Reconoce que, aunque los ingresos del sistema han aumentado “de manera notable” en los últimos años, el desequilibrio persiste
El déficit financiero de la Seguridad Social sigue incrementándose y constituye uno de los desafíos más relevantes para las finanzas públicas. El déficit básico del sistema —que incorpora las Clases Pasivas y excluye las transferencias estatales— cerró 2025 con cerca de 69.800 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8% respecto a 2024, según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborados a partir de los datos de ejecución presupuestaria hasta noviembre.
Estos datos se recogen en un artículo firmado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, que examina las cifras de la denominada Seguridad Social Ampliada (SSA), un conjunto que integra tanto el sistema de Seguridad Social como el régimen de Clases Pasivas del funcionariado. El estudio focaliza la atención en el déficit estructural entre los ingresos propios y el gasto en prestaciones, especialmente en pensiones.
Para cuantificar esta disparidad, De la Fuente aplica dos indicadores. El primero es el denominado déficit básico, que refleja el saldo presupuestario total de la SSA sin considerar las transferencias corrientes provenientes del Estado. El segundo es el déficit contributivo, que mide la diferencia entre ingresos y gastos vinculados exclusivamente a las cotizaciones sociales.
Las pensiones de jubilación en 2025 y su poder adquisitivo anticipan un panorama complicado para las personas mayores.
Los ingresos aumentan, aunque el desequilibrio continúa
Las proyecciones se basan en la liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado de 2024, junto con los datos disponibles de ejecución presupuestaria hasta noviembre de 2025. Sobre esta base, Fedea verifica que, pese a que los ingresos del sistema han crecido “a buen ritmo” en los últimos años, la descompensación persiste.
En términos agregados, los ingresos de la Seguridad Social Ampliada habrían subido un 7,2% en 2025, alcanzando los 249.504 millones de euros, impulsados por el crecimiento del empleo y el incremento de las bases de cotización.
En cuanto al gasto, se habría incrementado un 6,4%, llegando a los 257.945 millones. El resultado final es un saldo negativo de 8.441 millones de euros después de contabilizar las transferencias estatales.
Sin el respaldo estatal, el déficit se agrava
No obstante, el escenario cambia drásticamente al excluir las ayudas estatales. En ausencia de esas transferencias, el déficit del sistema supera los 69.000 millones de euros en 2025, frente a los casi 66.000 millones de 2024 y los 59.800 millones de 2023. Esta evolución muestra una clara tendencia al alza.
Fedea señala que hasta 2011 los ingresos del sistema, antes de considerar las transferencias estatales, eran suficientes para afrontar el gasto en prestaciones contributivas. Sin embargo, a partir de 2012 la situación se revirtió. Desde entonces, De la Fuente indica que “ha sido necesario aportar al sistema un volumen creciente de recursos provenientes de impuestos generales para complementar la financiación de las prestaciones contributivas”.
Este esfuerzo presupuestario ha provocado un notable aumento de las transferencias estatales, cuyo volumen actual ronda los cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB). En la práctica, esto significa que una porción creciente del coste de pensiones y otras prestaciones se cubre con deuda o con ingresos fiscales generales, en lugar de con cotizaciones.
La deuda sigue en alza pese a las reformas implementadas
El estudio de Fedea también advierte sobre la evolución creciente de la deuda de la Seguridad Social, que persiste a pesar de las medidas destinadas a fortalecer su sostenibilidad. Entre estas destaca el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que estableció una cotización adicional para empresas y trabajadores con el fin de alimentar el Fondo de Reserva, conocido como la ‘hucha de las pensiones’.
Pese a esta fuente extra de ingresos, De la Fuente señala que la deuda neta del sistema sigue aumentando a un ritmo cercano a los 6.000 millones de euros al año. Según el ‘think tank’, esta dinámica evidencia que las reformas aplicadas hasta la fecha no han bastado para corregir el desequilibrio estructural de la Seguridad Social.