El Parlamento Europeo impulsa una directiva que reconocerá a policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas como profesiones con riesgo en toda la UE.

Esta normativa incluye compensaciones económicas, reducción en la edad de jubilación, jornadas laborales ajustadas, acceso inmediato a asistencia médica y apoyo psicológico para los agentes y sus familiares.

La directiva establecerá que las agresiones contra estos profesionales sean consideradas «eurodelito», unificando la protección penal en toda la Unión Europea.

Permitirá que los Estados amplíen la protección a otros colectivos vulnerables, como bomberos y personal sanitario, y obligará a España a implementar la directiva pese a bloqueos políticos internos.

El Parlamento Europeo promueve una directiva histórica que reconocerá a policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas y fronteras como profesiones de riesgo en todo el territorio comunitario.

Esta iniciativa representa un impacto político directo frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que bloquea en el Congreso de los Diputados una propuesta legislativa similar aprobada por el Senado el pasado noviembre.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y principal artífice de esta iniciativa a nivel europeo, afirma en diálogo con EL ESPAÑOL que «el compromiso del PP con este reconocimiento como profesión de riesgo es sólido. Protegemos a quienes nos protegen, es la promesa de Alberto Núñez Feijóo con los españoles».

El borrador de la directiva, al que ha tenido acceso este periódico, será debatido y aprobado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, bajo el liderazgo del PP español dentro del grupo del Partido Popular Europeo (PPE).

Esta iniciativa surgió a partir de una petición ciudadana presentada ante la Comisión de Peticiones por colectivos policiales que solicitaban el reconocimiento normativo.

Las medidas

Los beneficios previstos para los agentes con la entrada en vigor de esta norma europea incluyen, en primer lugar, una protección social y laboral reforzada.

La directiva establece una compensación económica por las condiciones de riesgo y peligrosidad que enfrentan.
Se garantiza una «reducción en la edad ordinaria de jubilación sin que ello afecte el importe económico de la pensión».
Incluye la disminución de las horas laborales, ajustada «al nivel de riesgo propio de estas profesiones», o su compensación con descansos adicionales.
Contempla medidas para la «conciliación de la vida laboral y personal», otorgando permisos extras y el derecho a la desconexión del trabajo.

En cuanto a la asistencia médica, los profesionales contarán con medidas específicas para cuidar su salud.

Tendrán «acceso inmediato a la asistencia médica» durante la realización de sus funciones.
Disfrutarán de «planes de prevención» para riesgos físicos y mentales, además de programas de acompañamiento.
En casos de enfermedad, lesión o fallecimiento, tanto ellos como sus familiares recibirán derechos económico-financieros ya adquiridos o, en su defecto, «una indemnización justa».

El acceso a la asistencia psicológica será otro componente fundamental.

Los profesionales tendrán garantizado el acceso a apoyo psicológico para la prevención y cuidado de la salud mental.
Sus familiares dependientes también podrán acceder a programas de apoyo psicológico y social, con énfasis en la prevención del suicidio.

La directiva establece una garantía pública integral.

El trabajo se organizará respetando la dignidad, el derecho a la vida y la integridad física y moral, junto con la seguridad y salud de estos profesionales, prestando especial atención a la prevención del estrés y del suicidio.
«Se asegurarán la seguridad, la equidad y las buenas prácticas«.
Se promoverán incentivos «tales como reconocimientos públicos, premios o distinciones honoríficas» para fortalecer el reconocimiento social de estas profesiones.

En materia de protección jurídica, la regulación es clara.

Cuando sean víctimas de agresiones, dispondrán de asistencia legal inmediata y gratuita.
Los investigados por acciones u omisiones durante el desempeño laboral contarán con defensa por parte de la administración pública correspondiente, de oficio y sin coste.

La formación continua será obligatoria.

Estará orientada «a su seguridad y protección», tomando en cuenta «el estado más avanzado de la ciencia».
Se ajustará mediante el uso de los medios técnicos y didácticos más modernos.
Será objeto de «control constante dentro de un sistema de estándares de calidad» y se integrará en la jornada laboral.

