Los médicos señalaron que sus problemas físicos se debían precisamente a la labor que realizaba
Una trabajadora de limpieza que ejerció durante 22 años en una estación de servicio culminó su trayecto laboral en una situación inesperada: fue despedida debido a incapacidad física y, tras reclamar una indemnización por despido improcedente de 28.500 euros, no recibió compensación alguna, según el reciente fallo del tribunal de apelaciones. Este caso ocurrió en Francia y fue reportado por el medio Le Figaro.
La empleada fue contratada a finales de la década de los 90. Su jornada habitual, que comprendía la limpieza de suelos y baños en turnos nocturnos o madrugadores, cesó en diciembre de 2016 cuando comenzó una baja por enfermedad profesional: los médicos establecieron que sus problemas físicos se relacionaban directamente con las tareas desempeñadas, exigentes y poco valoradas. La incapacidad progresiva le impidió retomar sus labores habituales: ya no podía levantar objetos pesados, ni girar la cabeza más allá de 45 grados, ni elevar los brazos a ciertas alturas.
Después de varias prórrogas de la baja, un médico laboral la declaró incapaz para su puesto. En respuesta, el empleador activó el protocolo previsto ante situaciones de incapacidad, conforme al Código del Trabajo francés. A finales de octubre de ese año, el comité social y económico fue consultado respecto a posibles recolocaciones dentro de la empresa en otros cargos. No obstante, días después la empleada recibió una notificación indicando que no se había encontrado ningún puesto compatible con sus nuevas limitaciones físicas. Finalmente, a comienzos de diciembre se formalizó el despido, alegando incapacidad profesional y la imposibilidad de reubicarla.
La trabajadora llevó el asunto al tribunal laboral a finales de 2022, convencida de que la empresa no había agotado las opciones para reubicarla. Argumentó que existían otros roles —como asistente o trabajadora polivalente— para los cuales podría haberse formado, y acusó a la compañía de no haber explorado adaptaciones ni proporcionado al comité toda la información sobre vacantes. Reclamó así una indemnización superior a 28.500 euros, alegando despido sin causa real y seria.
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La empresa no está obligada a formarte para otro puesto
En el proceso judicial, los magistrados revisaron los documentos presentados y escucharon las argumentaciones tanto del empleador como del comité social y económico. El abogado de la empresa explicó el marco normativo: “La recolocación solo puede incluir una formación adaptativa, no una formación básica para un nuevo oficio.” Así, dejó claro que la empresa no está obligada a reconvertir a un empleado de limpieza en un gestor administrativo, por poner un ejemplo.
El tribunal evaluó también las características de los cargos disponibles en la empresa. Muchos implicaban tareas ejecutivas para las que la empleada carecía de experiencia, o requerían esfuerzos físicos, como trasladar mercancías, reponer estantes o hacer movimientos repetitivos, que resultaban incompatibles con sus limitaciones médicas. Guyot enfatizó ante los jueces: “Todas las descripciones de puesto confirmaban que los movimientos prohibidos por el médico eran imprescindibles.”
La corte recordó que el empleador debe demostrar haber buscado activamente una solución para el trabajador, pero no está obligado a lograrla. La sentencia del tribunal de apelaciones ratificó lo decidido en primera instancia: el despido fue justificado y la empleada debe cubrir los gastos procesales. Solo mantiene las indemnizaciones por despido vinculadas a incapacidad profesional, ya abonadas, aunque el tribunal no precisó la cifra exacta. El resultado deja una sensación amarga. El propio Henri Guyot lo reconoció: “Es una situación triste, pero ajustada a la legalidad. Cuando todos los puestos pueden descartarse legítimamente, se considera cumplida la obligación de reubicación”.