El Ejecutivo central repite la táctica de agrupar medidas variadas en un solo paquete. Los aliados critican la combinación de disposiciones “urgentes y necesarias” con otras polémicas
En plena crisis ferroviaria, el Gobierno inaugura el periodo parlamentario con la caída del decreto ómnibus y las ayudas al transporte público, nuevamente, por la falta de acuerdo entre fuerzas políticas clave. La primera medida fue rechazada con los votos negativos del PP, Vox y Junts per Catalunya, tal como ocurrió hace un año con una normativa similar; mientras que la segunda fue tumbada por el ‘no’ de PP, Vox y Podemos. Sin embargo, el Gobierno logró salvar el real decreto que prorroga las ayudas al transporte público e introduce el abono único estatal, con el respaldo de la mayoría parlamentaria.
Las disposiciones debatidas en este Pleno Extraordinario corresponden a dos reales decretos distintos, aprobados en Consejo de Ministros en diciembre pasado, y que este jueves requerían su convalidación para extenderlas durante todo 2026.
El primero, conocido como decreto ómnibus, fue un compendio que combinaba la revalorización de las pensiones según el IPC en 2026 con la prórroga del “escudo social”, que incluye la paralización de desahucios a familias vulnerables, la prohibición de cortes en la luz, gas y agua, y el bono social eléctrico. También contemplaba ayudas a seguros agrarios por incendios forestales, incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos y descuentos en el abono transporte.
El mantenimiento de las ayudas para el transporte llegó al Pleno justamente en medio de la crisis ferroviaria, que ha puesto al ministro de Transportes, Óscar Puente, bajo escrutinio. No obstante, el responsable socialista no defendió la medida desde la tribuna, siendo su compañero Félix Bolaños quien asumió la defensa. Este decreto contempla ampliar hasta 2026 las bonificaciones en abonos a nivel estatal, autonómico y local, con descuentos de hasta el 100% para jóvenes y niños, además de crear un abono único de cobertura nacional.
Un enero prometedor no logra consolidar la mayoría
En las semanas previas, el Gobierno desplegó su capacidad negociadora para asegurar el apoyo de sus aliados, cerrando a finales de enero con varios acuerdos fundamentales: transferencia de competencias al País Vasco (un compromiso del PSOE con el PNV), reforma del sistema de financiación autonómica (negociada con ERC) y regularización de migrantes exigida por Podemos.
Además, se intentó enfatizar el impacto negativo de votar en contra de los pensionistas, alegando que el rechazo total al paquete afectaría a 10 millones de españoles. Horas antes de la votación, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió que dicha negativa sería “un error evidente”.
En este contexto, el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, solicitó a la Cámara “altura de miras” para preservar la protección a colectivos vulnerables, “a pesar de la favorable situación económica del país”. “Está en sus manos”, afirmó Bolaños, quien reclamó explicaciones a “los partidos que un año atrás apoyaron un decreto idéntico y ahora optan por el ‘no’”.
No obstante, estos llamados no fueron suficientes, ya que el Gobierno dependía en última instancia del partido de Carles Puigdemont, una situación que se ha repetido en varias ocasiones durante el último año.
Respecto al primer decreto, la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, adelantó que su grupo no respaldaría la subida de pensiones en 2026 incluida en un paquete que contiene medidas con las que no están conformes. Al igual que el PP, su principal objeción fue la prohibición de los desahucios. Por su parte, el PNV intentó modificar esta disposición proponiendo excluir a propietarios de una única vivienda.
A pesar de votar a favor, los nacionalistas vascos criticaron la deficiente estrategia negociadora del Gobierno. “Este decreto contiene una mezcla de leyes necesarias junto a otras controversiales, diseñadas para imponer un falso dilema. Eso no es buscar consenso, sino jugar a la ruleta rusa con la aprobación”, expresó la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal. Por otro lado, Junts presentó una proposición legislativa para separar la revalorización de las pensiones.
¿Qué sucederá ahora con las pensiones de febrero? Por el momento, su actualización queda suspendida. Sin embargo, el Gobierno podría promulgar un aumento mediante un real decreto que deberá ser convalidado después en el Congreso.
El ‘no’ del PP y Junts al anterior escudo social
El Ejecutivo replicó la misma estrategia que, hace un año, le causó una derrota parlamentaria. En aquel entonces, el Gobierno llevó a convalidación un decreto sobre la actualización de pensiones que incluía, entre otras medidas, ayudas a afectados por la DANA y la cesión de un edificio al PNV.
PP, Vox y Junts derogan el decreto de subida de pensiones así como las ayudas al transporte y la DANA.
Sin embargo, los populares modificaron su voto cuando el decreto volvió al Pleno semanas después, apoyando el “escudo social” bajo el argumento de defender a los pensionistas, y señalando que su voto no era “decisivo” ni podía impedir la transferencia de un “palacete” en París al PNV. En cuanto a Junts, el Gobierno debió iniciar una negociación política que logró su apoyo in extremis.