La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha pactado con los sindicatos de la Mesa Sectorial la incorporación de 6.500 docentes adicionales al sistema educativo andaluz, junto con la reducción de la ratio a 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 a 6 años).
Esta medida forma parte del acuerdo integral alcanzado entre la Junta de Andalucía y los sindicatos para la «mejora del sistema público» educativo en la región, según informan fuentes del departamento dirigido por Carmen del Castillo, consejera de Educación.
Estas primeras acciones, añaden las mismas fuentes, comenzarán a implementarse en el próximo curso escolar, mientras que otras, que requieren procesos más complejos, se aplicarán en el período 2028/2029.
Una de las medidas clave contempladas en el pacto es la contratación de 6.500 nuevos profesores, que representan un aumento sobre la plantilla actual y no corresponden a una simple tasa de reposición, destacan desde el Gobierno andaluz.
Esta iniciativa está ya en marcha, puesto que el Consejo de Gobierno aprobó esta semana la incorporación de 2.528 docentes adicionales para el sistema educativo público andaluz. Su incorporación está prevista para septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso.
Formación Profesional
Según la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, esta medida forma parte de un plan de acción urgente destinado a fortalecer y mejorar la atención educativa en los centros públicos de Andalucía.
La Junta también ha aprobado «la reducción de la ratio a 22 alumnos por aula en el Segundo Ciclo de Infantil», que comenzará a aplicarse desde el curso 2026/2027 y se completará en el curso 2028/2029″, indican desde el equipo de Del Castillo.
Además, el sistema educativo incorporará en el curso 2025/2026, es decir, en septiembre, «docentes de refuerzo para mejorar los resultados educativos y optimizar la atención a la diversidad en Primaria y Secundaria Obligatoria, especialmente en centros con índices más altos de necesidades».
Así, «los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) serán considerados como dos para el cálculo de la ratio», añaden.
En el pacto con sindicatos como CSIF, ANPE y UGT, Educación también ha anunciado el «refuerzo de plantillas de especialistas en Educación Especial» desde este septiembre, junto con medidas «para disminuir la carga burocrática docente, simplificando informes y procesos, eliminando duplicidades y mejorando la gestión digital de permisos y evaluación del alumnado».
Este aspecto ha sido una demanda histórica de los sindicatos, quienes han denunciado durante años que las tareas administrativas restan tiempo para impartir docencia de calidad.
Finalmente, tras varios años sin convocatorias, Educación abrirá un proceso para el acceso a cátedra en los cuerpos de Profesorado de Secundaria.
Críticas del PSOE
Mientras el Gobierno presenta estas iniciativas, desde el PSOE manifiestan su escepticismo sobre su impacto real en el sistema educativo. La diputada sevillana Verónica Pérez señala que los socialistas temen que «este acuerdo no sea más que otra campaña para vender humo por parte de Moreno Bonilla».
«Los acuerdos siempre son positivos, pero existen dudas significativas sobre su cumplimiento», critica Pérez, recordando que el presidente de la Junta ha cerrado más de 2.400 aulas públicas desde 2018 y lo responsabiliza de «forzar a miles de familias andaluzas a endeudarse para costear una plaza en FP privada debido a la privatización de facto de la Formación Profesional».
Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional aseguran que el acuerdo se cumplirá a cabalidad. De hecho, afirman que «tendrá un impacto significativo en la estructura del sistema público andaluz en los próximos años».
Esto se debe, explican, a que «se centra en los principales desafíos: la atención a la diversidad, la reducción de ratios y la mejora de los resultados académicos«.