La Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio del Interior todas las evaluaciones relacionadas con los riesgos laborales de la Policía Nacional en el marco de un posible proceso judicial sobre la protección de los agentes.
El sindicato JUPOL interpuso una demanda contra Interior, alegando una presunta vulneración de los derechos fundamentales de los policías en lo que respecta a riesgos laborales.
El tribunal ha requerido documentación sobre riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales, además de información sobre chalecos antibalas, bajas por enfermedad y actas del Comité de Seguridad y Salud Laboral desde 2014.
Para JUPOL, esta resolución obliga a Interior a proporcionar datos oficiales y permitirá verificar si se está cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Policía Nacional.
La Audiencia Nacional ha requerido al Ministerio del Interior las evaluaciones sobre los riesgos laborales de la Policía Nacional en vistas de un posible juicio relativo a la protección de los agentes.
Así consta en una resolución fechada en diciembre pasado, a la que ha accedido EL ESPAÑOL. Fue el sindicato JUPOL, mayoritario en el Cuerpo, quien presentó una demanda por conflicto colectivo contra el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska por la supuesta «vulneración de derechos fundamentales» de los policías.
En especial, en el ámbito de los riesgos laborales, que la organización sindical define como «la gran olvidada».
Actualmente, la mencionada resolución ordena a la Sala de lo Social que solicite a Interior la entrega —en los diez días previos al juicio, que se convocaría si la conciliación entre las partes no concluye con un acuerdo— «la relación completa de las evaluaciones de riesgos vigentes en la Dirección General de Policía (DGP)», detallando fecha de elaboración, «riesgos detectados» y medidas sugeridas para su mitigación.
También requiere toda la documentación que acredite la realización de dichos análisis, incluyendo información relativa a riesgos «físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales», así como aquellos derivados de turnos, trabajo nocturno, rotación, conducción, maternidad, lactancia y acoso laboral.
Asimismo, la Sala de lo Social demanda los protocolos para la vigilancia de la salud de los policías y las estadísticas sobre enfermedades y bajas médicas, especificando sus causas (agresiones, lesiones musculoesqueléticas, bajas psicológicas…).
El tribunal solicita datos específicos como la cantidad de chalecos antibalas que están en uso actualmente, su antigüedad y la fecha de caducidad de estos. Finalmente, también exige a Interior las actas del Comité de Seguridad y Salud Laboral Policial desde 2014.
Tal y como informó EL ESPAÑOL en noviembre pasado, ante la falta de equipamiento, Interior ordenó la utilización de chalecos antibalas caducados que todavía permanecían en los almacenes para equipar a los agentes del Campo de Gibraltar, una de las regiones de España con mayor actividad del narcotráfico.
Este viernes, en un comunicado, el sindicato JUPOL celebró la resolución de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. «Obliga, por primera vez, a Interior y a la DGP a proporcionar de manera oficial y sistematizada información clave sobre su modelo de prevención de riesgos laborales», afirma la organización.
«Esto permitirá verificar si realmente se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o si, como denuncia JUPOL, se trata de un sistema meramente formal, ineficaz y desconectado de la realidad operativa de la Policía Nacional», concluye el comunicado.