La UCO ha solicitado al juez del Tribunal Supremo autorización para examinar las cuentas bancarias de la cooperativa Erkolan y de tres directivos relacionados con Acciona.
La pesquisa se enfoca en la conexión financiera entre Servinabar y Acciona, sospechándose que los pagos efectuados por Acciona a Servinabar podrían ocultar sobornos ilegales.
Entre 2020 y 2025, Servinabar realizó transferencias por más de 367.000 euros a Erkolan, período que coincide con la contratación de Belén Cerdán, hermana del antiguo líder socialista Santos Cerdán.
Los directivos de Acciona sujetos a la investigación han negado la entrega de sobornos ilegales y sostienen que los servicios prestados por Servinabar fueron genuinos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, autorización para realizar un análisis detallado de los productos financieros y cuentas bancarias de la cooperativa Erkolan y de tres ejecutivos vinculados a Acciona: los directores Tomás Olarte y Manuel García Alconchel, así como el exconsejero delegado de Acciona Construcción, Justo Vicente Pelegrini.
Esta petición surge a partir del informe remitido por la UCO al instructor en noviembre pasado, que reflejaba las intensas relaciones económicas entre la empresa navarra Servinabar y Acciona.
Servinabar está en el epicentro de la investigación por posibles delitos de corrupción contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien supuestamente habría actuado junto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asistente, Koldo García Izaguirre, para manipular adjudicaciones de obras públicas a favor de Acciona mediante sobornos. Esta es la hipótesis acusatoria de los investigadores, que tanto los políticos como los empresarios involucrados niegan.
Los investigadores relacionan a Santos Cerdán con Servinabar, que está gestionada por Antxon Alonso. La multinacional Acciona creó Uniones Temporales de Empresas (UTE) con esta pequeña empresa navarra para llevar a cabo trabajos, cuya ejecución real está en duda, en contratos relevantes que se presumen irregulares.
La UCO detectó que el 75,33% de los ingresos de Servinabar provienen de transferencias emitidas directamente por Acciona Construcción y se sospecha que tales pagos podrían disfrazar el desembolso de comisiones ilegales vinculadas a las adjudicaciones obtenidas.
«En función de estas relaciones económicas y para continuar la trazabilidad de los fondos gestionados por Servinabar originados en Acciona, es imprescindible ampliar la información bancaria hacia nuevos sujetos implicados», señala la UCO en el documento remitido ayer al magistrado del Supremo.
Específicamente, se pretende obtener acceso a los datos bancarios de la cooperativa Erkolan, a la que Servinabar transfirió un total de 367.290,43 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025.
Este intervalo coincide con la incorporación de Belén Cerdán, hermana del expresidente socialista, en la cooperativa. Los fondos transferidos por Servinabar habrían servido para cubrir los salarios de la hermana de Santos Cerdán.
El informe de noviembre también detallaba que Servinabar contrató a la esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, en 2018 y asumió el pago del ático donde residía mientras ejercía como secretario de Organización del PSOE.
Además, Santos Cerdán y su familia utilizaron una tarjeta de crédito proporcionada por Servinabar para gastos que sumaron 33.574 euros.
La UCO también considera necesaria la ampliación de la información bancaria correspondiente al exCEO de ACCIONA Construcción, Justo Vicente Pelegini; al director de la zona norte de la constructora, Tomás Olarte; y al director de la zona sur y África, Manuel García Alconchel.
Los tres declararon ante el instructor del Supremo como investigados y rechazaron haber entregado comisiones ilegales a la presunta red de corrupción liderada por Santos Cerdán.
Estos directivos de Acciona —que despidió a Pelegrini el pasado verano y suspendió de sus funciones a los otros dos— aseguraron que los trabajos realizados por Servinabar fueron legítimos y negaron que esta empresa haya servido como un vehículo para canalizar sobornos a cambio de contratos con el Ministerio de Transportes.