El ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska movilizó únicamente a 10 agentes debido a la escasez de fondos en un operativo considerado «insuficiente» por los mandos del GRS.
La carencia presupuestaria con la que el Ministerio del Interior mantiene a las unidades especializadas de la Guardia Civil y Policía Nacional desde hace más de un año se evidenció durante la multitudinaria rave celebrada en el embalse del Cenajo —situado entre los municipios de Férez y Hellín (Albacete)— el pasado 31 de diciembre. Según denuncian varios mandos del operativo del Instituto Armado enviado para intentar dispersar la fiesta ilegal, Interior redujo los recursos y asignó solo un grupo compuesto por 10 agentes antidisturbios.
«Nos dejaron desprotegidos. Pocas acciones pudimos llevar a cabo allí», confiesan a este medio. Los efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Valencia —los antidisturbios de la Guardia Civil— fueron movilizados ante la magnitud de la celebración y la imposibilidad de la plantilla local para controlarla. Sin embargo, según relatan algunos miembros del grupo, la planificación del operativo «fue deficiente». Para empezar, el grupo no pernoctó en la zona, sino que decidieron que regresaran a Valencia por la noche y fueran relevados al día siguiente por otro equipo. «Así se evitaba el pago por la estancia nocturna, práctica que mantienen desde hace meses». La cantidad de agentes destinados a dispersar e, en su defecto, contener la rave «resultó insuficiente». Solo una decena de antidisturbios —70 en total, según fuentes oficiales de la Guardia Civil— para un evento que comenzó con más de 2.000 asistentes y aumentó hasta los 3.000 conforme avanzaba el año 2026. Aunque no existe un censo exacto de participantes, las mismas fuentes de la Benemérita estiman que la cantidad de vehículos, principalmente furgonetas y autocaravanas, sobrepasó el millar.
Tras varios días de música continua y ocupación del entorno natural, la rave ilegal en el embalse del Cenajo empezó a llegar a su fin hace dos jornadas, con la retirada progresiva de los asistentes y las dificultades ocasionadas por el empeoramiento del clima. Sin embargo, ayer todavía permanecían cerca de un centenar de vehículos en las cercanías. La Guardia Civil los detectó en el vecino municipio de Socovos, donde, según fuentes del operativo, se llevaron a cabo las primeras detenciones vinculadas a la fiesta. Entre los arrestados figuraban varios organizadores del evento. Precisamente, días antes, al intentar identificar a uno de los individuos presuntamente responsable de convocar la fiesta, el GRS enfrentó una situación tensa. «Detuvimos la furgoneta que conducía para identificarlo. Ofreció una fuerte resistencia. Aunque ya estaba esposado, una multitud de más de ciento cincuenta personas se acercó y tuvimos que retirarnos ante la inferioridad numérica», relata el responsable de uno de los dispositivos.
«Nos arremetieron. Tuvimos que replegarnos para evitar ser agredidos. Fue imposible contenerles», recuerda la misma fuente, que subraya la «falta de planificación» de los altos mandos en la organización del operativo. Los movimientos relacionados con esta convocatoria internacional comenzaron a detectarse la noche del 30 de diciembre. Según datos proporcionados por la Guardia Civil, numerosos vehículos provenientes de países como Francia y Dinamarca arribaron inicialmente a Tobarra (Albacete), con la intención de instalarse en las inmediaciones del embalse. Aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograron desmantelar esta primera concentración en la madrugada del 1 de enero, los asistentes intentaron reubicarse en la pedanía de Cordovilla. Finalmente, el grupo logró establecerse en el embalse del Cenajo a última hora del 31 de diciembre para dar inicio a la fiesta.
Hace exactamente un año se organizó otra macrofiesta no autorizada, llamada Big Fucking Party 2025, cerca del aeropuerto de Ciudad Real, la cual reunió a miles de personas durante seis días consecutivos. En ediciones anteriores, los colectivos organizadores, principalmente procedentes de Bélgica, Francia y Reino Unido, eligieron localizaciones como la provincia de Granada o la Región de Murcia. En 2024, 8.000 personas participaron en la rave celebrada en Fuente Álamo (Murcia) y, en 2023, 15.000 asistieron a la primera edición en La Peza (Granada). En ninguna de estas ocasiones se pudo impedir la concentración masiva en estas fiestas ilegales. El balance habitual incluye varios detenidos y decenas de sanciones por consumo de sustancias estupefacientes.
El operativo, según informan fuentes del Instituto Armado, estuvo formado por 300 agentes de las Comandancias de Albacete, Murcia, Guadalajara, Toledo, Valencia, Sevilla y Zaragoza. No obstante, desde el GRS detallan que muchos de estos efectivos carecen de la especialización propia de los antidisturbios y de su capacidad disuasoria. «Una vez más, la falta de previsión y los problemas económicos redujeron considerablemente nuestra eficacia».