Respecto a sus materiales de protección y defensa, el texto estipula:

Los agentes «contarán con servicios y equipos que aseguren el máximo nivel de prevención y protección en salud y seguridad» conforme a sus responsabilidades.
Los Estados miembros «proporcionarán el equipamiento necesario«, garantizando la máxima seguridad y atendiendo al estado más moderno de la industria y tecnología.

Se desarrollarán planes específicos de prevención de riesgos laborales para estos profesionales.

Los Estados miembros recopilarán, analizarán y publicarán, con una frecuencia trimestral, estadísticas detalladas sobre agresiones, accidentes, lesiones, enfermedades y fallecimientos.
La Comisión definirá «criterios homogéneos» para la recopilación, análisis y divulgación de estos datos y emitirá recomendaciones anuales.

Las normas nacionales serán revisadas periódicamente por los Estados miembros.

La evaluación incorporará la evolución de circunstancias, avances tecnológicos e investigaciones científicas o técnicas ligadas a la seguridad.
Cada dos años, la Comisión Europea presentará un informe con las modificaciones implementadas y la calidad de la aplicación en cada país.
Este informe será remitido al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social de la UE.

Un nuevo «eurodelito»

Gamarra se manifiesta clara sobre el trasfondo político: «Mientras Sánchez y sus socios maltratan y bloquean las iniciativas legislativas aprobadas en el Senado para este fin, el PP actúa de manera decidida», señala la dirigente del PP.

Por ello, la directiva incluirá una innovación jurídica relevante: el reconocimiento de las agresiones a estos profesionales como «eurodelito».

El PP impulsa esta directiva «para lograr su reconocimiento en toda Europa y, por ende, en España«, añade Gamarra. «Frente al bloqueo del PSOE a los derechos laborales de quienes nos protegen, respondemos abriendo la puerta a una directiva que lo consagre a nivel europeo».

El artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que el Parlamento Europeo y el Consejo pueden aprobar, mediante directivas, «normas mínimas sobre la definición de infracciones penales y sanciones en ámbitos delictivos especialmente graves.»

Este tratado enumera un catálogo cerrado: terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de medios de pago, delitos informáticos y delincuencia organizada.

No obstante, el Tratado permite ampliar esta lista: el Consejo puede adoptar una decisión para identificar otros delitos que cumplan los criterios previstos, con unanimidad y aprobación del Parlamento Europeo.

Veto en el Congreso

El objetivo de la directiva es que las agresiones a policías, guardias civiles, militares y funcionarios de aduanas y prisiones queden integradas en esta categoría, armonizando el estándar penal en toda la Unión Europea.

Este mecanismo tendría un efecto político inmediato en España, sorteando el veto impuesto por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al bloqueo vigente en la Cámara Baja desde hace meses. Una directiva europea obligaría a España a transponerla, convirtiendo esta iniciativa en ley.

El borrador de esta directiva, al que ha tenido acceso este periódico, establece un marco laboral sin precedentes en la UE. En febrero y abril pasados, los socialistas españoles también intentaron frenar esta iniciativa en el Parlamento Europeo.

Reconoce que «la seguridad pública y la defensa son pilares fundamentales para garantizar los derechos básicos» y que «el aumento de la criminalidad en la UE ha incrementado significativamente los riesgos para estos profesionales».

Además, incluye una cláusula que permitirá a los Estados miembros extender la protección a otros colectivos con riesgos similares, como bomberos, sanitarios de emergencias, trabajadores de protección civil y guardias privados.

No obstante, la protección mínima será obligatoria para policías, militares, penitenciarios y agentes de aduanas y fronteras.

Esta propuesta también responde al contexto geopolítico actual de la UE. Ante el «aumento del terrorismo, la delincuencia organizada y la inestabilidad en las fronteras exteriores«, Bruselas considera que armonizar la protección de estos profesionales es «un tema de interés estratégico común».

Para el PP español, la iniciativa tiene además un valor estratégico: convierte a sus aliados europeos en actores de su lucha política contra el PSOE. Y para estos cuerpos de seguridad, abre en Bruselas una puerta a la que España mantiene cerrada.