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- Título del autor, BBC News Mundo
- 6 enero 2026
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En Venezuela, manifestar públicamente la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por soldados estadounidenses, o apoyar los bombardeos sin precedentes realizados por Washington, se ha convertido en algo casi criminal.
El decreto de estado de conmoción exterior emitido por el gobierno venezolano insta a las fuerzas policiales a "iniciar de forma inmediata la búsqueda y detención en todo el país de cualquier persona que participe en la promoción o respaldo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio nacional".
"(Los detenidos serán) puestos bajo la autoridad del Ministerio Público y del sistema judicial penal para su posterior enjuiciamiento", indica el artículo 5 del decreto, fechado el 3 de enero y firmado por Nicolás Maduro, quien esa misma madrugada fue detenido en Caracas por tropas estadounidenses en medio de ataques aéreos contra instalaciones gubernamentales y militares del país.
Además de la limitación a la libertad personal, el decreto permite a las autoridades restringir derechos como la reunión, manifestación y libre circulación por un plazo de 90 días, prorrogables por un periodo igual. La norma se dio a conocer a finales de septiembre, poco después de iniciar el despliegue naval estadounidense en el Caribe, aunque entonces su texto no fue divulgado al público.
Hasta ahora, se reportan dos arrestos por "celebrar el secuestro del presidente Maduro".
Estas detenciones se registraron en Guaraque, una pequeña localidad en los Andes venezolanos, donde dos personas, de 64 y 65 años, fueron "capturadas mientras proferían consignas contra el gobierno (…) insultaban a vecinos simpatizantes del PSUV (partido oficialista) e incitaban a la violencia, además de realizar disparos con arma de fuego", informó la policía regional en su cuenta de Instagram.
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En tanto, organizaciones civiles como el Foro Penal Venezolano están "verificando reportes sobre otras detenciones sucedidas en distintas zonas de Caracas", confirmó a BBC Mundo un representante de esta agrupación.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) comunicó que el lunes, "durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), en Caracas fueron arrestados 14 periodistas y trabajadores de medios: 13 pertenecientes a agencias internacionales y uno a medios nacionales".
Sin embargo, horas más tarde, 13 de ellos quedaron "liberados sin pasar por tribunales, y uno fue deportado".
En San Antonio del Táchira, localidad fronteriza, el SNTP reportó que otros dos periodistas extranjeros fueron retenidos, pero luego de permanecer "varias horas incomunicados, fueron puestos en libertad".
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La razón del silencio
A la vigencia del decreto de estado de conmoción exterior se suman las advertencias emitidas por diversas autoridades.
"No aceptaremos burlas celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Haremos valer la Constitución con toda su fuerza", declaró el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, a través de un comunicado en su sitio oficial.
"He ordenado detenciones y procedimientos policiales para quienes incurran en esas conductas. No permitiremos amenazas ni mofa ante los ataques perpetrados contra la Nación", añadió el gobernador regional.
Un activista de derechos humanos, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que "el conjunto del decreto, las advertencias de funcionarios y los hechos recientes clarifican por qué no se han registrado manifestaciones masivas y por qué se vive una calma tensa".
La respuesta represiva del gobierno ante las protestas luego de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin presentar evidencias, resultó en más de 2.000 detenciones. La mayoría enfrentó cargos por terrorismo e incitación al odio.
En semanas recientes, las autoridades no solo han continuado arrestando a opositores y líderes sindicales, sino que también han aprobado leyes que castigan con penas de hasta 20 años de prisión a quienes apoyen medidas como la confiscación de buques petroleros por parte de Estados Unidos.
El contenido del decreto ha generado gran preocupación entre expertos en derechos humanos.
“La inestabilidad y el clima de incertidumbre que atraviesa Venezuela tras la operación militar estadounidense del 3 de enero —con la declaración del estado de conmoción exterior y la falta de claridad sobre el planteamiento de EE.UU. para ‘gestionar’ el país— representa un riesgo añadido para la protección de los derechos humanos, y mi temor es que se produzcan nuevas violaciones graves contra la población en general, y especialmente contra quienes sean percibidos como opositores al gobierno”, declaró a BBC Mundo Marta Valiñas, ex presidenta de la Misión de la ONU para Venezuela.
"Las limitaciones a las libertades de expresión, reunión, asociación y movimiento, contempladas en el decreto, así como las órdenes para que cuerpos policiales realicen la ‘búsqueda y captura en todo el territorio nacional de cualquier persona implicada en la promoción o respaldo del ataque armado de Estados Unidos’, son motivos graves de alarma", concluyó.
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Incremento de la militarización y colectivos
El artículo 2 del decreto habilita al gobierno para militarizar "la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado".
"El personal de estas instituciones pasará temporalmente a estar bajo régimen militar", se especifica en la normativa.
Por añadidura, el artículo 11 "llama a toda la ciudadanía, en cada rincón del país, (…) a asumir con fuerte espíritu patriótico la defensa de la nación".
Recientemente, en Caracas comenzaron a instalarse retenes que no solo están dirigidos por policías y militares, sino también por civiles armados, supuestos integrantes de colectivos (grupos paramilitares próximos al gobierno).
El lunes, en vías principales como la autopista Francisco Fajardo —que cruza la capital venezolana de este a oeste— o la avenida Boyacá, junto a la montaña El Ávila, se observaron miembros de estos colectivos, según reportes de medios locales y usuarios en redes sociales.
El estado de conmoción exterior es una de las cuatro modalidades de estados de excepción o emergencia que contempla la legislación venezolana. Durante sus 12 años de mandato, Maduro decretó entre 2016 y 2021 cerca de treinta estados de emergencia económica.
Sin embargo, esta es la primera ocasión en que se utiliza esta figura, destinada a enfrentar un "conflicto externo que ponga en serio riesgo la seguridad de la Nación, sus ciudadanos o instituciones", según el artículo 14 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción.