El antiguo titular de Transportes ha entregado su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado su defensa en el Tribunal Supremo en relación con la investigación sobre la adquisición de mascarillas durante la pandemia del Covid. El documento está firmado por el ex fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, del despacho Chabaneix. Sin embargo, este mismo miércoles, el mencionado abogado renunció a seguir representándolo por razones económicas.
Según el escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el exsecretario de Organización del PSOE rechaza cualquier culpa, solicita su absolución en el Tribunal Superior y pide que declaren como testigos en el procedimiento los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Ábalos pretende que Grande Marlaska sea interrogado sobre el procedimiento de compra de mascarillas en el Ministerio del Interior durante la crisis sanitaria, y que Torres y Armengol testifiquen sobre las adquisiciones de material médico en Canarias y Baleares, respectivamente.
El exdirigente socialista niega haber ejercido ninguna influencia sobre dichas administraciones para la contratación de la empresa involucrada en la trama, Soluciones de Gestión. En el escrito se señala que «Soluciones de Gestión únicamente suscribió contratos con Adif y Puertos del Estado dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Transportes, sin que conste, como alega la acusación, la supuesta intervención de nuestro representado en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ni en el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, mencionados en el escrito de acusación. Tampoco en las administraciones territoriales de Canarias y Baleares, representadas por Ángel Víctor Torres Pérez y Francesca Armengol Socias. Las demás administraciones gobernadas entonces por el PSOE, sobre las que teóricamente tendría influencia como secretario de organización, no realizaron compras sanitarias con Soluciones de Gestión, sociedad vinculada al acusado Aldama».
Asimismo, el actualmente preso preventivo niega formar parte de una organización criminal junto a su exasesor Koldo García. También desmiente ser el «jefe oficioso del arrepentido Víctor de Aldama» o desarrollar «un plan criminal orientado a facilitar contratos públicos a cambio de comisiones».
El antiguo ministro de Transportes también rechaza haber recibido un salario semanal de 10.000 euros por parte del empresario Víctor de Aldama.
El juez Leopoldo Puente atribuye al exsecretario de Organización del PSOE los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para el exministro de Pedro Sánchez en esta primera fase del llamado caso Koldo.