El partido más a la derecha envió a Guardiola un documento con sus demandas el sábado, mientras que los ‘populares’ respondieron con ciertas precisiones, aunque para Vox esas solicitudes resultaban innegociables.
La sintonía entre PP y Vox en la mesa de negociación extremeña no llegó ni a una semana. El pasado martes, ambos partidos de la derecha se reunieron por primera vez con la intención de alcanzar un pacto de gobernabilidad, mostrando cierto optimismo. Sin embargo, siete días después, este canal de diálogo se encuentra detenido y el acercamiento está más distante. Vox decidió ayer poner en stand by las conversaciones con el PP, alegando que la líder popular, María Guardiola, «no desea un cambio para Extremadura». Esto significa que desde Santiago Abascal perciben reticencias para incluir algunas de sus propuestas políticas en la hoja de ruta del futuro gobierno.
Durante el fin de semana, las negociaciones se estancaron. Según fuentes con conocimiento directo del proceso, el sábado Vox envió a Guardiola un documento con sus exigencias programáticas, al que el PP respondió con ciertas modificaciones sobre dicha hoja de ruta. Sin embargo, para los de Abascal esos planteamientos eran innegociables. En Vox calificaron ayer la oferta de los populares como «un insulto», acusándolos de «ridiculizar» a los votantes de Abascal «al negar la representatividad y el mandato de cambiar Extremadura que les otorgaron las urnas».
Estas diferencias provocaron que el Comité de Acción Política (CAP) de Vox, presidido por Abascal, decidiera detener las negociaciones. De este modo, esta acción tomada ayer desde la sede en la calle Bambú, Madrid, pone fin a la tregua establecida entre PP y Vox en Extremadura tras el inicio oficial de las negociaciones, situación que contrasta con el tono áspero que ambos partidos de derecha mantienen actualmente a todos los niveles.
Cabe destacar que la paralización de las conversaciones en Extremadura ocurre apenas cuatro días antes del inicio de la campaña electoral en Aragón este viernes, donde los populares y los de Abascal competirán por un electorado común. Aunque desde Vox desvincularon esta decisión de su estrategia electoral en otras regiones, la aproximación con Guardiola podría haber cuestionado las críticas que Abascal suele hacer a sus rivales del PP durante las campañas, y viceversa.
En cualquier caso, tanto la dirección nacional de Vox como el equipo extremeño insisten en negar que la negociación esté «rota»; más bien, sostienen que desean otorgar tiempo a Guardiola para «reflexionar» sobre las exigencias planteadas por Abascal y que el PP no acepta. Aunque la fecha clave inicialmente era este martes, cuando se constituye la Asamblea y se elige su Presidencia, en Vox minimizan su importancia y establecen como único límite para el acuerdo el 19 de febrero, fecha límite para la investidura, posterior a las elecciones en Aragón.
Una vez resuelta hoy la constitución de la Mesa de la Asamblea, seguirán pendientes diversas cuestiones que Guardiola busca cerrar de manera conjunta: la conformación de un gobierno, un pacto programático con la hoja de ruta para la legislatura y un compromiso anual para aprobar nuevos presupuestos, asegurando así la estabilidad. El principal obstáculo, según informan desde Vox, radica en las dos primeras cuestiones, que consideran interrelacionadas.
«Solicitamos la implementación de ciertas políticas. […] Pero, si dichas políticas no van acompañadas de consejerías con presupuestos ejecutables que posibiliten ese cambio, no habrá nada», afirmó ayer el portavoz del partido, José Antonio Fúster, sugiriendo que sin la asignación de competencias y fondos a Vox para aplicar sus propuestas, el acuerdo no se alcanzará.
Fuentes del partido insisten en que su demanda principal es «tener capacidad para gestionar» las políticas claves para el «cambio de rumbo» que desean en Extremadura. La pasada semana, varios dirigentes de Vox explicaron que su intención de integrarse en el gobierno de Guardiola responde a que solo así pueden asegurar la ejecución de sus propuestas —manifestaron su «desconfianza» hacia los populares—, y en esta línea exigen ahora un poder real dentro del nuevo ejecutivo.
En este sentido, en Vox detallan que las garantías que requieren del PP se orientan por dos vías, ambas enfocadas a que las consejerías que finalmente ocupen no carezcan de contenido, competencias ni alcance.
Por un lado, demandan que las carteras asignadas no sufran reducción en su presupuesto habitual —lo que podría incluso implicar un incremento de fondos para las consejerías del PP—. Requieren que la dotación económica para las áreas bajo el control de Vox se mantenga o aumente respecto a años anteriores; o, al menos, que varíe proporcionalmente. «Las condiciones implican necesariamente contar con un presupuesto que podamos ejecutar para que las políticas cambien», subrayó Fúster ayer.
La segunda vía de las exigencias de Vox se refiere a las competencias que corresponden a cada cartera. Desde el partido recuerdan lo ocurrido durante la negociación de 2023, cuando Guardiola dividió la Consejería de Agricultura para otorgar una escisión, la relativa a Gestión Forestal y Mundo Rural, a Vox. Fue el único puesto que obtuvieron en aquel ejecutivo. Ahora, rechazan aceptar una medida similar, reclamando que las carteras que les asignen mantengan las competencias tradicionales que habitualmente incluyen.
Vox aún no se pronuncia públicamente sobre las consejerías que prefieren, aunque fuentes internas señalan que se decantan por aquellas que gestionan políticas agrarias —una demanda recurrente de Abascal en 2023— y la industria, cartera que solo lograron en Castilla y León.