Emiliano García-Page arremete con dureza contra la reforma de financiación autonómica planteada por María Jesús Montero, calificándola como el ataque más grave a la igualdad entre los españoles.
La iniciativa, que incluye la ordinalidad reclamada por ERC para Cataluña, provoca rechazo tanto en Castilla-La Mancha como en federaciones socialistas de Asturias y Andalucía.
Diversas comunidades socialistas y del PP consideran esta reforma una amenaza y advierten que debe surgir de un acuerdo amplio, en lugar de negociaciones bilaterales.
El debate sobre esta reforma coincide con elecciones próximas en varias regiones, lo que incrementa la tensión dentro del PSOE, especialmente en zonas donde la ordinalidad podría dañar la financiación.
Emiliano García‑Page suele expresar con fuerza su desacuerdo cuando algo le incomoda dentro del PSOE, pero este viernes, tras conocer la propuesta de María Jesús Montero para modificar la financiación autonómica, sus críticas tuvieron una resonancia inédita, llegando incluso a plantear la opción electoral.
«Es el mayor ataque a la igualdad de los españoles que jamás hubiera esperado, salvo de la derecha más extremista», declaró el presidente de Castilla-La Mancha.
Lo que más irritó al único líder socialista con mayoría absoluta fue oír a la ministra de Hacienda respaldar al líder de ERC, Oriol Junqueras: «Expresó algo cierto. Para Cataluña se contempla la ordinalidad: lo que contribuye es lo que recibe».
Por ello, Page advirtió que empleará todos los recursos disponibles para impedir la aprobación de esta propuesta, que el Gobierno pretende llevar al próximo miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde el Ministerio de Hacienda dialoga con las comunidades autónomas del régimen común.
Actualmente, once comunidades están en manos del PP, mientras que tres del régimen común son gobernadas por el PSOE (Cataluña, Castilla‑La Mancha y Asturias), ya que Navarra, otra autonomía bajo control socialista, es de régimen foral.
Desde Asturias, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, alertó de que la ordinalidad representa «una línea roja» y reclamó que la reforma sea «resultado de un amplio acuerdo entre todas las comunidades autónomas», y no «una negociación bilateral».
Desde fuentes socialistas se considera que en ese punto la propuesta podría fracasar. Por ahora, desde Hacienda indican que solo se presentará y discutirá.
Si se sometiera a votación, requeriría dos tercios de aprobación, una mayoría complicada de alcanzar. Sin embargo, en una segunda votación podría aprobarse con mayoría absoluta.
Los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas suman un número igual de votos al conjunto de comunidades autónomas, el 50%, lo que permitiría que la propuesta salga adelante contando únicamente con el respaldo del Gobierno y Cataluña.
En el Ejecutivo ponen su atención en otra votación, la que tendrá lugar en la Cámara Baja. «Es una ley orgánica y el Congreso es quien decide», según fuentes de Hacienda.
Una postura que no es compartida por otras federaciones.
«La responsabilidad está en el CPFF actualmente, no en el Congreso», señalan desde el PSOE de Castilla-La Mancha, que evita anticipar escenarios futuros, como por ejemplo qué harían si el Gobierno traslada este acuerdo al Parlamento como norma.
Existe otra alternativa para frenar la aprobación en el CPFF, usada por consejeros del PP en ocasiones anteriores: impedir la constitución del Consejo al no alcanzar el quórum mínimo del 50% de sus miembros.
Con elecciones a la vista
El nerviosismo crece dentro del partido ante una propuesta desacertada para múltiples territorios y que condiciona a federaciones como Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía, donde los ministros son también secretarios generales del PSOE.
Especialmente en Andalucía, una de las comunidades más perjudicadas si se implementa la ordinalidad, donde la ministra de Hacienda lidera el PSOE en las próximas autonómicas.
Otra región afectada, Extremadura, está gobernada por una gestora designada por Sánchez hace pocas semanas tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo tras un fuerte revés electoral.
Queda por observar si estos hechos se reflejarán en las próximas votaciones. Los aragoneses serán los primeros en acudir a las urnas.
La exministra Pilar Alegría mantiene silencio sobre la reforma y se limita a garantizar que defenderá los intereses de su región, sin expresar una posición clara sobre la ordinalidad.
En el PSOE de Castilla y León, el candidato Carlos Martínez solicita que se tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento, aunque evita pronunciarse sobre el acuerdo bilateral cerrado con Junqueras.