El tribunal reconoce que fondos provenientes de las primas de seguros fueron utilizados indebidamente en partidas ajenas a la mejora del servicio de prevención y extinción de incendios
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un fallo favorable para los bomberos de la Comunidad de Madrid en la demanda presentada por este colectivo contra el gobierno autonómico encabezado por Isabel Díaz Ayuso. Según informó este martes CSIT Unión Profesional, el juez reconoció que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo redirigió a otras partidas aproximadamente 40 millones de euros destinados a la mejora del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
La denuncia presentada por los bomberos madrileños detalla que esos fondos provienen de las primas de las aseguradoras (UNESPA) entre 2019 y 2023. Además, se destaca que “este dinero es aportado por todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a través de sus pólizas de seguro”, las cuales incluyen un recargo del 5% para que la recaudación se transfiera a la administración pública y se emplee exclusivamente en los servicios de bomberos.
El veredicto obliga al Ejecutivo regional a utilizar estos recursos exclusivamente para inversiones reales en el personal de bomberos, dado que se ha constatado su asignación a partidas ajenas, como gastos de renting, que no aportan a la mejora en la atención de emergencias.
Falta de medios en la protección contra incendios
El Sindicato de Bomberos, mayoritario en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y federado en CSIT, denuncia “el efecto negativo en la seguridad y protección ciudadana” causado por la desviación de fondos en un servicio esencial que ya presenta dificultades financieras. La ausencia de inversión en equipamiento se traduce en jornadas con “más de 40 vehículos fuera de servicio”, según señalaron sus representantes. La carencia de dispositivos especializados como autoescalas, furgones de salvamento o bombas forestales en todos los parques obliga a movilizar recursos desde ubicaciones lejanas, lo que aumenta el tiempo de respuesta y puede poner en peligro las vidas de las víctimas.
El deterioro de las infraestructuras también ha sido un foco de preocupación, provocando “constantes denuncias ante la Inspección de Trabajo”, con requerimientos pendientes por problemas tan elementales como goteras o presencia de roedores. A esta situación se suma la falta de equipos de protección individual y la inexistencia de los parques prometidos que nunca se construyeron, circunstancia que, según el sindicato, empeora la capacidad operativa.
Inversión íntegra en el Cuerpo
Respecto a la gestión de la contribución especial, los bomberos indicaron que la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior es la entidad legalmente responsable de su administración, siempre bajo la propuesta de la Dirección General de Emergencias, que ha tenido cinco titulares diferentes durante el periodo analizado.
La sentencia del TSJ de Madrid impone al Gobierno regional la obligación de destinar completamente estos fondos a inversiones efectivas en el Cuerpo de Bomberos. Esta resolución impide que los recursos se dispersen entre organismos generales, como la Agencia de Seguridad y Emergencias (A.S.E.M.), cuya creación fue rechazada por el 99% de la plantilla, según cifras del sindicato.