El sistema incluirá la «participación» de las víctimas, cuya compensación será asumida por la Iglesia, constituyendo este aspecto un «elemento fundamental» del acuerdo, según ha señalado Bolaños: «El Estado no desembolsará ni un solo céntimo».
Los obispos y el Gobierno de España han convenido colaborar en la creación de un sistema de reparación «mixto», bajo la supervisión del Defensor del Pueblo, destinado a «atender a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no han seguido vía judicial» mediante esta Oficina. Así lo han firmado este jueves el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
Este nuevo mecanismo de reparación contará con la «participación de las víctimas», además de incluir «compensaciones económicas o de cualquier otro tipo financiadas por la Iglesia», según explican fuentes ministeriales. En una rueda de prensa tras la firma del acuerdo, Bolaños destacó que este último es el aspecto «clave» del pacto: «El Estado no desembolsará ni un céntimo; será la Iglesia Católica quien decida y asuma la indemnización».
El ministro añadió que el acuerdo se ha alcanzado tras «dos años de prolongadas, complejas y arduas negociaciones», respetando «estrictamente» las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que será la entidad encargada de formular las propuestas de reconocimiento y reparación.
En abril de 2024, el Gobierno aprobó el Plan para implementar el Informe del Defensor de Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica y comenzaron las negociaciones con la Iglesia para activar un sistema de reparación para las víctimas que ya no cuentan con acceso a la vía judicial. Siguiendo esta línea, el convenio Iglesia-Estado también establece «una opción» a través del Defensor del Pueblo para resarcir a víctimas «que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA creada por la Iglesia», señaló la CEE en un comunicado.
Para formalizar el acuerdo, «el Gobierno se ha comprometido, conforme a la solicitud de la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública». Este compromiso se sustenta en la intención gubernamental de impulsar el cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, sobre protección integral a la infancia y adolescencia contra la violencia.
Así, detallaron que el sistema «concertado» de «reconocimiento y reparación» contará con el «criterio técnico» de la Oficina del Defensor del Pueblo, la «evaluación» de la Comisión del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (Priva), el «consenso Iglesia Católica-Estado» y la «participación» de las víctimas.
El proceso contempla que la víctima presente su caso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, que lo trasladará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta última elaborará una propuesta de resolución y, si procede, una reparación (ya sea simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), según lo solicitado por la víctima. De esta forma, sostiene la Iglesia, los criterios para valorar los casos y para determinar la reparación por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo y la Comisión Priva serán «uniformes», una cuestión que generó inquietudes durante las negociaciones.
La propuesta se remitirá a la comisión asesora de la Iglesia establecida en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (Priva), que la evaluará y emitirá un informe. Si ambas partes (Priva y solicitante) están conformes, la propuesta se considerará definitiva.
En caso de desacuerdo por parte del solicitante o de la Priva, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un consenso unánime. Persistiendo el desacuerdo, la resolución final corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, «tras consultar al presidente de la CEE o de la Confer, según corresponda», puntualizaron desde la Conferencia Episcopal.
El Ministerio señala que la Iglesia deberá cumplir las medidas reparadoras dentro del plazo establecido. «En caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo haga, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos asegurarán su ejecución».
SIN TRIBUTACIÓN
Además, según la nota de la CEE, el Gobierno ha accedido a que las indemnizaciones económicas queden «exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta«, tras registrarse casos de víctimas a las que la Agencia Tributaria reclamó impuestos tras recibir compensaciones, lo que representó una revictimización, situación que no ocurre en otros ámbitos como el de víctimas del terrorismo. Esta excepción aplicará tanto a quienes presenten solicitudes «desde la entrada en vigor» de este acuerdo, como a «las que ya hayan percibido indemnizaciones por parte de la Iglesia», explicó Bolaños.
El comunicado finaliza destacando que «el sistema implantado no se fundamenta en la imposición de un deber jurídico, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el acuerdo mutuo entre las partes», y que se trata de «una vía temporal con duración de un año (prorrogable por otro más)», dirigida a casos «que no hayan tenido ni puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o bien por el fallecimiento del agresor».
Con todo ello, todas las víctimas pueden acudir al Priva y, a partir del acuerdo anunciado este jueves, aquellas que no lo deseen podrán solicitar la mediación del Defensor, que llevará su caso al Priva.
UN CENTENAR DE PETICIONES
La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva) impulsada por la Iglesia católica, había recibido hasta mediados de noviembre 99 solicitudes y resuelto 51 casos en sus primeros 14 meses de funcionamiento. La suma total de las compensaciones propuestas hasta entonces superaba el millón y medio de euros.
El Episcopado ya se había referido a la cuestión del IRPF y a la mediación del Defensor en la Asamblea Plenaria que la CEE celebró en noviembre, anticipando que el ministro Bolaños podría cumplir la previsión manifestada días antes a representantes de seis asociaciones de víctimas eclesiales, con quienes analizó las conversaciones con la Iglesia católica y el estado actual del plan de reparación y reconocimiento promovido por el Gobierno a partir de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
En ese momento, fuentes gubernamentales indicaron que «el objetivo del Gobierno es establecer un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y compensaciones a cargo de la Iglesia».
Las víctimas presentes en la reunión señalaron que Bolaños les trasladó que el Gobierno esperaba cerrar un acuerdo con la Iglesia «antes de finalizar el año» (refiriéndose a 2025) para poner en marcha una comisión mixta Iglesia-Estado que impulse las «compensaciones» y el «reconocimiento» de las víctimas de abusos eclesiásticos. Estas compensaciones serían «financiadas por la Iglesia», aunque el Gobierno podría facilitar «infraestructuras» para gestionarlas.
Precisamente, las citadas asociaciones de víctimas están convocadas este viernes en La Moncloa para que el propio Félix Bolaños detalle los términos del acuerdo firmado el 8 de enero con la CEE y la Confer. Fuentes del Ministerio destacan que se trata de un acuerdo «histórico» que se suma al pacto sobre inmatriculaciones de bienes (enero de 2022), al convenio fiscal para que todas las propiedades de la Iglesia abonen contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones (marzo de 2023), y a la resignificación del valle de Cuelgamuros (marzo de 2025).