Se trata del mayor incremento en la creación de plazas judiciales en España, superando las 282 que estableció el Gobierno de Rajoy en 2014 y las 303 generadas en 1989 con la implementación de los juzgados de lo Penal.
El Ministerio de Justicia proyecta la creación de 500 nuevas plazas para jueces a lo largo del año 2026, representando el aumento más significativo registrado en la historia del país. Así se indica en un real decreto emitido por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que EL MUNDO ha tenido acceso. Este considerable incremento en la dotación de unidades judiciales se debe a la reorganización del sistema judicial, que ha permitido la creación y puesta en marcha de los tribunales de Instancia. Cabe destacar que este modelo facilita la creación de plazas judiciales sin necesidad de establecer un juzgado completo.
Según fuentes consultadas por este periódico, el coste aproximado de crear una plaza judicial es de 107.000 euros, mientras que la creación de un juzgado tradicional completo asciende a unos 520.000 euros.
En conjunto, el Ejecutivo tiene previsto destinar 53,5 millones de euros para crear estas 500 plazas judiciales, de las cuales 363 estarán asignadas a secciones de tribunales de Instancia.
Con esta acción, el Gobierno busca responder a las críticas que han surgido tras la instauración de los tribunales de instancia, especialmente relacionadas con la insuficiente ampliación de plazas para jueces y fiscales. Lo hace además en un contexto en el que ha sido acusado de ocasionar “caos” en los juzgados a raíz de la reorganización del modelo judicial.
Petición del CGPJ
Con esta medida, el Ministerio de Bolaños atiende la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), realizada en julio pasado, cuando este órgano consideró imprescindible aumentar la plantilla judicial con 509 nuevas plazas. El fin es acelerar la actividad de los juzgados y adecuarla al nivel de litigiosidad existente. Además, el real decreto ha incorporado las propuestas incluidas en los informes anuales de los Tribunales Superiores de Justicia y las recomendaciones de las comunidades autónomas.
Hasta hoy, el mayor volumen de creación de plazas judiciales fue en 2014, cuando el gobierno de Rajoy aprobó 282 nuevas unidades. Anteriormente, hubo que remontarse a 1989, cuando se establecieron 303 plazas de jueces con la implantación de los Juzgados de lo Penal.
Las 500 plazas judiciales proyectadas para 2026 se distribuirán en 363 plazas en secciones de tribunales de Instancia; 85 plazas de magistrados en órganos colegiados, de las cuales tres corresponden al Tribunal Supremo, cuatro a la Audiencia Nacional, dos al Tribunal Central de Instancia, siete a los Tribunales Superiores de Justicia, 71 a las Audiencias Provinciales, y 50 plazas para jueces de adscripción territorial, según detalla el real decreto.
Asimismo, el decreto prevé que esta creación de nuevas plazas conllevará la eliminación de las medidas de refuerzo diseñadas como temporales. En el caso del Tribunal Supremo, se habilitarán dos plazas de magistrado en la Sala Primera o de lo Civil, y una más en la Sala Segunda o de lo Penal.
Refuerzo en la Audiencia Nacional
Por otro lado, el real decreto contempla la creación de cuatro plazas adicionales de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Actualmente, este órgano judicial, encargado de combatir el terrorismo, crimen organizado y delincuencia económica de gran escala, presenta una elevada carga de causas pendientes. De hecho, la Audiencia solicitó al CGPJ un aumento fijo de su plantilla a través de una quinta sección en la Sala de lo Penal integrada, al menos, por tres magistrados más.
Además, el real decreto incluye la ampliación de la jurisdicción de algunas secciones de Violencia sobre la Mujer dentro de los tribunales de Instancia, una demanda expresada también por el órgano de gobierno de los jueces presidido por Isabel Perelló.
La implementación de los tribunales de Instancia ha causado múltiples críticas al Ejecutivo dentro de la carrera judicial, principalmente debido a la falta de recursos y a una planificación insuficiente en su puesta en marcha. Sin embargo, el sistema en sí no es rechazado por los jueces, ya que la estructura de los juzgados unipersonales se consideraba mayoritariamente ineficaz. En efecto, todas las asociaciones judiciales emitieron un comunicado conjunto en 2017 instando a la racionalización de la planta judicial mediante la instauración de los tribunales de Instancia.
Críticas a los tribunales de instancia
Por otro lado, el Partido Popular solicitó el sábado pasado la comparecencia urgente del ministro Bolaños en el Congreso de los Diputados debido al “desconcierto, colapso y caos” reportados en los tribunales.
En paralelo, el Gobierno reconoce la necesidad de dotar de más recursos a la Administración de Justicia y, específicamente, al nuevo modelo organizativo, con el objetivo de evitar las disfunciones actuales. El real decreto sostiene que el aumento de jueces responde a una necesidad “estructural”. Es relevante destacar que, de las 500 nuevas plazas previstas por el Ministerio de Justicia, la mayoría —en concreto 363— estarán destinadas a los tribunales de Instancia.
El propósito del Ministerio de Justicia es que estas 500 plazas se hagan realidad durante este mismo año, aproximadamente en un plazo de seis meses. A partir de ahora, comenzará la tramitación del decreto y se solicitará el informe correspondiente al CGPJ, a las comunidades autónomas y a los ministerios de Hacienda e Igualdad.