Fuente de la imagen, Luis Soto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

- Autor, Alicia Hernández
- Título del autor, BBC News Mundo
27 enero 2026, 12:40 GMTActualizado 4 horas
Tiempo de lectura: 5 min

El Gobierno español comunicó este martes un decreto destinado a una regularización extraordinaria de extranjeros residentes en el país.

"Hoy marca un día histórico", expresó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la presentación oficial de la medida.

Saiz destacó que la regularización era "imprescindible para responder a la realidad que se vive en nuestras calles".

Anteriormente señaló que el propósito es "reconocer, dignificar y garantizar derechos, oportunidades y seguridades a quienes ya residen en el país".

También precisó que el proceso será "simple y busca eliminar obstáculos burocráticos del pasado".

No se implementaba una iniciativa semejante en España desde hace más de dos décadas y, en esta ocasión, se calcula que beneficiará a más de 500.000 personas.

Esta iniciativa resulta de un pacto con Podemos, partido de izquierda y aliado del gobierno socialista de Pedro Sánchez, además de una "suma de voluntades centrada en las personas", según fuentes oficiales citadas por medios españoles.

Quiénes se beneficiarán

Podrán acogerse a esta medida quienes se hallen en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.

Es necesario demostrar que se encontraba en España o que solicitó protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleva más de cinco meses residiendo en el país.

Para certificar la permanencia, se aceptará "cualquier documento público, privado o combinaciones de ambos", tales como empadronamientos, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a servicios sociales.

Asimismo, podrán usarse comprobantes de envío de remesas, una demanda de variadas organizaciones sociales debido a las dificultades que enfrentan las personas en situación irregular para acceder al padrón o contratos oficiales.

Otro requisito es que la persona no tenga antecedentes penales ni represente una amenaza para el orden público.

El plazo para presentar solicitudes comenzará a principios de abril y estará abierto hasta finales de junio.

Sin deportaciones

Una garantía de esta medida es que, una vez presentada la solicitud de regularización, se suspenderán todos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por razones administrativas o por trabajar sin autorización que pudieran estar vigentes para el solicitante.

La ministra de Seguridad Social y Migraciones afirmó que esto permitirá una "integración completa y progresiva en el sistema". Se concederá una autorización provisional de residencia que autorizará el trabajo legal y el acceso a derechos fundamentales como la atención sanitaria.

Se entregará un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes, pero con la admisión a trámite en un plazo no mayor a 15 días, los inmigrantes ya podrán comenzar a trabajar "desde el primer día en cualquier sector y en todo el territorio nacional", aclaró Saiz.

"Esto favorece al trabajador, que ve ampliados sus derechos, y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica", añadió.

Luego, si la resolución es favorable, se otorgará una residencia por un año, tras lo cual se podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

La ministra aclaró que la medida también contempla la integración familiar y, por ello, se incluirá a los hijos e hijas de los solicitantes, a quienes se otorgará un permiso con duración de 5 años.

Sin tramitación en el Congreso

Al tratarse de una medida aprobada mediante Real Decreto, es decir, establecida por el Ejecutivo, no requerirá pasar por el Congreso, donde al gobierno y sus socios les resulta difícil conseguir mayoría debido al rechazo del Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha).

Esta medida retoma una iniciativa legislativa popular que alcanzó el Congreso con más de 600.000 firmas y que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, en abril de 2024.

Desde entonces permaneció bloqueada por falta de consenso parlamentario.

También surge tras el impulso de cientos de organizaciones con diversas orientaciones políticas, que abarca desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, hasta asociaciones anarquistas y colectivos empresariales.

Fuente de la imagen, Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Tras la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el decreto se someterá a audiencia pública y a la posible elaboración de informes por diferentes ministerios. Posteriormente, pasará al Consejo de Estado y, finalmente, retornará al Consejo de Ministros.

El Partido Popular (PP) manifestó su rechazo a la medida. "No comprendemos las regularizaciones masivas vinculadas únicamente a la residencia durante cinco meses y no al empleo", señaló la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "Las regularizaciones masivas son ilegales (…) es necesario regularizar persona por persona".

Por su parte, Vox anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra este real decreto, calificándolo de "locura", "barbaridad" y, según sus palabras, un ataque a la identidad nacional, además de fomentar el llamado "efecto llamada".

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal de España, indicó a El País que se trata de "una buena noticia" que beneficiará al "bien común de muchos inmigrantes" y que, además, "reconoce su dignidad".

Regularizaciones previas de gobiernos anteriores

Aunque es la primera regularización de inmigrantes en España durante la administración de Pedro Sánchez, en el poder desde 2018, esta no es una medida inédita en el país.

La anterior regularización tuvo lugar en 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), considerada la que benefició a más personas, con más de 570.000.

Bajo el Gobierno de José María Aznar (PP), se aprobaron tres regularizaciones en 1996, 2000 y 2001, que totalizaron más de 520.000 beneficiarios.

Las primeras regularizaciones se implementaron durante el gobierno socialista de Felipe González, entre 1982 y 1996.