La Junta Directiva decidió destituir a la Junta Electoral el 17 de marzo de 2025, acción que podría constituir un presunto delito de prevaricación administrativa
El juzgado de instrucción número cinco de Madrid ha admitido a trámite una denuncia penal contra seis integrantes de la Junta Directiva en funciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). Se investiga un posible delito de prevaricación administrativa tras la decisión de cesar a la Junta Electoral el 17 de marzo de 2025.
Las elecciones del organismo tuvieron lugar el 17 de diciembre de 2024 y, tras la participación de 4.475 médicos y médicas, resultó ganadora la candidatura de Icomem Para Todos con un 46,9%, encabezada por Tomás Merina. No obstante, un mes después, la Comisión de Recursos del Icomem anuló la proclamación de dicha candidatura.
Según detalla la denuncia presentada por Merina, el cese de la Junta Electoral fue ejecutado con el propósito de “eliminar al órgano que aseguraba la transición democrática” y “permanecer en el poder pese a haber sido vencidos en las urnas”.
Además, el documento subraya que no existe “ninguna norma” que autorice a la Junta Directiva en funciones a destituir a la Junta Electoral. “La Junta Directiva tomó una medida no contemplada en los estatutos, vulnerando los derechos de los médicos madrileños”, explica Merina a El Confidencial.
El escrito también recalca que “la gravedad de esta maniobra no debe ser subestimada”: “Implica que la Junta saliente se perpetúa en el poder contra la voluntad de los colegiados, convierte la interinidad en un mandato indefinido y elimina al único órgano independiente —la Junta Electoral— encargado de garantizar la transparencia del proceso democrático”.
En el auto al que ha tenido acceso este medio, la jueza instructora señala que los hechos descritos “presentan indicios que sugieren una probable infracción penal”. “Dado que no están determinadas la naturaleza y circunstancias de dichos hechos ni las personas implicadas, procede acordar la incoación de Diligencias Previas”, establece el auto.
“Cuando tuvimos constancia clara de que la Junta Directiva del Icomem había decidido cesar a la electoral, optamos por consultar con abogados para evaluar la presentación de una denuncia por prevaricación. Este delito implica que la autoridad usa arbitrariamente el poder concedido, siendo plenamente consciente de ello”, añade Merina.
De hecho, según manifiesta Icomem Para Todos, el colegio “no informó” a sus colegiados sobre el cese. “El equipo de Merina solicitó hasta cinco veces una confirmación de la existencia de una resolución de la Junta Directiva ordenando la destitución de la Junta Electoral”, señalan. Frente a la “falta de transparencia en las decisiones de Manuel Martínez-Sellés”, actual presidente en funciones, el equipo de Merina recurrió al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que finalmente, “aunque con retraso de meses”, obligó al Icomem a facilitar esta información.
Asimismo, puntualizan que finalmente existía un acuerdo de la Junta Directiva donde se expone “de forma sucinta” la decisión de “dar por concluida la actividad de la Junta Electoral, suspendiéndola hasta que se resuelva administrativa o judicialmente”.
En concreto, los seis miembros de la junta señalados en la denuncia son quienes formaban parte de ella en el momento del cese de la Junta Electoral, dado que los demás habían renunciado: Manuel Martínez-Sellés, presidente; Javier Martín, vicesecretario; José Antonio Valero, tesorero; María Esther Cordón, vocal de Ejercicio Libre; Rafael Carlos Ortega, vocal de Atención Primaria y Santiago Sevilla, vocal de Médicos no asistenciales. El Confidencial contactó con el Icomem, que por ahora “no tiene constancia de esta información”.
Situación financiera
A esto se suma la situación financiera del colegio. En el último informe de cuentas, a 31 de diciembre de 2024, el Icomem registraba una liquidez de 66.718 euros, frente a los 4.245.370 euros que constaban en la misma fecha de 2023.
Finalmente, fue necesario solicitar un préstamo: «El 17 de marzo de 2025, el colegio firmó una póliza de crédito con el Banco Santander por un monto de 1,5 millones de euros con vencimiento el 14 de marzo de 2026″. Debido a estos datos, desde Icomem Para Todos calificaron como “preocupante” el estado económico: “Si esta tendencia continúa, la entidad afronta un serio riesgo de insolvencia. El doctor Martínez-Sellés, como en años anteriores, volvió a gastar excesivamente los recursos médicos en reformas de la sede con unos costes adicionales elevados”.
Horas tras la publicación del artículo que analizaba la auditoría, el Colegio de Médicos de Madrid emitió un comunicado afirmando que la auditoría fue “clara, transparente y coherente”. “Valida los procedimientos ejecutados y la información contable registrada. Las obras contaron con la aprobación de la Asamblea de Compromisarios del 21 de diciembre de 2023”, indicaron.