Irene Montero confirma que Podemos está dispuesto a dialogar sobre la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña, ajustando el texto pactado entre PSOE y Junts.
La regularización extraordinaria permitirá que más de 500.000 migrantes presenten su solicitud para obtener su situación legal entre abril y junio de este año, si cumplen requisitos como no tener antecedentes penales y acreditar residencia.
El acuerdo con el PSOE incorpora una contraprestación que Podemos mantiene confidencial a petición de los socialistas, pero que facilitó esta regularización de migrantes.
La regularización será aprobada mediante real decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso, e incluirá derechos para los menores acompañantes de los solicitantes.
La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, confirmó este martes que su partido está dispuesto a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, modificando el texto acordado entre PSOE y Junts una vez aprobada la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes acordada con los socialistas.
Montero indicó que el pacto con el PSOE para regularizar a personas migrantes incluye una contraprestación que deberá asumir Podemos y que no ha sido revelada.
«Es evidente que existe una contraprestación, seamos sinceras, pero el PSOE nos ha pedido discreción al respecto. La respetaremos ya que forma parte del acuerdo que permitió alcanzar esta regularización», afirmó en una entrevista en Ser Catalunya.
Sin ofrecer más datos, la dirigente de Podemos aclaró que esta regularización es uno de los aspectos que la formación considera «esencial» para que la transferencia de inmigración no fomente racismo ni violencia institucional contra migrantes.
Una clara alusión a Junts, a quienes Ione Belarra calificó de «racistas» por el contenido de la propuesta para transferir a Cataluña competencias en inmigración, que PSOE y Puigdemont presentaron en el Congreso en septiembre y que Podemos rechazó.
Podemos dispuesto a dialogar
Ahora, solo meses después, Irene Montero abre la puerta a dialogar sobre la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, «ajustando» el texto que acordaron PSOE y Junts, para que «carezca de contenido racista», tanto en la exposición de motivos como en el articulado.
También afirmó que la posición contraria de Podemos no es definitiva: «Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado para eliminar cualquier contenido racista».
Y haber alcanzado un acuerdo de regularización con el PSOE puede facilitar el proceso: «Antes de discutir competencias, había que asegurar derechos. Antes de negociar las competencias y modificar el texto pactado entre PSOE y Junts para eliminar el racismo, era necesario regularizar a las personas migrantes».
De hecho, la ley para la delegación de competencias en inmigración permanece pendiente, dentro de los compromisos acordados entre PSOE y Junts, desde que el 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN, y diputados de Compromís y Chunta Aragonesista.
Desde Sumar consideran casi seguro que el siguiente paso tras esta regularización será la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña.
Así lo sostiene el coportavoz de los comunes y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, quien estima que el acuerdo entre PSOE y Podemos «favorecerá que se entienda esa situación» y que quienes temían que esa transferencia limitaría derechos puedan ver claramente que, en cambio, los reconoce para los migrantes.
Detalles de la regularización
La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, explicó este martes que la regularización extraordinaria permitirá a extranjeros en situación irregular solicitar la regularización desde principios de abril hasta el 30 de junio de este año.
Desde el momento de la solicitud, «habrá un plazo máximo de 15 días para que se acepte a trámite». «Y, a partir de ese momento, podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier parte del país», afirmó en una entrevista en La Hora de La 1.
Asimismo, señaló que los menores acompañantes de los titulares también obtendrán derechos para regularizar su situación.
Tendrán opción a acogerse quienes demuestren haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, no tengan antecedentes penales y hayan residido en el país al menos cinco meses al momento de presentar la solicitud.
Para demostrar la residencia durante cinco meses, los migrantes podrán presentar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a servicios sociales o documentos como contratos de alquiler, comprobantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.
Esta regularización será aprobada mediante real decreto, evitando así la necesidad de su ratificación por el Congreso.
«La regularización de inmigrantes no se lleva al Congreso porque los derechos no están sujetos a debate», afirmó este martes Irene Montero.