcas publicado ayer, más de 500.000 serían beneficiadas por esta medida, la cual no requerirá el aval del Congreso de los Diputados para su implementación.
Esta medida, cuya tramitación será aprobada hoy por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros, beneficiará a todas las personas que puedan demostrar su estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y residan en el país al menos cinco meses. Para acreditar esta última condición, serán válidos documentos como el padrón, justificantes de envío de remesas, billetes de transporte o certificados médicos. Los posibles beneficiarios podrán acogerse a la regularización hasta el 30 de junio próximo.
Desde la presentación de la solicitud, se suspenderán los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión motivadas por razones administrativas o por trabajar sin permiso que puedan pesaren contra la persona. Al admitir la solicitud, se otorgará una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar legalmente y acceder a servicios como la asistencia sanitaria.
De acuerdo con Funcas, la estimación de inmigrantes irregulares corresponde a un periodo anterior a la modificación del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo pasado, por lo que, en principio, la cifra de «irregulares» podría haberse reducido, aunque consideran que aún es «temprano» para evaluar sus efectos. En cualquier caso, el think tank destaca en su informe «la limitada planificación de la política migratoria española, sin una estrategia definida sobre el número de inmigrantes recibidos ni sobre sus perfiles».
El respaldo a Podemos responde a las demandas que esta formación ha dirigido al Ejecutivo desde septiembre de 2025, instándole a replicar la fórmula del real decreto empleada en 2005 por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió la regularización de 565.121 personas, casi el 82% de las que lo solicitaron. En esta ocasión, el Gobierno de Pedro Sánchez activará el mismo procedimiento para resolver la situación administrativa de más de medio millón de inmigrantes.
Así lo anunció ayer la secretaria política de Podemos, Irene Montero, durante un mitin en Madrid donde la formación celebró la aprobación de una iniciativa que originalmente contó con el apoyo de la ciudadanía -700.000 firmas- a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que llevaba más de un año y medio bloqueada en el Congreso. Tras las negociaciones con Podemos, el Gobierno de Pedro Sánchez afirmó ayer que promoverá esta medida «con el propósito de garantizar derechos y aportar seguridad jurídica a una realidad social existente».
No solamente eso: este acuerdo responde a la necesidad de Pedro Sánchez de reforzar una mayoría parlamentaria que permita superar la parálisis en la que se encuentra el Ejecutivo. En este sentido, el pacto forma parte de la estrategia diseñada en Moncloa para fortalecer el bloque de gobernabilidad, una táctica que también consiste en permitir que sus socios reconozcan estas concesiones como logros propios. Así ocurrió con ERC y la financiación singular, con el PNV y las transferencias a Euskadi y, ahora, con Podemos y la regularización.
No es un asunto menor: al inicio del curso político, la regularización extraordinaria fue una de las grandes demandas de Sumar, socio minoritario del Gobierno, actualmente en disputa debido al desgaste en el liderazgo político de Yolanda Díaz.
Desde la perspectiva de la formación morada, «mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad únicamente genera mayor explotación laboral, fortalece a quienes sacan provecho de la existencia de trabajadores sin derechos y alimenta el odio y la exclusión, porque cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha gana terreno», señalaron ayer.