La subida del 3,1% propuesta por el Ejecutivo tras las recomendaciones de los expertos de Trabajo dejaría el salario mínimo en los 17.080 euros, 1.220 euros al mes
Cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder adquisitivo debido a la inflación.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha comenzado el año con su primera propuesta para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta semana, la ministra Yolanda Díaz ha retomado las negociaciones junto a los agentes sociales con el fin de alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo para 2026. La discusión se reaviva tras la última subida aprobada sin el respaldo de la patronal y con posiciones actualmente más distantes entre sindicatos y empresarios, lo que anticipa una negociación complicada.
Actualmente, el SMI se sitúa en 16.576 euros brutos anuales, equivalentes a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Partiendo de esta cifra, las propuestas de Gobierno, sindicatos y patronal generan escenarios muy variados.
El Ejecutivo apuesta por un aumento moderado, respaldado por las recomendaciones del comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo. Según la última propuesta de Yolanda Díaz, el incremento sería del 3,1%, elevando el salario mínimo hasta los 1.220 euros mensuales libres de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Anualmente, el SMI alcanzaría los 17.080 euros, con una subida de 36 euros al mes y alrededor de 500 euros al año.
Posibles escenarios con un diálogo social fragmentado
Los sindicatos, no obstante, estiman que esta subida es insuficiente y exigen un alza más ambiciosa, del 7,5%, con el propósito de aproximar el salario mínimo al 60% del salario medio, según lo establecido por la Carta Social Europea. De salir adelante esta propuesta, el SMI rondaría los 1.273 euros brutos mensuales, equivalentes a unos 17.800 euros anuales. Este aumento supondría cerca de 90 euros más al mes y casi 1.250 euros anuales. Para los sindicatos, una subida menor no garantiza la protección del poder adquisitivo, especialmente si el salario mínimo empieza a tributar en IRPF. En tal caso, el salario neto bajaría a 1.216 euros, y el incremento efectivo se quedaría en el 2,7%.
Por el contrario, la patronal defiende un aumento mínimo, del 1,5%, lo que llevaría el SMI a 16.824 euros anuales. Bajo esta propuesta, el salario se situaría ligeramente por encima de 1.200 euros mensuales, con una mejora de aproximadamente 16 euros al mes y unos 250 euros al año. Desde el punto de vista empresarial, un incremento mayor supondría un aumento considerable en los costes laborales, especialmente en pymes y sectores con márgenes reducidos, y podría afectar negativamente al empleo.
Además de la cuantía, la negociación se ve condicionada por varios desafíos que dificultan el consenso. Uno de los principales es el estado del diálogo social, deteriorado tras la subida de 2025, aprobada sin el aval de la CEOE. Esta circunstancia pesa sobre las actuales negociaciones y eleva la posibilidad de que el Gobierno establezca el SMI de forma unilateral si no se logra acuerdo.
La tributación del SMI, clave en la mesa de negociación
La tributación del salario mínimo constituye otro foco importante de conflicto. En anteriores ocasiones, los sindicatos han sostenido que el SMI no debería estar sujeto a tributación en el IRPF, o al menos, que cualquier incremento considere el impacto fiscal para evitar una reducción en el salario neto. Por otro lado, algunos sectores defienden que el salario mínimo debe integrarse completamente en el sistema tributario para mantener la progresividad fiscal, lo que añade complejidad técnica y política a la negociación.
Históricamente, con cada subida del SMI, Hacienda incrementaba también el mínimo exento del IRPF para impedir que quienes cobran el salario mínimo debieran tributar. Sin embargo, con el aumento del SMI para 2025, Hacienda no ajustó este umbral y optó por una alternativa: una deducción específica en el IRPF que, en la práctica, evita que los perceptores del SMI paguen el impuesto. A pesar de ello, esta solución temporal ha reabierto el debate sobre la tributación este año.
De hecho, las cifras ofrecidas tanto por sindicatos como por patronal incorporan la nueva carga fiscal sobre el salario mínimo, mientras que la propuesta del Ejecutivo se basa en el escenario planteado por los expertos para un SMI exento aún de tributación, en lugar del aumento del 4,7% sugerido en su informe de diciembre para un incremento con tributación.
Criterios de fijación y absorción de pluses
También hay discrepancias acerca de los criterios empleados para determinar el SMI. El Gobierno fundamenta su cálculo en la Encuesta de Estructura Salarial, mientras que la patronal cuestiona dicha metodología y señala que no refleja adecuadamente la diversidad del tejido productivo ni la evolución de la productividad. Según los empresarios, Trabajo sobrestima el salario medio porque excluye sectores intensivos en mano de obra. Por ello, proponen utilizar la Encuesta de Población Activa, que abarca agricultura, pesca y servicio doméstico, con el fin de evitar incrementos excesivos en los costes laborales.
Se añade además el debate en torno a la absorción de complementos salariales, relacionado con la posibilidad de que la subida del SMI integre otros pagos que los trabajadores ya percibían, como pluses por antigüedad, transporte, nocturnidad o productividad. Los sindicatos defienden que cualquier aumento del salario mínimo debe ser adicional y real para que los empleados reciban un incremento efectivo sin que las empresas lo compensen descontando complementos ya existentes. Por su parte, las empresas consideran que permitir la absorción les ofrece mayor flexibilidad para ajustar los costes salariales y evitar gastos adicionales en sectores o compañías con márgenes ajustados.