El Ejecutivo central ha impugnado la creación de un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, vinculado al Colegio de Abogados de Madrid, a pesar de haberle otorgado con anterioridad los informes favorables.
El Ministerio de Universidades autorizó el aval y asignó el código oficial necesario para el centro, pero ahora sostiene que la ley no permite que los colegios profesionales impartan enseñanza oficial.
El PSOE de Madrid y la Universidad Carlos III también expresan su rechazo, argumentando que esta medida infringe la Ley de Colegios Profesionales y faculta a un colegio profesional para ofrecer titulaciones oficiales de grado.
La adscripción fue aprobada por la Comunidad de Madrid tras cumplir los requisitos legales, y tanto la Comunidad como el ICAM aseguran que la tramitación se inició años antes del actual escenario político.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sumado fuerzas con el PSOE de Madrid y la Universidad Carlos III para iniciar gestiones destinadas a anular la concesión del nuevo centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, asociado al Colegio de Abogados de la región.
Fuentes del departamento dirigido por Diana Morant han confirmado que se ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la orden mediante la cual el Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó en noviembre pasado este espacio formativo.
Este recurso puede interpretarse como un nuevo enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso, pero, según indican desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, existe una complejidad mayor.
Cabe destacar que este centro cuenta con el «aval» previo del propio Ministerio de Universidades, que ahora pone en duda su creación, un hecho que el Ejecutivo autonómico considera difícilmente razonable y «completamente inverosímil».
Desde la consejería que dirige Emilio Viciana explican que todo el proceso se remonta a 2023, cuando la Universidad Complutense solicitó la adscripción del centro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). «La tramitación se ha realizado estrictamente conforme a la normativa vigente y cuenta con todos los informes favorables», aseguran.
Además, resaltan que el Ministerio de Universidades otorgó al centro el código oficial requerido para su inclusión en las memorias de los títulos como centro adscrito a la UCM para impartición de enseñanzas superiores. «El Gobierno está impugnando algo que previamente avaló al conceder dicho código», subrayan estas fuentes.
El recurso presentado por el equipo de Diana Morant fue interpuesto el 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Defienden que se trata de un caso sin precedentes en el sistema universitario español, al autorizar que un colegio profesional imparta directamente titulaciones oficiales universitarias.
PSOE y Carlos III
El recurso del Gobierno central se añade al presentado recientemente por el PSOE-M, que ya había impugnado la autorización tras interponer un recurso de reposición ante la Consejería de Educación madrileña.
Los socialistas sostienen que se ha incumplido tanto el Estatuto General de la Abogacía Española como la Ley de Colegios Profesionales, al habilitar al ICAM para ofrecer titulaciones oficiales de grado cuando, según argumentan, su ámbito debería limitarse a la formación de posgrado.
En sintonía, el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias Hernández, manifestó en diciembre su intención de recurrir la creación de este centro. Arias calificó la decisión como un «error» y advirtió que «abre una puerta falsa para reconocer como universidades ámbitos que no lo son».
Durante una rueda de prensa conjunta con otros cinco rectores, incluido el de la Complutense, Joaquín Goyache, Arias defendió que la adscripción está «impuesta» y enfatizó la necesidad de actuar con coherencia al autorizar centros adscritos, puesto que podría sentar un precedente para otros colegios profesionales. Goyache, por su parte, negó que esto suponga una privatización y defendió la colaboración con «instituciones relevantes».
Este debate ocurre en un contexto político particularmente sensible.
La Comunidad de Madrid aprobó la adscripción del centro del ICAM durante el juicio al fiscal general del Estado por la filtración de información relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, proceso en el cual el ICAM actuó como acusación particular en defensa de la pareja de la presidenta regional.
Tanto el Colegio como el Ejecutivo autonómico rechazan vincular ambos hechos, recordando que la tramitación del centro se inició tres años atrás.
Desde el Ministerio de Universidades insisten en que «la función de impartir docencia oficial no corresponde a los colegios profesionales, según establece la ley». Además, recuerdan que el ICAM debió modificar sus estatutos, siguiendo la petición de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, para asumir esta función.
Esta adaptación fue cumplida, y desde la Consejería de Educación insisten en que los requisitos han sido satisfechos con resultados favorables.