A falta de completar el año con los datos de diciembre, 2025 será el mejor registro desde 2009

El incremento inversor del Gobierno en el ámbito de la vivienda familiar ha impulsado las licitaciones de obra pública residencial en 2025 hasta alcanzar su registro más alto desde 2009, consolidando un cambio de tendencia luego de más de una década con cifras mínimas. De este modo, entre enero y noviembre del año pasado, el Gobierno ha licitado 900,9 millones de euros en vivienda familiar, lo que representa un crecimiento del 44,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Aún sin contar con los datos de diciembre, 2025 se perfila como el año con el mayor volumen de licitaciones en vivienda pública de los últimos 16 años, un nivel que no se alcanzaba desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis financiera.
El dato mensual más reciente confirma esta tendencia ascendente. En noviembre se adjudicaron obras por un valor de 58 millones de euros, lo que supone un aumento del 27% respecto al mismo mes en 2024. Este crecimiento continuo refleja el impacto acumulativo de las políticas públicas implementadas en los últimos años para ampliar el parque de vivienda asequible y fortalecer el papel del sector público en un mercado caracterizado por la escasez de oferta y la subida de precios.
Declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha resaltado que el próximo plan contempla triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" sin precedentes para consolidar el parque público de vivienda. (Fuente: La Moncloa)
El impacto de los planes estatales y los fondos europeos
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destacan que estos datos son el resultado directo del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda (PEV) 2022-2025 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos. Ambos programas han facilitado la movilización de recursos públicos para impulsar vivienda protegida, rehabilitar edificios y activar nuevas promociones residenciales destinadas a familias.
El Ejecutivo ya está trabajando en la siguiente etapa de esta estrategia. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que dará continuidad a este esfuerzo inversor, contará con una dotación de 7.000 millones de euros, de los cuales al menos el 40% se destinará a la construcción de vivienda asequible. La meta es fortalecer de manera estructural la oferta pública y aliviar la presión sobre el mercado, especialmente en las áreas con mayor tensión residencial.
Más allá del volumen de inversión, el Gobierno ha puesto énfasis en el carácter permanente de la protección de las viviendas financiadas con fondos públicos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado en múltiples ocasiones la importancia de asegurar que estas promociones permanezcan siempre orientadas al interés general y no se integren al mercado libre.
“Las viviendas construidas con el esfuerzo de todos deben protegerse para siempre”, ha reiterado la ministra, respaldando un modelo que evite la pérdida de vivienda pública a medio y largo plazo. Bajo este enfoque, el liderazgo del Ministerio ha propiciado que solo aquellas viviendas con garantía de protección permanente puedan acceder a la financiación del próximo Plan Estatal de Vivienda.

