El Ejecutivo de Sánchez autorizará la legalización de más de 500,000 inmigrantes que puedan demostrar un mínimo de cinco meses de residencia en España.
Esta medida se implementará mediante Real Decreto, eludiendo así el debate en el Parlamento y la votación en el Congreso, donde no contaría con el apoyo necesario.
La decisión se produce en medio de la polémica por el accidente ferroviario en Adamuz y podría beneficiar electoralmente a Vox, partido que defiende políticas migratorias más estrictas.
El acuerdo con Podemos establece que la regularización estará disponible hasta el 30 de junio y podrá demostrarse con documentos como el padrón, citas médicas o contratos de alquiler.
Justo en el momento de máxima presión sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras revelarse que el descarrilamiento en Adamuz, con 45 víctimas mortales, fue causado por un defecto en una soldadura de las vías, el Gobierno sorprende con una nueva iniciativa.
Este martes, se llevará al Consejo de Ministros la propuesta para regularizar a todos los inmigrantes que acrediten estar en España por más de cinco meses.
En total, serán más de medio millón de inmigrantes quienes puedan legalizar su situación a través de un real decreto, que carece de rango de ley y, por ende, no requerirá pasar por el Congreso, donde probablemente sería rechazado.
En esencia, se trata de una nueva versión de «papeles para todos», pero sin respaldo parlamentario, semejante a la regularización impulsada en 2005 por el ministro socialista Jesús Caldera, que permitió la legalización de cerca de 600,000 inmigrantes.
Sin embargo, en veinte años, el panorama demográfico de España ha cambiado radicalmente: la presencia de inmigrantes aumentó del 8.5% al 14%.
Dicha regularización contó con mayoría parlamentaria en su momento, aunque el PP la criticó duramente.
En el contexto actual, con Vox en ascenso, la medida de Pedro Sánchez podría favorecer a la formación de Santiago Abascal, que ha convertido las políticas migratorias restrictivas en uno de sus principales argumentos.
En la primera fase del actual proceso electoral, en Extremadura —la región con menor inmigración— Vox incrementó su apoyo del 8% al 17%. Ahora, busca repetir ese éxito en Aragón, donde se votará el próximo 8 de febrero.
De hecho, Abascal fue el primer líder en reaccionar en X este lunes, acusando a Sánchez de «acelerar la invasión». Desde su partido reconocen que el nuevo énfasis en la inmigración les beneficia.
Esta medida marcará el resto de la campaña en Aragón y podría restar votos al popular Jorge Azcón, desviándolos hacia la derecha y complicando su capacidad para gobernar si finalmente depende de Vox.
Impacto en Aragón
Hasta ahora, las encuestas indicaban que el líder del PP estaba a un escaño de lograr una alianza con PAR y Teruel Existe. Si Vox crece, será indispensable negociar con Abascal.
Los socialistas apostan por esta incertidumbre ante la posible pérdida histórica, ya que podrían caer por debajo de los 20 escaños, a pesar de que la izquierda contaría solo con cuatro o cinco.
La tercera etapa del calendario electoral es Castilla y León, el 15 de marzo, primera región donde Vox entró en un Ejecutivo regional hace cuatro años tras superar expectativas.
El pacto entre Podemos y el Gobierno señala que el plazo para acogerse a la regularización culmina el 30 de junio. Este proceso influirá en tres comicios, ya que unas semanas antes habrá elecciones en Andalucía.
Andalucía es una de las regiones con mayor concentración inmigratoria, destacando provincias como Málaga y Almería, donde los inmigrantes representan más del 20% de la población.
El decreto establece que la permanencia en España podrá demostrarse con documentos como el padrón, certificados de citas médicas, informes de asistencia a servicios sociales, contratos de alquiler, comprobantes de envío de dinero o billetes de transporte.
Además, se aclara que se legalizará a «todos aquellos que no tengan antecedentes penales relevantes», aunque no se detallan más condiciones.
Desde Podemos confirman que negociaron esto «con el Gobierno», sin precisar si el Ministerio del Interior estaba involucrado.
El acuerdo llega cuando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Cáritas estaba estancada, tras ser admitida a trámite pero sin avance en su proceso.
Esta iniciativa proponía la regularización de más de medio millón de personas que pudieran demostrar varios meses de residencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
En ese momento, el PP apoyó la admisión a trámite, aunque luego solicitó evaluar los casos individualmente.
Actualmente, el Gobierno intenta presionar a Génova recordando que permitió la entrada de la ILP en el Congreso.
Un año después, Alberto Núñez Feijóo se distancia del planteamiento y sostiene que la propuesta de Sánchez «premia la ilegalidad».
En los últimos meses, el PP ha endurecido su postura migratoria, solicitando contratación en origen y adoptando el modelo australiano de visa por puntos.
Sin embargo, de manera general todos son conscientes de que Vox dominará el debate. A partir de ahora, las causas del caos ferroviario quedarán relegadas. El Gobierno busca polarizar el discurso mediante la inmigración.