El empresario reconoce su implicación en organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada, delitos por los que Anticorrupción solicita una condena de siete años de prisión.
Víctor de Aldama, supuesto intermediario en el caso Koldo, ha asumido su responsabilidad en los delitos de organización criminal, cohecho y uso indebido de información privilegiada, vinculados al juicio por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Además, ha solicitado a la Fiscalía que reduzca la pena de siete años de cárcel inicialmente requerida, alegando su «colaboración activa con la Justicia».
Así se expone en su escrito de defensa, al cual ha tenido acceso Europa Press, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que Aldama sea condenado por el Tribunal Supremo por estos tres delitos y reciba una pena menor que la de los otros dos acusados, el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, debido a su «confesión».
El empresario admite los cargos de organización criminal, cohecho pasivo reiterado y aprovechamiento de información privilegiada, los mismos que la Fiscalía le imputa.
De esta manera, Aldama solicita que la condena solicitada se «reduzca en un grado adicional» por su «confesión» y que se le aplique una atenuante «muy cualificada», conforme a lo establecido en el art. 66.1. 2ª del Código Penal.
«La colaboración proactiva con la Justicia fue iniciada en una fase temprana por Aldama, lo que permitió avanzar y ampliar la investigación», argumenta su defensa.
Asimismo, detalla que dicha cooperación se materializó en documentos, evidencias y múltiples declaraciones judiciales en las que admitió su participación en los hechos delictivos, facilitando el esclarecimiento y delimitación de la implicación de los demás acusados.
La defensa también ha solicitado que testifiquen en el juicio los empresarios Juan Carlos Cueto, supuesto comisionista en el caso Koldo, y Claudio Rivas, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presunto cabecilla de la trama relacionada con hidrocarburos ligada a la empresa Villafuel.
Además, ha pedido la declaración de personas cercanas a Ábalos y Koldo. En concreto, para el exministro ha solicitado la comparecencia de su hijo, así como de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, con quienes presuntamente mantuvo una relación sentimental. En cuanto a Koldo, ha propuesto que testifiquen su esposa y su hermano.
En la lista de posibles testigos también figura la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada en el caso Koldo, junto con el presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, piden 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma condena propuesta por el Ministerio Público.