El conflicto judicial en el ‘caso Air Europa’ se intensifica: Begoña y el fiscal critican al juez y su investigación «encubierta»

De izquierda a derecha: Koldo García, Juan José Hidalgo, Javier Hidalgo, Begoña Gómez, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.

El magistrado Juan Carlos Peinado persiste en examinar el rescate de Air Europa en el marco del caso Begoña Gómez, a pesar de la resistencia tanto de la Fiscalía como de la defensa de Gómez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado en varias ocasiones estas pesquisas, argumentando la ausencia de pruebas y criticando el intento del juez de realizar una investigación «encubierta».

Los esfuerzos de Peinado se fundamentan en presuntas conexiones de Begoña Gómez con Air Europa, incluyendo contratos de patrocinio y diálogos relacionados con el rescate.

El Ejecutivo y la SEPI han presentado recursos contra la entrega de documentos vinculados al rescate de Air Europa, invocando la confidencialidad de la información y posibles perjuicios para la aerolínea.

Las posiciones en este asunto están claramente definidas: el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, lleva varios meses intentando (y continúa intentándolo) que el rescate a Air Europa sea objeto de proceso judicial.

Concretamente, dentro del caso Begoña, el procedimiento penal que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno. En su contra, la defensa de Gómez y la Fiscalía Provincial de Madrid.

Aunque la Audiencia Provincial de Madrid, instancia superior al juez, le ha impedido en repetidas ocasiones seguir investigando el rescate, Peinado encargó en diciembre pasado a la Guardia Civil que le informara sobre si había «hechos nuevos» vinculados al tema.

Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía —de nuevo, de manera conjunta— han recurrido recientemente esta decisión del juez, la cual deberá ser revisada, otra vez, por la Audiencia madrileña.

En un escrito fechado en enero, el fiscal criticó al magistrado afirmando: «Se está ampliando una causa ya extensa con asuntos ajenos a su núcleo definido».

«[Peinado] abre la posibilidad a una investigación encubierta sobre un tema ya examinado y sobre el que (…) ya tiene los criterios de decisión establecidos por la Audiencia Provincial. Los hechos valorados por la Audiencia permanecen inalterados», señaló la Fiscalía.

Esta no es en absoluto la primera oportunidad en que Peinado intenta incluir el rescate de Air Europa dentro del caso Begoña, ni tampoco es la primera vez que tanto el fiscal como Begoña Gómez rechazan esta acción.

En noviembre anterior, la Audiencia Provincial ya bloqueó de nuevo al juez, reprochándole que quisiera investigar este asunto «sin el menor indicio que lo respalde».

Por este motivo, anuló su orden de encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate público de Air Europa otorgado por el Gobierno de Sánchez, cuyo valor asciende a 475 millones de euros.

En diciembre, Peinado volvió a solicitar información a la UCO respecto a esta cuestión. ¿Qué había cambiado desde noviembre? Que el juez había recibido una carta firmada por un abogado, que insiste en las conexiones —algunas confirmadas; otras, meras suposiciones— de Begoña con Air Europa.

Por ello, el magistrado preguntó a la Guardia Civil si existían «nuevos hechos».

¿Cuáles son esas vinculaciones de la esposa de Sánchez con la aerolínea? En enero de 2020, mediante el hub Wakalua, Javier Hidalgo, integrante de la familia propietaria de Air Europa, firmó un contrato de patrocinio con el IE Africa Center, organización que, en ese momento, dirigía Begoña Gómez.

De hecho, en entrevista con EL ESPAÑOL, el empresario Víctor de Aldama declaró: «Begoña Gómez ejerció presión desde Moncloa para lograr el rescate de Air Europa y que los Hidalgo financiaran sus proyectos».

Por otro lado, Aldama, según contó el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, le comunicó que Hidalgo, molesto por la lentitud en el rescate, había llamado personalmente a la esposa de Sánchez.

«[Javier Hidalgo] está muy frustrado con este asunto, se las está arreglando y acaba de llamar a Begoña», se quejó Aldama a Koldo, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. García le respondió: «No podemos hacer más, es lo que hay».

El juez Juan Carlos Peinado.

En 2020, cuando se produjo esa llamada telefónica, Víctor de Aldama trabajaba como asesor de la aerolínea de los Hidalgo, realizando esfuerzos para asegurar la estabilidad de la empresa.

Peinado utilizó esta llamada grabada, transcrita por la UCO en un caso diferente al de Begoña, para fundamentar uno de sus intentos de investigar la ayuda pública que el Gobierno otorgó a Air Europa.

En respuesta a los recursos interpuestos contra esa decisión judicial, la Audiencia Provincial de Madrid volvió a impedir a Peinado indagar en el rescate de Air Europa.

En su primera resolución sobre este punto, la Audiencia Provincial autorizó a Peinado a investigar a Begoña Gómez tras una denuncia presentada por Manos Limpias, pero prohibió que incluyera el rescate de Air Europa en sus pesquisas.

No obstante, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que este asunto fuera revisado si surgían hechos nuevos que lo sustenten. Y esta expresión es precisamente el argumento que utiliza Peinado para fundamentar sus continuos intentos de investigar el rescate a Air Europa.

Documentación sobre el rescate

Por otro lado, existe un procedimiento judicial —de carácter contencioso-administrativo, no penal— derivado de la solicitud de un particular para que el Gobierno entregue documentación relativa al rescate de Air Europa.

Específicamente, el expediente completo, que incluye correos internos, informes de viabilidad económica y evaluaciones de las garantías financieras…

El Gobierno —a través de recursos presentados recientemente— ha intentado frenar la entrega de esta información.

Para ello, el Ejecutivo cuenta con el apoyo de la Abogacía del Estado y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que han interpuesto recursos fundamentados en la confidencialidad que atribuyen a esos documentos.

En particular, la SEPI invocó los posibles perjuicios que la filtración de esta información podría causar a la aerolínea.

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